La nueva Ley de Representación Paritaria de España se aplicará en diferentes ámbitos desde las listas electorales, el Consejo de Ministros, la empresa privada y concursos subvencionados, entre otros.
Esta iniciativa, propuesta por el PSOE, fue criticada por el PP y Ciudadanos, entre otros partidos. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, definía la norma como una innovación que establecería a España como «un auténtico faro en materia de igualdad entre hombres y mujeres».
Como explicó el propio presidente del Gobierno durante la presentación de la ley, esta se basa en la intención de garantizar la paridad sin importar quién esté en cada legislatura al mando del Ejecutivo, y marca una línea roja del 40 por ciento.
Y es que la normativa determina que todo órgano de decisión de relevancia, ya sea de titularidad pública o privada, debe contar con un 40% de mujeres.
En cualquier caso, esta normativa solo se aplicaría a empresas con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros anuales de volumen de negocio; así como a los órganos de gobierno, jurados de certámenes subvencionados y juntas de colegios profesionales. También las listas electorales deberán alternar hombres y mujeres, con al menos un 40% de estas últimas.
En cuanto a las empresas del Ibex 35, las 35 compañías de mayor relevancia en España, 18 de ellas cumplen con el requisito del 40% de mujeres en consejos de administración, y 17 no. En cualquier caso, la presencia femenina en consejos de administración era del 32,37% en 2022.
Para llevar adelante la ley de paridad, es necesario modificar otras normativas en vigor, como la del régimen electoral general, la ley de Gobierno o la de colegios profesionales, entre otras, ya que entran en conflicto.
Además la ley, más allá de ser aprobada, tendrá que someterse a un largo proceso de enmiendas y solo entrará en vigor cuando aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado. Este proceso durará algo menos de medio año, por lo que podría estar en vigor la norma justo antes de las elecciones generales. CH
