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Parlamento Europeo protege el dinero comunitario

El Parlamento Europeo respaldó un proyecto legislativo que deberá ser negociado con los ministros de la Unión Europea (UE), una vez los Estados miembros fijen una posición en común.

 

La Comisión Europea, asistida por un panel de expertos independientes, deberá determinar la existencia de “deficiencias generalizadas en lo relativo al Estado de derecho” que amenazan la gestión del dinero europeo.

 

Podrá entonces decidir suspender algún pago, o reducir la prefinanciación de proyectos aprobados. La medida sólo se ejecutará tras recibir el visto bueno del Parlamento y el Consejo. Los pagos podrán desbloquearse, también previa luz verde de la Cámara y los ministros, si se remedia la situación.

 

Expertos independientes para asistir a la Comisión Europea

 

La Comisión podrá determinar que existe una amenaza para el Estado de derecho en caso de riesgos en alguno o varios de los siguientes ámbitos:

 

  • Los organismos responsables de la gestión del presupuesto comunitario en el país.
  • Los organismos encargados del control financiero, la supervisión y las auditorías internas y externas.
  • La persecución del fraude, incluido el fraude fiscal, la corrupción u otras infracciones legales que afecten al presupuesto de la Unión.
  • El control jurisdiccional efectivo por órganos jurisdiccionales independientes.
  • La recuperación de fondos pagados indebidamente.
  • La prevención y sanción de la evasión fiscal y la competencia fiscal.
  • La cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, si procede, con la Fiscalía Europea.

 

 

La Comisión creará un grupo de expertos independientes, especialistas en Derecho Constitucional y asuntos financieros y presupuestarios, con un representante designado por cada parlamento nacional y cinco por el Parlamento Europeo. Se encargarán de evaluar la situación en todos los Estados miembros anualmente, y publicarán un informe con sus conclusiones.

 

 

 

Protección de los beneficiarios finales

 

En función del tipo de deficiencia detectada en la gestión del presupuesto, la Comisión puede inclinarse por una o varias medidas, como: suspensión de compromisos de pago, interrupción de los plazos de pago, reducción de la prefinanciación, y suspensión de pagos.

 

A no ser que se establezca lo contrario, el gobierno afectado seguirá obligado a desarrollar el programa o proyecto, y deberá por tanto pagar a los beneficiarios finales, como investigadores u organizaciones de la sociedad civil. La Comisión ofrecerá ayuda a los intereses para garantizar que reciben las cantidades debidas.

 

La Comisión también enviará al Parlamento y los ministros una propuesta para transferir la cantidad afectada a la reserva presupuestaria. Esta decisión entrará en vigor a las cuatro semanas, a no ser que el Parlamento por mayoría de los votos emitidos, o el Consejo por mayoría cualificada (que supone que un sólo país no podrá bloquear) modifique la propuesta o la rechace. El mismo procedimiento se aplicará para el desbloqueo de los fondos.

 

Para la eurodiputada Eider Gardiazábal Rubial (S&D, España) el respeto al Estado de derecho y los valores fundamentales son los principios sobre los que se construye el proyecto europeo. “Ningún gobierno debe vulnerar esos valores sin sufrir las consecuencias”.

 

Mientras que el eurodiputado Petri Sarvamaa (PPE, Finlandia) hizo hincapié en las garantías para los beneficiarios, reforzadas por el Parlamento respecto a la propuesta de la Comisión. “También hemos incluido a la Cámara en el proceso de toma de decisiones, para potenciar la rendición democrática de cuentas”, agregó.

 

CH

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