Durante los últimos años, México ha sido uno de los principales ganadores del conflicto comercial entre EEUU y China. Desde que Donald Trump impuso aranceles de hasta 145 % a productos chinos, muchas empresas reubicaron o ampliaron su producción en nuestro país, y las importaciones estadounidenses provenientes de México crecieron 38 %, mientras que las de China cayeron 35 %. Tan solo en 2024, México captó más de 35 mil millones de dólares en inversión extranjera directa vinculada al nearshoring.

Esta reubicación de empresas se ha convertido en la estrategia más seguida por quienes buscan abastecer el mercado estadounidense sin depender de Asia. Por eso, México pasó a ser el segundo mayor exportador de productos electrónicos a EEUU, con inversiones en componentes, electrodomésticos y autopartes. Gracias al T-MEC, el país evitó gran parte de los aranceles impuestos por Trump y obtuvo un trato preferencial que potenció su atractivo para los inversionistas.

Pero este impulso no ha sido homogéneo ni garantizado. Algunas operaciones se han frenado por la incertidumbre global, y sectores como el textil aún enfrentan competencia de Asia. Además, la infraestructura mexicana presenta cuellos de botella que limitan el crecimiento sostenido de la industria manufacturera.

El nuevo acuerdo entre China y EEUU, aunque limitado, podría tener efectos. El país asiático se compromete a reanudar las exportaciones de tierras raras y componentes magnéticos, a cambio de que EEUU permita el regreso de estudiantes chinos a las universidades estadounidenses. A corto plazo, esto podría aliviar la presión en sectores como el de los vehículos eléctricos o la defensa. Pero el grueso de los aranceles —55 % en promedio para productos chinos— permanece intacto. Y ese es el punto clave: no hay una reapertura total del comercio, sino una tregua temporal.

Eso significa que sigue la ventaja mexicana. Es probable que las exportaciones chinas a EEUU repunten ligeramente en junio y julio, pero los incentivos estructurales para fabricar en México —proximidad geográfica, reglas del T-MEC, menor riesgo político— siguen vigentes. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, si se concreta con seriedad, podría convertir al sur del país en una nueva plataforma logística para abastecer a Norteamérica, incluso con inversión asiática.

En resumen, el acuerdo entre China y EEUU solo es una pausa táctica en su confrontación político-económica. Y si México quiere mantener y ampliar la oportunidad que le abrió este conflicto, necesita resolver sus propios pendientes: infraestructura, seguridad, certeza jurídica y capital humano.

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La casilla lucía desierta cuando llegué y así seguía cuando me fui. Marqué mis preferencias en 10 distintas boletas llenas de nombres de personas que eran y seguirán siendo desconocidas para la gran mayoría. En el cuaderno donde aparecía mi fotografía junto con las de cientos de ciudadanos más, solo la mía fue sellada. Las otras permanecían intactas, testimonio mudo de la abstención.

Había solo cuatro funcionarios. Uno leía un libro, otra revisaba su celular, los otros dos conversaban. Al preguntarles cómo iba el día, respondieron que la concurrencia había sido mínima. Nada sorpresivo. En las otras cuatro casillas que visité durante el día vi lo mismo: soledad, apatía, silencio.

Y sin embargo, voté sabiendo que las razones para no hacerlo eran más sólidas que las razones idealistas que suelen esgrimirse en defensa del sufragio. El 77% de los ciudadanos no conocía a un solo candidato. Las boletas estaban repletas de aspirantes impuestos por cuotas partidistas. No hubo campañas visibles ni debates. Los candidatos no tuvieron acceso a medios de comunicación. Los votantes no pueden presenciar el conteo de votos. Las boletas sobrantes no fueron inutilizadas. Se distribuyeron “acordeones” para inducir el voto. El INE modificó las reglas más de cien veces. Todo esto sirvió para maquillar el control político con urnas y simular democracia.

Entonces, ¿por qué voté? Tal vez porque no quise que alguien decidiera por mí. Tal vez porque quería tener elementos para opinar con base en lo vivido, no solo en lo leído o escuchado. Lo cierto es que fui parte de un proceso mal diseñado, poco transparente y sin condiciones mínimas para el voto informado.

Esta elección no transforma nada. Es gatopardismo puro porque cambió las formas para preservar el fondo: un Poder Judicial subordinado. Fue una idea defectuosa desde el origen, promovida por el aldeano que gobernó México entre 2018 y 2024, un hombre obsesionado con el control, incapaz de tolerar contrapesos y convencido de que su voluntad debía prevalecer sobre las instituciones. Durante su mandato, degradó la vida pública con su maniqueísmo constante y su afán de revancha contra todo lo que representara autonomía o profesionalismo.

¿Nos equivocamos quienes participamos? No necesariamente. Pero tampoco tenemos por qué celebrar. Esto no fue una elección sino una puesta en escena política con escasa legitimidad ciudadana. Aun así, fui. Y lo que vi refuerza la impresión de que el régimen morenista apuesta más por la apariencia que por la sustancia. Y lo hizo, además, gastando cientos de millones de pesos en una simulación que no generará justicia, ni confianza, ni resultados. Solo ruido, papelería y desgaste institucional. Un derroche disfrazado de democracia, mientras los problemas urgentes siguen sin resolverse. El costo no fue solo económico: también lo fue en credibilidad y respeto ciudadano.

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Para muchos la revocación es una sanción, cuando en realidad es un acto que no requiere acusación ni proceso judicial. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de EEUU otorga al Departamento de Estado la facultad de cancelar cualquier visa en cualquier momento y por cualquier razón, y puede basarse en información reservada o nueva, sin que exista obligación de notificar ni explicar al afectado los motivos.

Las causas más comunes incluyen: información posterior a la emisión de la visa que revela inelegibilidad original (como antecedentes penales u omisiones graves), preocupaciones de seguridad nacional o vínculos con personas investigadas, violaciones migratorias anteriores, fraude documental o simplemente razones de política exterior. La inclusión del nombre de una persona en bases de datos como las del FBI, la DEA o el Departamento de Seguridad Nacional puede bastar para activar la revocación, aunque no exista delito comprobado.

Carlos Torres reaccionó públicamente aclarando que este procedimiento no implica ninguna acusación ni señalamiento formal, ni en México ni en EEUU. Informó que ha consultado a un abogado especializado en derecho migratorio internacional para evaluar la presentación de una moción para reabrir o reconsiderar la decisión, o bien iniciar un nuevo trámite para obtener una visa. También denunció que la situación podría ser utilizada con fines políticos por adversarios sin escrúpulos que no identificó, pero que, según él, han de tener el poder suficiente para influir en el Departamento de Estado. En paralelo, la gobernadora reconoció el carácter “binacional complejo” del contexto actual y lamentó que su esposo haya enfrentado las consecuencias de una decisión que él no provocó.

Legalmente, quienes han perdido su visa tienen dos rutas: solicitar una reconsideración consular si consideran que la revocación fue injustificada, o presentar una nueva solicitud, aportando pruebas de su elegibilidad y conducta. Sin embargo, no existe un mecanismo de apelación formal ni derecho a ser informado del motivo exacto de la revocación. El gobierno estadounidense no está obligado a justificar su decisión ante ciudadanos extranjeros ni a revelar la información en la que se basó, pero el gobierno mexicano debería exigir que se expliquen los motivos.

Este caso tiene repercusiones diplomáticas y políticas. La gobernadora mantiene su cargo, no enfrenta cargos penales y sus derechos civiles en México no se ven afectados. Pero la decisión de EEUU, tomada de manera silenciosa y unilateral, deja una sombra que pesa más por lo que sugiere que por lo que confirma, una sombra que los detractores de la morenista han agrandado en redes para convertirla, sin pruebas, en culpable de todo lo imaginable.

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La encuesta “Los Jóvenes del Mundo”, realizada por la Fundación para la Innovación Política (Fondapol) de París y TNS Opinion de Bruselas, revelaba que en 2011 el 73% de los jóvenes mexicanos veía la globalización como una oportunidad, el 81% decía que su futuro se veía brillante y el 84% confiaba en conseguir un buen empleo. Solo el 23% creía en el futuro de México, pero predominaba una fe casi ciega en el esfuerzo individual como vía de éxito.

14 años después, la esperanza idealista dio paso a una conciencia crítica. Según la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2023 del INEGI (la más reciente) solo el 6.7% de los millennials y el 9.1% de la Gen Z expresan alta confianza en el gobierno federal. En contraste, la confianza baja alcanza al 1% de los millennials y al 1.4% de la Gen Z, mientras que la gran mayoría expresa niveles moderados o indiferencia. Esto confirma una desconfianza institucional persistente.

También cambiaron las prioridades. Si en 2011 la globalización era vista como un tren al que había que subirse, hoy los jóvenes —millennials (1981–1996) y la Generación Z (1997–2012)— priorizan la sostenibilidad, la justicia social y la salud mental. Según ​la encuesta 2024 Gen Z and Millennial Survey realizada en febrero del año pasado por Deloitte entre 22,841 jóvenes en 44 países, incluido México, el 62% de la Gen Z y el 59% de los millennials sitúan la sostenibilidad entre sus principales preocupaciones. Además, el 86% considera esencial tener un propósito en su trabajo. En 2011, el 62% creía que una carrera exitosa significaba ganar bien. Hoy eso suena limitado.

En 2011, solo el 38% veía la contaminación como amenaza; hoy el medio ambiente ya no es solo una preocupación sino que influye en su visión del mundo y condiciona sus decisiones de consumo, empleo y familia. Entonces apenas el 34% se sentía cercano a la Iglesia católica. Hoy, según Latinobarómetro, la desconfianza alcanza a partidos, iglesias, congresos, medios y toda figura institucional. Solo uno de cada cinco jóvenes cree en los políticos.

También cambió el entorno digital. En 2011, las redes eran espacios recreativos. Hoy son plataformas de protesta, vitrinas de ansiedad y campos de batalla ideológica. TikTok y X son fuentes de información y activismo, pero también de desinformación, presión social y agotamiento emocional.

En 2011, solo el 37% quería tener hijos. Hoy, probablemente menos. Con precariedad, crisis climática e incertidumbre, muchos optan por no repetir un modelo de vida sin garantías.

¿Es mejor esta generación? No lo sé. Pero es más realista, más informada, más escéptica. Y como en 2011, sigue sin confiar en quienes gobiernan. Eso, al menos, no ha cambiado.

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Las cifras muestran signos preocupantes. La Fed de Atlanta proyecta una caída del PIB de EEUU de 2.4% para el primer trimestre de 2025, mientras la confianza del consumidor estadounidense ha caído a su nivel más bajo en 15 meses. Las probabilidades de una recesión son del 31% según JPMorgan y del 25% según Goldman Sachs. Si la economía de EEUU se contrae, el impacto en México será inmediato.

Nuestro país, con el 83% de sus exportaciones dependiendo de EEUU, ya ha visto ajustes en sus previsiones. En noviembre pasado, el Banco de México estimaba un crecimiento del PIB del 1.2% para 2025, pero en febrero redujo su pronóstico al 0.6%.

Sin aranceles, una recesión en EEUU reduciría el PIB de México entre 1.5% y 2%. Las exportaciones caerían entre 10 y 15%, las remesas disminuirían entre $6,500 y $10,000 millones de dólares, y el país perdería, según un cálculo de Brookings Institution, hasta 1.4 millones de empleos. El tipo de cambio podría llegar a entre 22.5 a 24.00 pesos por un dólar al terminar este año. Una recuperación de EEUU hacia finales de 2025 podría mitigar estos efectos.

Con aranceles del 25%, el impacto sería mayor. El PIB podría contraerse entre 2% y 3.5%, las exportaciones caerían entre 20 y 30% ($100,000-$150,000 millones de dólares), y se perderían, nuevamente de acuerdo a Brookings, hasta 2.2 millones de empleos. Además, el peso podría caer hasta 25 a 28 pesos por dólar o más a finales de año, la inflación alcanzaría 5.5%, y la crisis podría extenderse hasta 2026.

Durante la crisis de 2008-2009, la economía mexicana sufrió una caída del 8.6%, un dato que refleja la disminución total del PIB desde su punto más alto antes de la recesión (tercer trimestre de 2008) hasta su nivel más bajo (segundo trimestre de 2009), como resultado directo de la contracción económica en EEUU. Esto redujo exportaciones, remesas y consumo y el país perdió 800,000 empleos formales en un año.

A diferencia de 2008, cuando la crisis fue de origen financiero, ahora el problema combina una probable recesión con las aún no cumplidas amenazas arancelarias de Trump. México sigue dependiendo en exceso de EEUU y a pesar de comerciar con Asia y Europa, sigue atado a la demanda estadounidense.

A esto se suma la falta de margen de maniobra interna. Con tasas de interés en 9.5%, estímulos fiscales limitados y un ambiente de inversión deteriorado, la capacidad de respuesta es mínima.

México enfrenta un panorama complicado. Si EEUU entra en recesión y Trump mantiene su estrategia proteccionista, la economía mexicana sufrirá una fuerte desaceleración en 2025, con riesgos de prolongarse hasta 2026.

Todos los mexicanos debemos estar preparados para un entorno global adverso. El panorama requiere que el gobierno y el sector privado adopten estrategias claras para enfrentar una posible crisis prolongada.

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México depende en gran medida de su comercio con Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones nacionales tienen como destino ese país, lo que significa que el arancel afectará directamente a sectores clave como la industria automotriz, la manufactura y la agricultura.

De cumplir Trump con su amenaza, la economía mexicana podría entrar en recesión, con una contracción del PIB superior al 2%, una depreciación del peso por encima de los 22 por dólar y una inflación que superaría el 5%. La pérdida de empleos sería masiva, de entre 1.4 y 2.2 millones de puestos de trabajo, afectando principalmente a los sectores arriba mencionados.

Además, un alto porcentaje de las 5.5 millones de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), especialmente aquellas que forman parte de las cadenas de suministro de exportación, sufrirán directamente, verán caer sus ingresos y muchas tendrán que cerrar, aumentando así el desempleo y reduciendo aún más el consumo.

Más allá del riesgo externo, la vulnerabilidad económica de México es resultado de una política fiscal que desde hace décadas es deficiente y de un modelo de desarrollo que desde 2018 ha reducido la inversión en infraestructura y sectores estratégicos y transferido cada vez más dinero a los ciudadanos más pobres, algo que indiscutiblemente los ha beneficiado.

El impacto será desigual: mientras algunos sectores y personas podrán amortiguar la crisis mediante ahorros o inversiones, microempresas y trabajadores con empleos inestables o de baja calificación enfrentarán mayores dificultades para adaptarse.

Quienes puedan deben aumentar el ahorro y destinar al menos el 10% de su ingreso a un fondo de emergencia y diversificar inversiones en CETES o en instrumentos menos expuestos a la volatilidad del peso. También, es recomendable anticipar compras esenciales, como autos o electrodomésticos, antes de que la inflación se acelere.

La capacitación profesional es clave para mantener la estabilidad laboral: hay que desarrollar habilidades digitales, aprender inglés y buscar oportunidades en sectores menos afectados por la crisis, como tecnología, salud y energías renovables.

Quienes no tienen los ingresos para ahorrar o la preparación mínima para capacitarse deberán sortear la situación como mejor puedan, buscando ingresos adicionales o arrancando negocios en donde sus habilidades les reditúen una ganancia extra.

Así las cosas, el país deberá enfrentar una doble crisis: un crecimiento económico insuficiente y la presión externa de Trump.

Si las tendencias actuales se mantienen y los aranceles se concretan en marzo, 2025 podría ser en uno terrible para México. En ausencia de medidas gubernamentales eficaces, la preparación individual será determinante para enfrentar la crisis.

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El discurso del vicepresidente de EEUU, JD Vance, sacudió a la comunidad internacional. Prepotente, acusó a los gobiernos europeos de censurar la libertad de expresión y minimizó la injerencia rusa en sus procesos democráticos. Criticó la anulación de elecciones en Rumania por una supuesta intromisión rusa, el enjuiciamiento de un manifestante antiabortista en el Reino Unido y la exclusión de políticos neonazis alemanes del evento.

Vance aseguró que «la mayor amenaza para Europa no es Rusia, China ni ningún otro actor externo», sino «su deterioro interno y la regresión en valores fundamentales». También calificó la inmigración masiva como un peligro para el continente. Bien podría haber estado describiendo lo que ocurre en su propio país desde que Donald Trump regresó a la presidencia.

Las reacciones fueron inmediatas y contundentes, sobre todo de los funcionarios alemanes. El canciller Olaf Scholz rechazó enérgicamente las declaraciones y advirtió que su país no aceptará injerencias externas en su democracia. El vicecanciller Robert Habeck acusó a Vance de no entender los sistemas democráticos europeos. La ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, criticó la afirmación sobre la supuesta marginación de voces alternativas, y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, calificó los señalamientos como «inaceptables». Hasta el opositor Friedrich Merz instó a EEUU a respetar el proceso electoral alemán.

El discurso de Vance exhibe una fractura creciente en las relaciones transatlánticas. Mientras tanto, el expresidente ruso Dmitry Medvedev aplaudió la «audaz» crítica a Europa. Ya se sabe: El respaldo de Rusia suele ser más una señal de colusión que de coincidencia.

En Múnich, el ministro de Exteriores Wang Yi defendió su relación económica con Rusia y rechazó cualquier presión para dejar de comprar gas de ese país. Una prueba más de que cada potencia defiende sus propios intereses sin importar las consecuencias alrededor del mundo.

Para México, este escenario implica navegar con cautela entre potencias en desacuerdo. La tensión entre EEUU, Europa y China pone en riesgo sectores clave de su economía como la manufactura, la industria automotriz y la tecnología. El país enfrenta un dilema sin precedentes mientras Trump endurece su política migratoria y amenaza con nuevos aranceles.

El mundo se mueve rápido y Múnich confirmó que cada nación debe valerse por sí misma. ¿Está preparado México para esta nueva realidad o seguirá confiando en aliados que actúan como sus enemigos? Nuestro país no puede ser solo un espectador en este juego geopolítico donde las reglas cambian constantemente.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe actuar con decisión, como hasta ahora lo ha hecho, diversificar alianzas y defender sus intereses. La Conferencia de Múnich dejó claro que el orden mundial está cambiando. Adaptarse o rezagarse, no hay más opciones.

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]]> 19529 https://conexionhispanoamerica.com/manana-puede-alterarse-el-destino-de-mexico/ Fri, 31 Jan 2025 17:36:45 +0000 https://conexionhispanoamerica.com/?p=19331 La semana pasada Donald Trump dijo que el 1 de febrero impondrá aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas. El martes de esta semana, su secretaria de Prensa confirmó que, efectivamente, ese día entrarán en vigor dichos aranceles. Mañana puede alterarse el destino de México.

Trump utiliza los aranceles como una herramienta para fortalecer su base electoral en EEUU, culpando a México de diversos problemas de su país, sean reales como el consumo de drogas y los miles de muertos por sobredosis, o ficticios, como decir que los migrantes indocumentados privan de empleos a los ciudadanos.

De cumplir con su amenaza, el presidente estadounidense podría desencadenar una crisis económica, social y política sin precedentes en nuestro país, que depende profundamente de sus exportaciones a EEUU, que representan más del 25% de su PIB. Sectores clave como el automotriz, la manufactura y la agricultura serían los más afectados. Se calcula la pérdida de más de un millón de empleos, incluidos 500,000 en la industria automotriz. La inflación podría aumentar hasta en 2.3 puntos porcentuales y el peso sufrir una depreciación severa, lo que encarecería alimentos, medicamentos y muchos otros bienes.

Aunque sectores como el turismo podrían beneficiarse por un peso depreciado, esto sería insuficiente para contrarrestar los daños infligidos al resto de la economía.

El impacto en el empleo sería catastrófico. La desaparición de puestos formales empujaría a miles de trabajadores a la economía informal, donde no hay prestaciones ni seguridad laboral. Además, regiones altamente industrializadas como Nuevo León y Guanajuato enfrentarían el golpe más fuerte, con cierres de fábricas y reducción de inversiones extranjeras.

La pobreza, que había comenzado a disminuir, volvería a niveles alarmantes. Muchas familias tendrían dificultades para cubrir necesidades básicas, especialmente si el flujo de remesas, vital para millones, se ve afectado por las deportaciones de miles de mexicanos indocumentados.

A esto se suma un grave riesgo: la inseguridad. Los jóvenes desempleados, sin opciones laborales, serían presas fáciles del crimen organizado. Esto aumentaría la violencia en muchos lugares, agravando aún más una situación que ya es difícil.

En el ámbito político, las consecuencias serían severas. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrentaría críticas por su manejo de la crisis, con la oposición aprovechando para culparla por la falta de estrategias efectivas. Protestas y descontento social podrían debilitar al gobierno y polarizar aún más al país.

Los mexicanos debemos esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor, porque si el país no encuentra formas de mitigar esta crisis, el descontento social y la desesperación podrían detonar protestas, mayor migración y un deterioro en la gobernabilidad.

Los aranceles del 25% son una bomba de tiempo que puede detonar problemas económicos, sociales y políticos de largo alcance. Mientras Trump juega con su retórica nacionalista, nosotros enfrentamos la posibilidad de una recesión, una crisis social y el deterioro de nuestras instituciones. México no puede improvisar. Tanto el gobierno como líderes del sector privado dicen estar preparados para enfrentar esta situación. Esperemos que así sea.

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