Durov, que tiene nacionalidad francesa, fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget, a las afueras de París, el sábado por la noche después de llegar de Azerbaiyán en su jet privado. Su sorpresivo arresto ha desatado un debate sobre la libertad de expresión en todo el mundo y ha provocado una protesta en Moscú.

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo que la investigación se refería a delitos relacionados con transacciones ilícitas, abuso sexual infantil, fraude y la negativa a comunicar información a las autoridades.

Horas antes, el presidente francés, Emmanuel Macron, dio la primera confirmación de que Durov había sido detenido en el marco de una investigación judicial en relación con Telegram.

«En un Estado de derecho, las libertades se defienden dentro de un marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real, para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales», escribió Macron en X, y agregó que el arresto «de ninguna manera fue una decisión política». «Corresponde al Poder Judicial, con total independencia, hacer cumplir la ley», dijo.

Un alto funcionario de Ofmin, una agencia francesa creada el año pasado para prevenir la violencia contra los niños, declaró que el arresto de Durov estaba relacionado con el fracaso de Telegram para combatir adecuadamente el crimen en la aplicación, incluida la difusión de material de abuso sexual infantil.

«En el corazón de este caso está la falta de moderación y cooperación de la plataforma (que tiene casi 1.000 millones de usuarios), en particular en la lucha contra los delitos contra los niños», escribió Jean-Michel Bernigaud, secretario general de Ofmin, en LinkedIn.

En un comunicado el domingo por la noche, Telegram señaló  que Durov no tenía «nada que ocultar».  «Telegram cumple con las leyes de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales: su moderación está dentro de los estándares de la industria y mejora constantemente. Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma». CH

En una providencia, el magistrado -que adoptó la medida para impedir la publicación de contenidos audiovisuales sin autorización y tras el silencio de los responsables de la aplicación de mensajería instantánea a sus requerimientos- ha dictado una providencia en la que acuerda, con carácter previo a esa suspensión cautelar, solicitar a la Comisaría General de información de la Policía Nacional un informe sobre la plataforma.

El magistrado solicita a los agentes información sobre las características de Telegram, así como sobre la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal cuya ejecución queda ahora en suspenso.

Pedraz ha prorrogado seis meses más la investigación puesta en marcha tras la denuncia de Atresmedia, Mediaset y Movistar Plus por la supuesta vulneración de derechos de propiedad intelectual al permitir Telegram que se alojen en determinadas cuentas contenidos audiovisuales sin autorización.

En la resolución en la que ordenó el bloqueo de la plataforma, Pedraz expuso que no existía una medida alternativa para impedir la supuesta vulneración reiterada de los derechos de propiedad intelectual por parte de los titulares de diversos canales de Telegram a los que los responsables de la aplicación de mensajería instantánea no han identificado a requerimiento del instructor, que libró una comisión rogatoria a Islas Vírgenes el pasado julio con este objetivo, sin resultado alguno hasta el momento, lo que según se quejo «impide la continuación de la instrucción de la causa».

Pedraz exponía que es necesario «identificar los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual» de las corporaciones audiovisuales denunciantes y constató «la falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes», a las que «solo se les pide una actividad de comunicación a los responsables de la red social».

Para el juez de la Audiencia Nacional, la suspensión cautelar era por tanto necesaria, idónea y proporcional. Pedraz se acogió al artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que al investigar delitos cometidos a través de internet, «el juzgado podrá acordar, como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero».

En ese mismo escrito, acordó la prórroga de la instrucción, a la espera de que Islas Vírgenes atienda su requerimiento, «sin que hasta el momento se tenga noticia del cumplimiento del citado instrumento de cooperación» y de que, previsiblemente, habrá que acordar «numerosas diligencias de investigación» en función de la información recibida.