La Audiencia Nacional ha condenado a 18 años de cárcel al jubilado de Miranda de Ebro (Burgos) que envió seis cartas bomba en noviembre de 2022, entre otros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. El tribunal condenan a diez años de prisión a Pompeyo González por un delito terrorismo y a otros ocho años por un delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
El acusado también remitió paquetes explosivos a los directores del Centro de Satélites de la UE en Torrejón de Ardoz y de la empresa de armamento Instalaza en Zaragoza, así como a los embajadores de Estados Unidos y Ucrania en España, artefactos que fueron desactivados salvo este último, que hirió a un empleado de seguridad al explosionar en el jardín de la legación diplomática.
La Sala considera que el acusado actuó con «el propósito de causar una gran conmoción en la sociedad española que ejerciese presión para que los gobiernos de España y de los Estados Unidos de América y otras entidades radicadas en territorio español dejasen de prestar apoyo a Ucrania en la guerra sostenida por este Estado contra Rusia».
La Audiencia Nacional considera probado que el acusado, de 76 años, confeccionó en su domicilio, en fechas no determinadas de la segunda mitad de 2022, seis artefactos explosivos que introdujo en cajas de madera cuya apertura provocaba la detonación. Una vez montados, los remitió por vía postal, en sendos sobres de cartón anotando de forma manuscrita los destinatarios (en etiquetas blancas autoadhesivas colocadas en el anverso) y, en el reverso, las direcciones de correo electrónico.
La cantidad de explosivo era suficiente, dice la Sala, para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados, tanto por la explosión, como por los impactos de la proyección de la metralla incorporada, los fragmentos resultantes de la rotura del contenedor metálico y las tuercas y tornillos empleados para el montaje.
Todos los artefactos explosivos fueron desactivados o detonados de manera controlada una vez detectados por los servicios de seguridad, salvo el destinado a la Embajada de Ucrania, que fue abierto por un empleado que resultó herido en el brazo al estallar el dispositivo.
