En pleno debate sobre la gestión de la migración, con cifras de llegadas récord en Canarias y con la tutela de los menores no acompañados en el punto de mira, el Gobierno, tras la reunión en el Consejo de Ministros, ha aprobado una partida presupuestaria de 35 millones para la atención de estos menores.
La partida no es ninguna novedad, pues su reparto ya se aprobó en la última Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Tenerife en el mes de julio, cuando Gobierno y autonomías aceptaron la distribución a la península de casi 400 niños que están siendo actualmente atendidos por los servicios de protección de Canarias y Ceuta. Sobre las mesa, todavía están los más de 3.000 traslados que, según Canarias, serían necesarios desde las islas o los más de 300 que necesitaría reubicar Ceuta.
Concretamente, 15 millones irán para que los territorios de llegadas —Canarias, Ceuta y Melilla— refuercen sus estructuras de acogida; y los 30 restantes se destinarán a la reubicación de casi 400 menores migrantes de Ceuta y Canarias a la Península.
Se trata de un partida reclamada por la la Ministra de Juventud e Infancia, Sara Rigo, que a través de sus redes ha señalado que con esta financiación «garantizaremos la atención integral para la infancia y adolescencia más vulnerable».
A todas luces en una cantidad muy conservadora, ya que, sin ir más lejos, el gobierno autonómico canario calculan que la comunidad lleva gastados más de 150 millones de euros en «política migratoria que no es competencia de la comunidad autónoma».
