La Comisión Europea tiene varios avisos bastante importantes contra España: Bruselas hecha en falta que el Gobierno ni siquiera tenga todavía una estrategia anticorrupción como tal, cuando tendría que haber iniciado estos trabajos en septiembre de 2024 (y no lo ha hecho). Esa alerta, de hecho, la hace en pleno ‘momentum’ del caso de corrupción que salpica al PSOE. Todo esto se recoge en el informe de la Comisión sobre la situación del estado de derecho en los 27 Estados miembros. De hecho, el Ejecutivo comunitario alerta de que precisamente la ausencia de una «estrategia unificada» pone en riesgo la lucha eficiente contra los casos de corrupción.
Y es que España tiene pendiente la elaboración de una estrategia integral obligatoria que se tendría que haber empezado a elaborar hace casi un año, aunque ha empezado a reforzar recursos y procesos para acelerar las investigaciones y enjuiciamientos de casos de alto nivel, explica el informe. También se está revisando el Código de Enjuiciamiento Criminal. A pesar de estos esfuerzos, el cumplimiento en casos de soborno en el extranjero sigue siendo bajo. «La cooperación interinstitucional se mantiene sólida y se han dado pasos iniciales para reforzar las normas sobre conflictos de interés entre altos cargos, así como para mejorar la transparencia patrimonial», explica el Ejecutivo comunitario en el documento de 27 páginas publicado.
Asimismo, el informe recuerda que la percepción entre expertos, ciudadanos y empresas es que el nivel de corrupción en el sector público en España es relativamente alto. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, España obtiene una puntuación de 56 sobre 100, situándose en el puesto 16 dentro de la Unión Europea y en el 46 a nivel mundial. Esta percepción ha aumentado significativamente en los últimos cinco años, es decir, durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
El informe relativo a España reconoce avances en todas las áreas, pero es especialmente explícito en lo que se refiere a la figura del fiscal general. La Comisión, en este sentido, pide al Gobierno «continuar los esfuerzos para fortalecer el Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía». Al mismo tiempo, le reclama al Ejecutivo que acelere la implementación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pactada entre PSOE y PP en 2024 precisamente bajo la mediación de la Comisión Europea.
Con todo, fuentes del Ministerio de Justicia ven con buenos ojos el informe porque, dicen, «avala las reformas de la Justicia impulsadas por el Gobierno y considera que son un avance para la independencia y la calidad del sistema público de Justicia» y consideran que el documento confirma que ha mejorado la percepción de la Justicia española. «Europa no solo respalda las reformas de la Justicia sino que echa por tierra los bulos que se han repetido insistentemente para intentar frenar la mayor transformación de la Justicia en décadas», concluyen desde el Ministerio.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, aunque varios Estados han adoptado nuevas estrategias y reforzado las capacidades institucionales, aún se requieren medidas para mejorar la prevención -especialmente en el ámbito del lobby y los conflictos de interés- y garantizar investigaciones y condenas eficaces; unas lagunas que se dan, de hecho, en el caso de España.
«La Unión Europea es sinónimo de seguridad jurídica y, con ella, de estabilidad económica y prosperidad. La principal novedad del Informe 2025 es que se centra más en el mercado único. El estado de derecho no solo es vital para la democracia y la seguridad, sino también para nuestra economía. Es nuestra ventaja competitiva», ha explicado el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath. En la misma línea ha hablado también la vicepresidenta, Hena Virkkunen. «Una cosa está clara: el estado de derecho es la piedra angular de nuestras democracias. Pero también es integral para el futuro de nuestras economías y para la seguridad de Europa», expuso, y dejó claro que respetarlo «es la única opción».
