El gobierno socialista de España inició acciones legales para disolver a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) debido a su incumplimiento de la legislación que prohíbe cualquier intento de glorificar al régimen franquista.
La ley de memoria democrática, que se promulgó hace casi dos años, pretende llevar «justicia, reparación y dignidad» a las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura. Franco tomó el poder en un golpe militar contra el gobierno republicano elegido democráticamente en 1936.
La legislación contiene disposiciones para el cierre de fundaciones que «actúen en contra del interés general haciendo apología del franquismo, glorificando el golpe de Estado, la dictadura o sus dirigentes, y que desprecien y humillen a las víctimas del golpe de Estado, de la guerra civil y del franquismo, o que directa o indirectamente inciten al odio o a la violencia contra ellas».
El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, mencionó que los tribunales decidirán sobre el destino de la fundación después de estudiar los informes de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática y la Fiscalía General de la República.
«Los jueces tendrán la última palabra», dijo. «Es responsabilidad de este ministerio cumplir escrupulosamente con la ley de memoria democrática. Eso es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo hoy y lo que seguiremos haciendo».
Creada menos de un año después de la muerte de Franco en noviembre de 1975, la FNFF existe para «difundir y promover el estudio de la vida, el pensamiento, el legado y la obra» del hombre que, como dice su página web, «gobernó los destinos de España entre 1936 y 1977».
Además de tener una biblioteca de más de 30.000 documentos en su sede cerca del estadio Bernabéu de Madrid, la fundación vende libros y una selección de corbatas patrióticas, cinturones, gemelos y bañadores en su página web. Su presidente ejecutivo es un ex general de marina y su presidente honorario es el bisnieto de Franco Luis Alfonso de Borbón.
En un comunicado, la fundación dijo que la decisión era «absurda» y un «intento de silenciar a quienes no están de acuerdo» con el gobierno y su «dictadura bolivariana». Y agregó: «La Fundación Nacional Francisco Franco seguirá defendiendo sus principios y luchando por la verdad y la justicia históricas».
En 2017, más de 200.000 españoles firmaron una petición presentada en el parlamento pidiendo al entonces gobierno conservador que prohibiera la fundación. CH
