La Unión Europea anunció este martes que suavizará su prohibición prevista para 2035 sobre la venta de nuevos coches de gasolina y diésel, tras la fuerte presión ejercida por la industria automovilística y por dirigentes de varios Estados miembros. Frente al veto total vigente hasta ahora, la UE permitirá una producción «limitada» de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021.
Prohibir la fabricación de vehículos de combustión era una de las piezas clave del Pacto Verde Europeo, pero tanto la industria como los países con importantes sectores automovilísticos llevaban meses exigiendo el levantamiento de la prohibición, alegando que su cumplimiento resultaría inviable debido al lento avance en la adopción de vehículos eléctricos. En este contexto presentó la Comisión Europea su revisión de la normativa, acordada tras “intensos diálogos con el sector de la automoción, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas”, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
A partir de 2035, los fabricantes de automóviles deberán cumplir con un objetivo de reducción del 90% de las emisiones (en lugar del 100% planteado inicialmente), mientras que el 10% restante de las emisiones deberá compensarse mediante el uso de acero bajo en carbono fabricado en la Unión, o a través de biocombustibles y combustibles electrónicos.
Esta flexibilidad permitirá que vehículos como los híbridos enchufables, los de autonomía extendida, y los de motor de combustión interna sigan desempeñando un papel después de 2035, junto con los vehículos eléctricos puros y de hidrógeno. Además, se ha introducido una flexibilidad adicional para las furgonetas -un segmento en el que la adopción de vehículos eléctricos ha sido estructuralmente más difícil- reduciendo el objetivo de CO2 de 2030 del 50% al 40%.
La Comisión anunció además la concesión de “supercréditos” hasta 2035 para la fabricación de coches eléctricos pequeños y asequibles, o medidas para impulsar la demanda de vehículos eléctricos entre grandes compradores corporativos pues las flotas comerciales son una de las principales fuentes de suministro del mercado de segunda mano.
El sector, que representa alrededor del 9% del PIB de la UE y del 7% del empleo total, se enfrenta a una crisis sin precedentes motivada por la guerra arancelaria iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, por la pérdida de valor añadido en Europa y por una competencia feroz de China. La industria sostiene que la prohibición de vender vehículos que emiten CO2 les pone en desventaja frente a los fabricantes chinos, que llevan la delantera en fabricación de eléctricos.
Los opositores a la prohibición llevaban días asegurando que la decisión ya estaba tomada. Tanto el canciller alemán, Friedrich Merz, como el líder del Partido Popular Europeo (PPE) reivindicaron la victoria días antes. Ambos se reunieron con la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, para concretar los detalles del acuerdo. De hecho, Weber se adelantó a la declaración oficial de la Comisión y anunció esta misma mañana que la aplicación de un recorte del 90% en las emisiones de CO2 para el sector de la automoción, y que ello implicará que los motores de combustión seguirán estando permitidos en Europa más allá de 2035.
