En su discurso ante el Congreso, el día de la investidura, Pedro Sánchez, dejó claro que el problema de España pasa porque hay un bloque reaccionario conformado por la derecha y la ultraderecha que busca detener los avances sociales y de género, contra otro bloque, el de los progresistas, que enarbola una agenda social y feminista.
De algún lado tendrá que salir todo lo que ha prometido el ya presidente electo, para los cuatro próximos años, porque recién anunció una ambiciosa agenda social. Y es que habrá que hacer aritmética en los presupuestos con todo lo que Sánchez ha prometido: a partir del 1 de enero, el transporte público colectivo incluyendo trenes y autobuses será gratuito para menores, jóvenes y desempleados y hasta junio próximo, se extenderá la reducción del IVA del 4% en alimentos básicos como pan, leche, huevos, frutas y verduras y del 5% en aceite y pasta.
Con su socia de gobierno principal, Yolanda Díaz, que antes era de Unidas Podemos y ahora lidera Sumar, ha prometido reducir la jornada laboral a 37.5 horas y avanza que habrá un nuevo Estatuto de los Trabajadores para garantizar por ley la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional, manteniéndolo en el 60% del salario medio.
También incrementará el bono del alquiler para los jóvenes que todavía no se han emancipado de sus padres, en un momento en que el precio de los alquileres en España está por las nubes. Persiste una falta de certezas jurídicas en el mercado inmobiliario del alquiler porque las leyes actuales (tocadas por Unidas Podemos en la anterior legislatura) protegen más al arrendador que al arrendatario; así, los dueños de las viviendas, prefieren ponerlas en alquiler vacacional.
La organización Provivienda señala que los problemas de asequibilidad de la vivienda están convirtiendo en pobres a muchos hogares con rentas medias e indica que al menos un 17% de los hogares quedan en situación de pobreza severa tras pagar la hipoteca o el alquiler.
En materia de vivienda, el gobierno sanchista se ha comprometido a construir 183 mil viviendas públicas e incrementar los incentivos fiscales para favorecer los alquileres cuyos precios ya ha topado hace dos años.
Para los menores de edad, se plantea una reforma legal que elimine la prescripción en los casos de abusos sexuales a menores y habrá un fondo para compensar a las víctimas de abusos perpetrados por la iglesia católica: el Defensor del Pueblo estima en 440 mil las víctimas de pederestia en España.
En busca de un nuevo modelo autonómico
A COLACIÓN
También habrá un nuevo modelo de financiación autonómica que amenaza con romper el que ha sido creado desde 1978 y que en parte cumpliría con las promesas signadas.
Con el partido Junts, Sánchez se ha comprometido a la amnistía que traerá de vuelta a España al prófugo Carles y también habrá otro tipo de concesiones y perdones financieros que implicarán un gran reajuste en la fórmula presupuestal española que necesariamente deberá echar mano de más y nuevos impuestos.
Para comenzar, Cataluña tendrá la condonación de su deuda autonómica por 15 mil millones de euros y, por ende, dejará de pagar 1 mil 300 millones de euros por intereses. La cifra, según el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC, representa el 20% de la deuda vinculada al fondo de ayuda a las regiones.
Se trataba de una vieja e insistente presión por parte de Cataluña, una comunidad autónoma, con un hoyo fiscal por 73 mil 110 millones de euros y tras el anuncio otras comunidades autónomas también quieren beneficiarse de la condonación pactada con las arcas catalanas, Sánchez ha dicho que estudiará la fórmula para extenderla a otras 13 autonomías que tienen deuda con el Estado entre las que se incluyen a Valencia o bien a Andalucía.
En conjunto, sería condonar 191 mil millones de euros de deuda que varias autonomías deben al Estado español, nadie sabe hasta el momento cómo se hará y mediante qué mecanismo será compensado el dinero que dejará de entrar por dicho rubro.
También Cataluña, a cambio de votar a favor de la investidura de Sánchez, tendrá otro premio gordo: se le cederá a Cataluña, el 100% de los impuestos y ello gracias a la modificación que será planteada en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
A su vez, los nacionalistas vascos, a cambio de sus votos, lograrán administrar la caja de la Seguridad Social relacionada con el País Vasco y Bildu adelanta que hará un referendo para buscar un modelo distinto de convivencia que le dé más autonomía al País Vasco.
¿Cuánto dinero del Estado podría haber comprometido Sánchez en sus pactos con los independentistas y nacionalistas? El Partido Popular andaluz, en voz de Antonio Repullo, cifra en 100 mil millones de euros la factura que Sánchez endosará al bolsillo de los españoles a cambio de esos votos concedidos que lo han hecho presidente otra vez en medio de la crispación ciudadana y de las protestas callejeras contra él. Hay cierta sensación de que España se ha tirado al vacío sin paracaídas.
