La Comunidad de Madrid busca soluciones a la posible llegada de más de 25.000 vehículos de transporte con conductor (VTC) a sus calles como consecuencia de la cascada de sentencias que están comenzando a resolver los juzgados, y ante el interés de Cabify por tramitar las primeras 4.000 que les han sido concedidas. Pero lo hace sin confirmar, de momento, si convertirá la decisión judicial en autorizaciones, dada la posibilidad de encontrar alguna fórmula legal que evite un nuevo capítulo en la guerra entre Taxis y VTC.
Fuentes del gobierno regional confirman a elEconomista.es que la Dirección General de Transportes y Movilidad, encargada de estas competencias, «valorará el efecto que pudieran tener en el transporte público madrileño los miles de autorizaciones que podrían incorporarse al sistema, teniendo en cuenta las licencias que hay actualmente». Añaden, además, que «las resoluciones no suponen que se concedan automáticamente las licencias que se solicitaron en su día, sino que ordena a la Comunidad de Madrid a que se retrotraiga a la normativa de 2018».
Así, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso deja abierta la puerta tanto a tramitar estas nuevas autorizaciones, algo que rompería el equilibrio actual frente al sector del taxi, como a denegarlas, lo que abriría un nuevo periplo judicial con Cabify y extendería la batalla judicial varios años más.
Con información de Víctor Elena/El Economista de España.
