Un año más, el Gobierno ha acordado, solo con los sindicatos y sin el respaldo patronal, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que aumentará un 4,4% en 2025. Se trata de un incremento de 50 euros al mes hasta los 1.184 euros mensuales en 14 pagas.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los líderes de CC OO, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez, ha ratificado este incremento del salario mínimo, cuya nueva cuantía se aplicará a cerca de tres millones de trabajadores de forma retroactiva desde el pasado 1 de enero. La tributación en el IRPF de esta renta, que supondría recaudar unos 2.000 millones de euros al año, según han indicado desde Trabajo que han coincidido con otras fuentes de la negociación, aún está en el aire. El Ministerio de Hacienda reduce sustancialmente ese impacto y recuerda que el Gobierno todavía no ha tomado una decisión de qué hacer sobre la tributación de los perceptores del SMI.
Tras esta firma formal, Díaz ha confirmado que el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros esta alza del salario mínimo. Ha pedido que, en lugar de en cuanto sube el salario mínimo, se ponga el foco en “los altos sueldos” y los “altos dividendos” que se registran actualmente en España. Y, aunque no se refirió expresamente a ello, la vicepresidenta hizo este llamamiento tras conocerse, la pasada semana, los resultados récord de la banca española.
Así, en las horas previas a la reunión de este martes del Consejo de Ministros es de esperar que pueda vivirse otro un nuevo encontronazo entre la parte socialista y Díaz, similar al de la reunión ministerial de la semana pasada por la reducción de la jornada laboral, pero esta vez a cuenta de la tributación de la nueva cuantía del salario mínimo. Dicho esto, fuentes de la negociación no esperan que esta cuestión quede zanjada este mismo martes, aunque otras no lo descartan.
Tanto los responsables de Trabajo como de los sindicatos han defendido en los últimos días que esta renta mínima no tribute en el IRPF, tal y como ha ocurrido hasta ahora. Aunque los máximos líderes de CC OO y UGT han admitido que el salario mínimo deberá de empezar a tributar algún día, ambos consideran que aún no ha llegado ese momento. Si bien, desde el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente su máxima responsable y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han defendido que este año podría ser el primero en el que no se moviera el límite exento del IRPF en los mismos términos que el SMI y, por lo tanto, sus perceptores pasarían a tributar por este impuesto.
Si bien, desde Hacienda aún no han dado detalles de las intenciones concretas que tienen respecto a la tributación de esta renta y, por tanto, tampoco han estimado oficialmente cuál podría ser su recaudación. De hecho, la opción de elevar o no el mínimo exento a la cuantía total que recibirán los perceptores del salario mínimo este año puede no ser la única. Así, el departamento de Montero podría optar por una vía intermedia, moviendo dicho mínimo por encima del actual, pero sin llegar al nuevo salario mínimo de 2025.
En cualquier caso, si el mínimo exento de tributación no se actualizase con esta renta, no todo el colectivo de beneficiarios tendría que pagar IRPF ya que en este caso operarían las distintas deducciones familiares, que reducirían notablemente el universo de trabajadores sujetos a esta tributación y que podría situarse en el entorno de los 540.000, según calculó el comité de expertos que aconseja al Ejecutivo en materia de salario mínimo.
El líder de UGT, ha insistido en que su sindicato “no quiere ni está planteando que se bajen los impuestos”, pero sí ha pedido al Gobierno que reflexione sobre la progresividad del IRPF que, según ha dicho, “castiga más a los que menos tienen y deje de situarnos en otro sitio”, en clara referencia a las acusaciones de populismo de Montero a quienes piden que los beneficiarios del salario mínimo no tributen. Es más, Álvarez ha añadido que “si el Gobierno quiere recaudar, tiene las horas extras no solo para la hacienda pública sino también para la Seguridad Social; y s situar esas horas en el circuito de la legalidad es cuestión de voluntad política”.
Al margen de su tributación, el citado comité de expertos aconsejó al Ejecutivo —que por ley tiene que consultar a los agentes sociales acerca de la subida del SMI, pero no está obligado a negociarla con ellos— que subiera dicha renta entre un 3,4% y un 4,4% para cumplir con el mandato de la Carta Social Europea de que este suelo salarial equivalga en todo momento al 60% del salario medio del país. Trabajo, tras escuchar a sindicatos y patronal, optó por la parte alta de la horquilla sugerida, lo que hizo que las patronales CEOE y Cepyme, que según fuentes empresariales estaban dispuestas a firmar un alza del 3,4%, se descolgaran de un posible acuerdo.
Pese a la negativa empresarial a participar el pacto final, Díaz ha agradecido las aportaciones patronales en esta mesa de diálogo social, al tiempo que ha afeado que dicha participación de los empresarios no haya sido igual de constructiva en las negociaciones de la reducción de la jornada, también rechazada de plano por CEOE y Cepyme. “El diálogo social goza de buena salud, gracias a la audacia de los sindicatos y a que han estado siempre en el lado correcto de la historia. Necesitamos más sindicalismo para tener más democracia”, ha dicho Díaz antes de estampar su firma en el pacto. Para acto seguido agradecer a las organizaciones empresariales “que volvieran al redil, porque estuvimos once meses valle, en los que no reconocíamos a la patronal” que, según la ministra, no aportó ninguna propuesta en la negociación del recorte del tiempo de trabajo.
Las cifras aportadas por Sordo durante su intervención de este lunes apuntan a que el perfil de perceptor del salario mínimo es una mujer (el 15% de las asalariadas lo recibirán frente al 8,5% de los hombres); menor de 34 años (el 17% de los más jóvenes cobran esta renta mínima) y con contrato temporal en la agricultura, el comercio o la hostelería.
Tanto Díaz, como Sórdo y Álvarez han cargado contra “el dogma ultraliberal”, en palabras del líder de CC OO, que asegura que las subidas del salario mínimo destruyen empleo y dañan a la economía. “No hay ningún dato que avale la destrucción de empleo. Esa parte de la academia está equivocada. Y el dirigente público que se atreva a cambiar las políticas públicas ligadas al SMI tendrá graves problemas”, ha sentenciado la ministra de Trabajo.
