La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ex ministro de Defensa del país, Yoav Gallant, y el líder militar de Hamas, Mohammed Deif, por presuntos crímenes de guerra relacionados con la guerra de Gaza.
Es la primera vez que los líderes de una democracia y un Estado alineado con Occidente son acusados por el tribunal, en la decisión más trascendental de sus 22 años de historia.
Netanyahu y Gallant corren el riesgo de ser arrestados si viajan a cualquiera de los 124 países que firmaron el Estatuto de Roma que estableció la corte. Israel afirma haber matado a Deif en un ataque aéreo en julio, pero la sala de cuestiones preliminares del tribunal dijo que «continuaría reuniendo información» para confirmar su muerte.
La cámara dictaminó que había motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant tenían responsabilidad penal como coautores del «crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos».
El panel de tres jueces también dijo que había encontrado motivos razonables para creer que Deif era responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluidos asesinatos, torturas, violaciones y toma de rehenes en relación con el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que los combatientes mataron a más de 1.200 personas, en su mayoría civiles israelíes, y secuestraron a 250.
«Israel rechaza rotundamente las acusaciones falsas y absurdas de la Corte Penal Internacional, un organismo político sesgado y discriminatorio», dijo la oficina en un comunicado, y agregó que «ninguna guerra es más justa que la guerra que Israel ha estado librando en Gaza».
El comunicado señaló una investigación sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el fiscal de la CPI, Karim Khan, quien presentó los cargos contra los tres hombres en mayo. Khan, de 54 años, ha negado las acusaciones y dijo que cooperará con la investigación.
Netanyahu dijo en una declaración en video: «Ninguna decisión escandalosa contra Israel nos impedirá -y no me impedirá a mí- seguir defendiendo a nuestro país en todos los sentidos. No cederemos a las presiones».
El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un comunicado en el que rechazaba «fundamentalmente» la decisión del tribunal. «Seguimos profundamente preocupados por la prisa del fiscal por buscar órdenes de arresto y los preocupantes errores de proceso que llevaron a esta decisión», dijo el comunicado, sin ningún detalle de los presuntos errores.
«Estados Unidos ha dejado claro que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto. En coordinación con los socios, incluido Israel, estamos discutiendo los próximos pasos».
Estados Unidos ha acogido con beneplácito anteriormente las órdenes de la CPI por crímenes de guerra contra Vladimir Putin y otros funcionarios rusos por atrocidades cometidas en Ucrania, exponiendo a la administración Biden a acusaciones de doble rasero por parte de muchos miembros de la ONU, en particular del sur global.
Netanyahu puede esperar un apoyo más rotundo de la administración entrante de Donald Trump. Durante su primer mandato, en 2020, Trump impuso sanciones estadounidenses a la CPI, dirigidas a funcionarios de la corte y sus familias. El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, dejó claro que las sanciones se impusieron porque la CPI había comenzado a investigar las acciones de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, así como las operaciones militares israelíes en los territorios ocupados.
Se espera que el Reino Unido acceda a la solicitud de arrestar a Netanyahu si viene a Gran Bretaña, aunque Downing Street se negó a confirmar directamente esto, diciendo solo que «respetaría» la independencia de la corte. Un portavoz dijo que se necesitaría un procedimiento judicial con sede en el Reino Unido para aprobar cualquier solicitud.
El panel dijo que la versión completa de las órdenes contra Netanyahu y Gallant eran secretas «para proteger a los testigos y salvaguardar la conducción de las investigaciones», pero los jueces publicaron gran parte de su razonamiento. Se centró en la obstrucción del suministro de ayuda humanitaria a Gaza, que consideró deliberada. CH
