El número de contribuyentes que atesoran una riqueza neta superior a los 30 millones de euros se ha multiplicado por dos en los últimos 10 años, pasando de 443 personas en 2012 al récord de 831 registrado a cierre de 2021, el último año del que hay cifras disponibles. Sin embargo, según los datos publicados este lunes por la Agencia Tributaria, menos de la mitad de las grandes fortunas acaba pagando el impuesto de patrimonio. En concreto, solo 307 de estos multimillonarios tributaron por este concepto en 2021, el 37%. O lo que es lo mismo: 524 personas se libraron de pagarlo.
La explicación principal de este fenómeno se encuentra en la residencia fiscal de todos estos contribuyentes. En España, las comunidades autónomas tienen la capacidad normativa sobre este impuesto de naturaleza estatal, por lo que pueden aplicar diferentes bonificaciones y deducciones que, en la práctica, a veces terminan por suspender sus efectos. Dado que en 2021 la única autonomía que tenía en marcha descuentos del 100% era Madrid (en 2022 se sumó Andalucía) cabe concluir que estos 524 contribuyentes tenían su residencia fiscal en la región central, algo que les permitió no abonar ni un solo euro por este concepto pese a tener que declarar aquellos patrimonios superiores a los dos millones.
De este esquema de bonificaciones, sin embargo, se benefician también otros tramos de riqueza. Así, de las 8.300 personas de toda España que declararon tener entre 6 y 30 millones de euros de patrimonio solo pagaron el impuesto cerca de 4.250 (el 50%). Por su parte, de los 63.400 contribuyentes que se mueven entre los 1,5 y los 6 millones de euros abonaron el tributo más de 51.000, el 80%. Por último, también tributaron por Patrimonio 146.000 de 153.700 personas con entre 300.000 euros y 1,5 millones de riqueza.
Así, de los 231.300 liquidantes que hay en todo el país pagaron el tributo un total de 201.700 contribuyentes, dejando una recaudación conjunta no vista en más de 10 años de 1.352 millones de euros repartida entre todas las comunidades autónomas de régimen común, a excepción de, lógicamente, Madrid. De hecho, los ingresos por este impuesto podrían haberse multiplicado por dos si la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso no bonificase el impuesto, una decisión que data del año 2008 y que permitió que 18.798 altos contribuyentes dejasen de pagar en 2021 algo más de 1.200 millones de euros en impuestos, lo que supone un ahorro medio de casi 65.000 euros.
Los datos de la Agencia Tributaria dan cuenta del impacto que tiene la bonificación madrileña sobre el total de los descuentos que aplican el resto de territorios. En las 15 comunidades de régimen común (dado que País Vasco y Navarra cuentan con sistemas fiscales propios) las rebajas autonómicas ascendieron a los 1.226 millones de euros. De esta cantidad, 1.212 millones se debieron únicamente a la bonificación de Madrid.
Las cifras del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda también dan cuenta de otras diferencias de gran calado entre unos y otros territorios. Por ejemplo, del peso que tiene Cataluña en el total de la recaudación. De los 1.352 millones ingresados por las comunidades, casi 600 millones (el 43%) se obtuvieron en la Generalitat a través de poco más de 80.000 altos contribuyentes. A continuación se encuentran la Comunidad Valenciana, con 188 millones recaudados y 26.500 altos patrimonios, y Andalucía, con 107 millones de ingresos y 17.700 contribuyentes.
Todas estas diferencias de recaudación, tanto a la baja como a la alta, han convertido a esta figura en una de las más cuestionadas de España. El impuesto de patrimonio, cuya gestión recae directamente en las comunidades autónomas, afecta a los contribuyentes que poseen bienes por un valor superior a los 700.000 euros, excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000 euros. Ha sido y sigue siendo objeto de gran polémica, tanto a nivel autonómico como nacional. De un lado, varias regiones han acusado tradicionalmente a Madrid de llevar a cabo una competencia fiscal desleal al bonificarlo desde hace años al 100% y atraer con esta medida a las grandes fortunas a su jurisdicción. A la región central, sin embargo, se han sumado en los últimos meses y semanas otros territorios como Andalucía o Comunidad Valenciana, que han anunciado bonificaciones totales al calor de los gobiernos del PP y Vox.
La decisión de la Junta de Andalucía, que en septiembre del año pasado aprobó una rebaja del 100% en el tributo, llevó al Gobierno central a poner en marcha el impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas, un gravamen con un diseño similar al de Patrimonio (pero de recaudación estatal) pensado para contrarrestar todas las bonificaciones regionales. La posibilidad de blindar el impuesto y de establecer unos umbrales mínimos y máximos en sus tipos impositivos también ha llegado al debate sobre el sistema de financiación autonómica, una reforma que podría llegar en la próxima legislatura. Con información de Cinco Días.
