Miguel Ángel Aguilar, juez del tribunal que se ocupa de los delitos de odio y discriminación, quiere obligar a las plataformas a revelar la verdadera identidad de los usuarios en casos de presuntos delitos de odio para que la ley pueda imponer órdenes de alejamiento digitales.
La medida se produce después del asesinato el domingo pasado de un niño en un pueblo cerca de Toledo, en el centro de España. Estaba jugando al fútbol con unos amigos cuando un hombre, con el rostro oculto por una bufanda, corrió hacia el campo y lo apuñaló varias veces.
En un eco de la desinformación que siguió al asesinato de tres niñas en Southport, en el norte de Inglaterra, el mes pasado, aparecieron publicaciones en las redes sociales casi de inmediato que vinculaban falsamente el ataque con la inmigración y, en particular, con los llamados menas, menores no acompañados, la mayoría de ellos del norte de África.
La policía ha detenido a un hombre español de 20 años. Estaba visitando a su padre en el pueblo y se cree que tiene problemas de salud mental. Aguilar dijo en una entrevista televisiva que los proveedores de discursos de odio deben ser identificados y que las plataformas de redes sociales deben ser obligadas a revelar su verdadera identidad si el poder judicial lo solicita.
«Crear un clima de estigmatización a través de las redes sociales puede traducirse en actos de violencia en la calle», dijo. «Cuando se comete un delito en las redes sociales, debemos ser capaces de identificar la fuente.
«Sería interesante ver cómo se comporta la gente en las redes sociales si saben que pueden ser identificados, y especialmente si el poder judicial quiere saber quiénes son». CH
