El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este jueves en Bruselas el Plan de Acción Europeo de Vivienda elaborado por la alianza de grandes ciudades europeas, y lo ha hecho acompañado de la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y por el comisario del ramo, el danés Dan Jorgensen. La alianza de ciudades europeas Mayors for Housing, que cuenta con 16 miembros tras la incorporación de Dublín, ha puesto sobre la mesa un documento en el que propone a la Unión Europea la creación de un nuevo Fondo Europeo de Vivienda Assequible, que movilice 300.000 millones de euros al año mediante fondos públicos y privados, para la construcción de vivienda social y la renovación del parque ya existente.
También se insta a que las ciudades participen directamente en el diseño e implementación de los programas europeos, así como en la reforma de normas sobre ayudas estatales. También consideran clave tener en cuenta la figura de zonas tensionadas como receptoras prioritarias de financiación, y piden flexibilizar las reglas fiscales para permitir mayor inversión pública en vivienda.
Las 15 ciudades originales han calculado una necesidad conjunta de 80.000 millones de euros para construir 200.000 viviendas nuevas y renovar un millón más de aquí a 2030, ante el incremento de los alquileres (60%) y de los precios de compraventa (78%) en la última década.
Los alcaldes, además, consideran que se necesitan medidas concretas desde las instituciones europeas, como condicionar las políticas de vivienda de los Estados miembros a través del Semestre Europeo y los Planes Nacionales de Renovación de Edificios, «con el objetivo de aumentar las inversiones públicas en vivienda social y asequible, y fomentar la aplicación de políticas fiscales y regulatorias eficaces para abordar la desocupación, evitar la especulación inmobiliaria y preservar la vivienda pública». Además, reclaman la activación de la “cláusula de escape nacional” de las reglas fiscales europeas -como se hará con la defensa- para permitir «que la inversión en vivienda social, asequible y sostenible quede excluida de los cálculos de déficit y deuda», emulando la flexibilidad que actualmente se quiere empezar a aplicar al gasto en seguridad.
Asimismo, ven necesaria la reforma de las normas sobre ayudas de Estado para servicios considerados de interés general, con el fin de poder promover más vivienda asequible, y, por último, las ciudades reclaman «hacer cumplir las obligaciones de intercambio de datos por parte de las plataformas de alquiler de corta duración, en particular mediante la aplicación en toda la UE de la regulación de este tipo de alquileres en 2026, de manera que se puedan aplicar adecuadamente las restricciones vigentes a nivel local».
En la comparecencia posterior, Teresa Ribera sostuvo que «han llegado propuestas, haremos lo posible sobre algo que es completamente nuevo, vamos a decir, en términos de políticas europeas, pero donde creemos que nosotros desde la Comisión necesitamos también proporcionar apoyo e identificar las mejores herramientas y capacidades disponibles para luchar contra este problema». Por su parte, Jorgensen añadió que la situación es ya insostenible: «En demasiadas ciudades, demasiadas personas no pueden alquilar una buena vivienda. Esto es, por supuesto, inaceptable. Es inaceptable que la gente con trabajos normales, pero muy importantes para nuestras sociedades, como policías, oficiales, médicos o profesores, no pueden alquilar una buena vivienda en las ciudades a las que sirven».
«Es una prioridad para esta Comisión ayudar a resolver esta crisis», sentenció el comisario danés, que calificó a las ciudades como «la línea de frente» para resolver la crisis de la vivienda. Jaume Collboni defendió que los alcaldes tienen «las ideas claras» ante el reto: «Nuestro mensaje es claro. El plan es la prueba de nuestra voluntad de colaborar activamente en el desarrollo del plan de vivienda asequible a nivel europeo».
Al mismo tiempo, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, sostuvo ante los medios que el foco tiene que ponerse también en la vivienda social. «Creemos que primero necesitamos establecer un fondo de emergencia para que las ciudades puedan desarrollar proyectos de vivienda social y asequible». Habló entonces de la «tensión» del mercado y del caso italiano en concreto. «No tenemos en muchas ciudades suficientes casas en este segmento. Tenemos un problema en la vivienda social para la clase media, jóvenes o estudiantes». Y por eso los alcaldes han reclamado tener «poder» en la toma de decisiones, además de fondos «para poder rápidamente empoderar y hacer posible que las ciudades implementen medidas frente a esas necesidades».
