Varapalo para el Gobierno mexicano Andrés Manuel López Obrador tras la compra de plantas a Iberdrola, que no podrá operar las mismas tras el veto del regulador. El 26 de febrero, el Ejecutivo de aquel país concretó la adquisición de doce centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico pertenecientes a la energética española y que en su conjunto representaban el 55% de la inversión de la energética en México. La operación fue por 6.200 millones de dólares.
López Obrador anunció que con este negocio “lo privado volvía a ser público” ya que el estado mexicano tomaría control de las plantas de Iberdrola. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que viene a ser el regulador antimonopolios de este país, informó que si bien autorizó la adquisición, el Estado mexicano no podrá operar las instalaciones a través de su empresa de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Señala que, de hacerlo, violaría las normas de competencia.
“Ni en la operación de las centrales eléctricas o en cualquier decisión relativa a precios, volúmenes de generación de energía o algún otro aspecto similar, por lo que MIP será quien tenga el control de la gestión y administración de dichas centrales”, dice la resolución del regulador.
La Cofece ha ordenado que la operación de las plantas corra por cuenta del fondo de inversión México Infraestructure Partners (MIP), una entidad privada. Esta firma fue la encargada de captar recursos en el mercado para que el Gobierno de López Obrador pudiera financiar la adquisición. Igualmente, el Tesoro mexicano desembolsó 2.420 millones de dólares para la compra a Iberdrola.
MIP es conducido por exfuncionarios del ‘staff’ económico del expresidente de centroderecha Felipe Calderón, a quien López Obrador suele vilipendiar en sus conferencias matutinas. El mandatario también es un férreo critico de la Cofece, por entender que interfiere con las políticas de su Gobierno.
En la primera mitad de su sexenio, iniciado en 2018, el presidente mexicano solía acusar a Iberdrola de una presunta colusión de intereses con Calderón, quien tras dejar la presidencia se incorporó como consejero a la compañía. Todo cambió con la llegada a la Secretaría de Hacienda mexicana de Rogelio Ramírez De la O, un economista respetado por el empresariado local que desembarcó en la Administración de López Obrador a finales del 2021.
Desde ese entonces el presidente redujo la frecuencia de sus ataques a Iberdrola y luego, ya en 2023, el secretario de Hacienda avanzó en la adquisición de las plantas con Ignacio Sánchez Galán, presidente de la energética.
“No fue tarea fácil, por eso quiero destacar el trabajo de los equipos de México y del resto de los involucrados, además de los equipos de Iberdrola. Me gustaría también destacar de una manera muy especial la gran labor del secretario de Hacienda y Crédito Público, que ha estado guiándonos, a ambas partes negociadoras, en cada una de las múltiples dificultades que se fueron planteando, tanto de tipo técnico-jurídico y administrativo”, dijo Galán el pasado febrero, cuando se concretó la operación.
