El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles las principales líneas del plan de ‘calidad democrática’ que avanzó finales de abril, aunque con escasas novedades y concreciones.
Como ya había adelantado las semanas previas, Sánchez propone actualizar la ley de publicidad institucional para conocer las fuentes de financiación de los medios, los nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia, así como limitar las subvenciones que las administraciones dedican a los medios que, según dice, apenas tienen lectores y así «asegurar que no haya partidos políticos que compran líneas editoriales con el dinero de todos los ciudadanos».
Esto formará parte del paquete de medidas que Sánchez trasladará a las distintas formaciones para su debate y aprobación, junto con otras como el refuerzo de los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía frente a las «calumnias» de los «pseudomedios» o el endurecimiento de las sanciones a los diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades.
«Los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de los accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia mediante el uso de bots, clickbait e injerencia de actores extranjeros», ha pronunciado el presidente desde la tribuna del Congreso, donde también ha avanzado que el Gobierno aprobará un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación «que lo necesiten» y «con independencia de su línea editorial» con el fin de crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad.
Sánchez ha basado su plan en la trasposición de la normativa europea sobre medios de comunicación con el fin de proteger «la libertad, la transparencia y el pluralismo» de los medios frente a la «desinformación, la injerencia extranjera y el discurso de odio». «No es la misión ni la intención del gobierno repartir el carnet de fiabilidad de los medios de comunicación», ha apuntado al respecto, lo que ha causado barullo en la bancada del Partido Popular, que Sánchez ha tratado de acallar asegurando que la familia europea del PP votó a favor de la normativa europea.
En cuanto a las medidas del plan, las ha desarrollado basándose en tres ámbitos de aplicación: el poder ejecutivo, los medios de comunicación y el poder legislativo. En lo que respecta a la transparencia del Gobierno, se aprobará una «Estrategia Nacional de Gobierno Abierto» y una nueva ley de Administración Abierta que amplíe y mejore la «cantidad y calidad» de la información gubernamental. Sánchez también ha anunciado que España acogerá en otoño de 2025 la novena cumbre internacional de Gobierno Abierto en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
En lo que afectará a los medios de comunicación, sin embargo, no ha concretado ninguna medida y solo ha hablado de líneas generales. Ha propuesto «fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad del ecosistema informativo» a través del desarrollo del reglamento europeo aprobado en marzo que, según ha dicho, busca «establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales», así como «garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación».
Entre las propuestas, ha avanzado la actualización de la ley de publicidad institucional para conocer la propiedad, la asignación de esta publicidad y la medición de audiencias de las medios privados, así como el conocimiento de las fuentes de financiación de los medios. Y, como ya había avanzado hace semanas, la limitación de la financiación que las administraciones dedican a los medios «para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores».
También pondrá sobre la mesa medidas para «proteger» la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios para «evitar las presiones del ámbito político y empresarial sobre los profesionales de la información». «Asegurar que no haya partidos que compren líneas editoriales con dinero de todos los contribuyentes», ha subrayado Sánchez, que también propondrá iniciativas a los grupos para reforzar el «pluralismo» y la «competencia» para evitar la «concentración de medios en pocas manos», aunque sin dar más detalles al respecto.
Tal y como ya había adelantado, propondrá a los grupos reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía, así como la reforma de la conocida como ‘ley mordaza’, ya pactada con Sumar, en lo relativo a la libertad de expresión.
En cuanto al poder legislativo, que reside en las Cortes, el presidente del Gobierno ha propuesto reformar los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado para «endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades» o que lo hagan con «información falsa o incompleta». Además de una reforma de la ley electoral con el fin de establecer la «obligatoriedad de celebrar debates electorales» entre los candidatos en los medios de comunicación y para que todas las encuestas publicadas incorporen «microdatos» y la «metodología de estimación de resultados».
