Eurostat, la agencia estadística comunitaria, ha certificado que nuestro país terminó el año 2023 con un déficit del 3,6% del PIB, seis décimas más que los establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que vuelve a estar en vigor tras el paréntesis de la pandemia. Estos datos dejan a nuestro país al borde de ser expedientado por la Comisión Europea por no cumplir con las normas fiscales europeas.
El Ejecutivo comunitario abrirá estos expedientes esta primavera, en el mes de junio, aunque ha prometido cierta manga ancha si la desviación es temporal y no muy abultada, ya que considera este ejercicio como un año de transición, tras el periodo de bula fiscal para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia y antes de que entre plenamente en vigor la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
«Vamos a lanzar procedimientos de infracción fiscal en la primavera de 2024 con los datos disponibles de 2023, pero sobre cuántos países pueden estar expedientados esto estará determinado también por los resultados de 2023, pero también por los planes presupuestarios enviados para 2024. En caso de que los países estén por encima, pero cerca del 3% del déficit público y esto sea temporal, esto puede servir para no abrir un procedimiento de infracción», aseguró el pasado mes de mayo a La Razón y otros periódicos europeos, el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis.
Debido a la inestabilidad política, España se ha visto obligada a no aprobar unos nuevos presupuestos y prorrogar los del año 2023. Un escenario que Bruselas suele preferir antes que unas cuentas expansivas.
En el caso de nuestro país no sólo importan el déficit sino también la abultada deuda, la cuarta más elevada de los Veintisiete con un 107,7% y tan solo superada por Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). El límite del Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija esta referencia en el 60% del PIB.
La cifra del 3,6% aunque se sitúa de manera clara por encima del corsé europeo, también es más baja que la prometida inicialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez cuyos cálculos iniciales se situaban en el 3,9%.
El Ejecutivo español ha prometido que el déficit bajara del 3% en 2024. Durante el pasado año, España siguió reduciendo déficit y deuda de manera paulatina, ya que en 2022 alcanzó el 4,7% y el 111,6% respectivamente. En cuanto al gasto público, descendió levemente desde el 47,4% a finales de 2022 hasta el 46,4 en 2023 mientras los ingresos experimentaron una ligera alza desde el 42,6% al 42,8%.
En todo caso, España no estará sola en la lista negra de países expedientados ya que hasta once países pueden quedar en la misma situación. Entre las grandes economías del euro, Italia se lleva la palma con un déficit público del 7,4% mientras Francia llega al 5,5%.
Esta vuelta a la austeridad, aunque con normas fiscales renovadas, coincide con el debate sobre de dónde puede extraer la Unión Europea los recursos necesarios para emprender la necesaria transformación tecnológica y digital, después de que en las últimas décadas la brecha respecto a Estados Unidos y China se haya acrecentado.
