El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para el suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad, una de las grandes carencias del Ejército de Tierra español después de que dejarán de prestar servicio los lanzacohetes Teruel y no fueran sustituidos.
Mediante este contrato se autoriza la adquisición del sistema integrado de fuego indirecto de largo alcance (lanzacohetes), denominado Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (Silam). «Con la adquisición de este sistema de armas, caracterizado por poder disparar con precisión diferentes cohetes y misiles guiados de altas prestaciones, se dotará al Ejército de Tierra de nuevas capacidades, potenciando su operatividad, dándose igualmente cumplimiento a los compromisos adquiridos por España en el marco OTAN», reza el texto del Consejo de Ministros.
La capacidad de estos sistemas lanzadores, dotados de flexibilidad en la configuración de sus municiones y de mayor precisión, permitirá a nuestras Fuerzas Armadas superar las limitaciones en alcance de las municiones lanzadas por cañón, alcanzando objetivos más allá de los 300 kilómetros, «con un menor consumo de munición, en contextos operativos cada más caracterizados por escenarios de denegación aérea, y adaptarse y atender de forma rápida y flexible las distintas necesidades que se puedan plantear en los teatros de operaciones, reduciendo asimismo los riesgos de daños colaterales».
El valor estimado de este contrato de suministro, que comprende tanto los vehículos lanzadores, como la munición y el apoyo logístico inicial y demás vehículos y equipamiento complementario es de casi 576,5 millones de euros.
El pasado mes de septiembre se daba el primer paso administrativo en este sentido, cuando el Gobierno autorizaba al Consejo de Ministros el techo de gasto de tres nuevos programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas, entre los que se encontraba el lanzacohetes Silam.
La Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa tiene sobre la mesa varias opciones para el diseño y desarrollo de este sistema, pero todas contemplan la compra a un contratista nacional apoyado por un tecnólogo extranjero. Esta es la opción preferida por la Secretaría de Estado de Defensa para fortalecer la base industrial y tecnológica de la defensa, por delante de otras como la adquisición directa en el mercado internacional, la compra a Estados Unidos vía FMS del sistema Himars o incluso el diseño de un sistema europeo (programa E-Colorss) que, en todo caso, no cumple con los plazos fijados de entrada en servicio.
En los últimos meses, son tres las opciones que se han considerado (evaluado o al menos tenidas en cuenta), según explicó el Ejército de Tierra en un taller con empresas el pasado mes de mayo, enfocado en las municiones y el geoposicionamiento. La decisión todavía no está tomada, pero la última es la que tiene más opciones de salir adelante, confirman fuentes militares e industriales consultadas por Infodefensa.com. Según el Ejército de Tierra, la opción del sistema basado en el PULS cumple con los requisitos fijados por el Mando de Artillería de Campaña (MACA) y destacaron que el programa no es solo una necesidad a la vista de las lecciones aprendidas de la guerra de Ucrania, sino también una “deuda” con la OTAN.
El Ministerio de Defensa apuesta por un lanzacohetes con un alto componente de desarrollo nacional, en torno al 75%, y por el desarrollo nacional de los misiles y cohetes, es decir, la munición, que prácticamente se llevará el 90% del presupuesto, de acuerdo con las estimaciones realizadas.
Es decir, el departamento busca un papel protagonista de la industria española. Esta es una de las líneas que la nueva Estrategia Industrial de Defensa quiere reforzar. El objetivo es diseñar y producir siempre que sea posible en España y, si esto no es posible, adquirir una solución interina y a la vez promover el desarrollo de una alternativa nacional.
Aunque inicialmente estaba previsto destinar 290 millones de euros entre el periodo 2023-2028 a este sistema, finalmente el Gobierno casi dobla esta cantidad, pues la cantidad aprobada esta semana ha sido de casi 576,5 millones de euros, sin que se hayan dado explicaciones del incremento de la partida.
Si finalmente es el consorcio español con la tecnología de la israelí Elbit la que gana el concurso, la industria española tendrá especial protagonismo. Escribano y Expal, empresas que lideran el proyecto, han llegado a un acuerdo con Elbit de transferencia de tecnología para su fabricación en España. La propuesta también cuenta con la participación de otras empresas españolas como GMV que trabajaría en la integración del nuevo sistema lanzacohetes en el sistema de mando y control de artillería Talos del Ejército de Tierra.
El plan industrial presentado al Ministerio de Defensa contempla la fabricación por parte de Escribano de los elementos mecánicos, la hidráulica y la electrónica del lanzador, pods y estabilizadores, así como la integración de sistemas blindados, sus estaciones de armas remotas y kits de munición guiada. Mientras, Expal estará al frente del desarrollo de los cohetes y GMV participará en la citada integración del Talos.
No obstante, el listado de empresas es más amplio. Desde Escribano apunta que se han cerrado acuerdos con compañías de toda la geografía española para colaborar en el programa (Asturias, Guipúzcoa, Barcelona, Burgos, Cáceres, Madrid, Albacete, Sevilla, Córdoba, Murcia…), lo que fomenta la cohesión territorial. CH
