El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha asegurado que los gravámenes al carbono, o ‘carbon pricing’, son un instrumento “central” dentro de la estrategia para descarbonizar la economía y que el retraso en su implementación efectiva podría incrementar la deuda pública entre ocho décimas y 2 puntos del PIB por año.
El documento publicado por el FMI ha afirmado que los impuestos al carbono son “necesarios”, pero que, por sí solos, no son “suficientes” y deben ir acompañados de incentivos, subsidios verdes y estándares regulatorios más ambiciosos. Por otro lado, dichas ayudas deberán estar bien planificadas e implementadas para evitar “distorsiones indeseadas al comercio” y “carreras de subsidios” entre estados.
El FMI ha avisado de que afrontar el cambio climático requerirá de “una transformación económica radical”, que comportará costes y beneficios desiguales para empresas, regiones y países.
En cualquier caso, el organismo ha sostenido que la transición ecológica necesitará de “fuertes complementariedades entre actores públicos y privados”, y ha indicado que las actuales políticas comprometidas “se quedarán cortas” y no cumplirán con los objetivos del Acuerdo de París de limitar el alza de las temperaturas a 1,5 grados respecto de la época preindustrial.
En este sentido, el FMI ha advertido del alto coste para las cuentas públicas derivadas de inversiones y ayudas que fomenten las energías renovables de cara a alcanzar el ‘cero neto’.
Máxime en un contexto en el que la ratio global de deuda respecto del PIB se incrementará un punto porcentual al año durante el periodo 2023-2028. “Estos vientos de cara complicarán los esfuerzos de lucha contra el cambio climático”, ha resumido el informe.
La entidad multilateral ha alertado de que las medidas impulsoras del gasto destinadas a reducir emisiones podrían disparar entre un 45% y un 50% la deuda de los grandes países contaminantes para mediados de siglo, lo que abocaría a la deuda a “una senda insostenible”. Aun así, el FMI ha recordado que los costes macroeconómicos de no hacer lo suficiente harían crecer más la factura.
Este ‘trade-off’ puede “suavizarse” con mecanismos como los gravámenes al carbono. El FMI ha calificado este instrumento de “costo-eficiente” a la hora de reducir las emisiones a la par que genera ingresos que “alivian el peso de la deuda”.
Sin embargo, son medidas “frecuentemente impopulares” desde el punto de vista político, lo que conduce, según el FMI, a un “trilema” entre cumplir con los objetivos climáticos, con la sostenibilidad fiscal o el pragmatismo político.
El FMI ha afirmado que las ayudas fiscales a las familias y trabajadores más vulnerables para reducir el impacto potencial de unos mayores precios de la energía “podría ayudar a mitigar reticencias políticas” a la introducción de penalizaciones al carbono.
A pesar de esto, los costes de financiar las medidas en los países ricos podría ascender al 10-15% del PIB para 2050, o, de media, un 0,4% adicional en el déficit primario anual hasta dicho año.
“Es probable que las economías avanzadas con un amplio margen fiscal puedan acomodar esta combinación de políticas. Otras con menos espacio fiscal tendrán que priorizar el gasto, como eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, y aumentar los ingresos para mantener la sostenibilidad de la deuda”, ha explicado el FMI.
En cualquier caso, añade, retrasar la imposición de impuestos al carbono “sería muy costoso”, puesto que aumentaría la deuda pública entre el 0,8-2% al año.
Los mercados emergentes y economías en desarrollo afrontan dificultades extra, pues, por lo general, carecen de los recursos propios para financiar su descarbonización, pero, también, su acceso a los mercados de capital se encuentra más obstaculizado y es más caro respecto de las naciones desarrolladas. Igualmente, la disponibilidad de tecnologías limpias es “limitada”.
Por otro lado, los países productores de combustibles fósiles “enfrentarán desplomes en los ingresos por materias primas a medida que el mundo se encamine hacia el ‘cero neto’, debiendo anticipar dicho impacto sobre sus actuales modelos productivos y presupuestos.
El FMI ha cuantificado para 2050 el aumento de deuda de los países en desarrollo en el 15% de su PIB fruto de la adopción de paquetes contra el cambio climático.
En su caso, dadas las especificidades propias de sus economías, la entidad multilateral ha subrayado la importancia de “mejorar la eficiencia del gasto” y la recaudación tributaria, el rol clave de la financiación privada y externa, así como la transmisión de tecnologías limpias.
Con información de Agencias
Fotografía de Ciudad de Marcin Joswiak
