La inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en nuestras vidas.
El crecimiento y la economía de la UE dependen en gran medida del uso de los datos y de las tecnologías conectadas y la inteligencia artificial ya afecta, de forma positiva o negativa, a la vida diaria de los europeos.
En junio de 2024, la Unión Europea adoptó el Reglamento de Inteligencia Artificial, el primer conjunto de normas del mundo, esto es, la primera norma jurídica del mundo sobre inteligencia artificial para garantizar que los sistemas de IA sean seguros y respeten los derechos humanos.
Los países europeos, cada día avanzan más, en la industria digital y en las aplicaciones entre empresas. Con una infraestructura de gran calidad y un marco regulatorio que proteja la privacidad y la libertad d expresión, la UE podría llegar a ser un líder global en la economía de datos y en sus aplicaciones.
La inteligencia artificial sirve para ayudar a que los ciudadanos mejoren la atención médica, los coches y otros medios de transporte sean más seguros y a que los productos y servicios sean personalizados, más baratos y duraderos. También facilita el acceso a la información, educación y formación. Además, la IA puede hacer que los lugares de trabajo sean más seguros, ya que los robots realizarían para las tareas más peligrosas, y crearía más puestos de trabajo a medida que la industria y las empresas se van adaptando a esta tecnología.
El 67% de los europeos perciben de forma positiva el uso de tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, para mejorar la seguridad y protección de los trabajadores.
La IA permite el desarrollo de una nueva generación de productos y servicios, incluso en sectores en los que las empresas europeas ya tienen posiciones sólidas: economía verde y circular, maquinaria, agricultura, salud, moda, turismo. La IA se usa para agilizar y optimizar las rutas de venta, mejorar el mantenimiento de las máquinas, aumentar la producción y la calidad, mejorar el servicio al cliente y ahorrar energía.
La IA en los servicios públicos permitirá reducir los costes y ofrecer oportunidades nuevas en el transporte público, educación, energía, gestión de los residuos y mejoraría la sostenibilidad de los productos. En definitiva, podría contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. CH
