Hace unos meses, la Unión Europea confirmó que las normas para viajar por Europa cambiarían para siempre en 2025. Los organismos europeos acordaron la aplicación del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, mejor conocido por sus siglas (ETIAS). Como su propio nombre indica, se trata de una autorización que deberán tramitar los 1.400 millones de ciudadanos de más de 60 países que están exentos de visado para ingresar al espacio Schengen.
Con la implementación del ETIAS, la Unión Europea sigue los pasos de países como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido. De hecho, las islas británicas tienen previsto comenzar a exigir el Electronic Travel Authorization (ETA) a partir del 2 de abril a todos los ciudadanos españoles y europeos.
El ETIAS no se considera un visado, sin embargo, su tramitación será imprescindible para poder ingresar a 30 países europeos. Estará vinculado al pasaporte del viajero, será válida por tres años o hasta que el pasaporte caduque, y en este último caso, el turista deberá obtener una nueva autorización.
Una vez obtenida, su titular podrá visitar la Unión Europea tantas veces como desee, siempre y cuando sea para estancias de corta duración, es decir, hasta 90 días en un periodo de 180 días. La solicitud se llevará a cabo a través de la aplicación web oficial y tendrá un coste de 7 euros, aunque existen excepciones. No deberán abonar esta cantidad los menores de 18 años y los mayores de 70.
La implementación del ETIAS tiene un doble objetivo: uno es permitir a las autoridades identificar posibles riesgos antes de que los viajeros lleguen al continente, y el otro es agilizar los trámites en aeropuertos y otros puntos de entrada.
En un primer momento, se estipuló que su entrada en vigor se produciría a partir de la segunda mitad de 2025. Es decir, a partir de esta fecha, aquellos extranjeros que deseen entrar en la Unión Europea deberán haber solicitado y recibido el visto bueno antes de viajar. Aunque desde la UE siguen sin precisar una fecha concreta, recientemente sí han confirmado que darán un «periodo de gracia» de seis meses desde su entrada en vigor, para que los viajeros se adapten a la nueva normativa.
