El sindicato nacional de periodistas de Italia presentó una denuncia penal ante los fiscales en Roma después de que el gobierno de Giorgia Meloni diera por concluida una ronda de preguntas en el Parlamento por sospechas de que había utilizado ilegalmente tecnología de software espía para piratear los teléfonos de periodistas críticos de su gobierno en lugar de espiar a criminales.
La acción legal fue desencadenada por la falta de claridad del gobierno desde que surgieron revelaciones a fines de enero de que un activista migrante y Francesco Cancellato, un periodista de investigación, se encontraban entre al menos siete personas en Italia cuyos teléfonos móviles habían sido atacados por una entidad que utilizaba Graphite, un software espía de grado militar producido por Paragon, con sede en Israel y que está destinado a ser utilizado contra delincuentes.
La furia por los presuntos hackeos de software espía se agravó después de que Lorenzo Fontana, el presidente del parlamento italiano, firmara un documento que invoca una norma que permite al gobierno abstenerse de responder a las preguntas sobre el escándalo planteadas por los parlamentarios de la oposición, alegando que «toda la información no clasificada ya ha sido compartida» y que cualquier otro detalle estaba bajo las normas de secreto de Estado.
La oficina de Meloni ha negado que los servicios de inteligencia nacionales o el gobierno estuvieran detrás de los presuntos hackeos; a su vez, Matteo Renzi, el exprimer ministro, acusó al gobierno de «herir la democracia». CH
