La imposición de la reducción de jornada de 40 a 38,5 horas este mismo año y a 37,5 horas a partir del 1 de enero de 2025 provocará un terremoto en la economía española. El Gobierno ha presentado una propuesta de máximos al diálogo social que las patronales CEOE y Cepyme rechazan por su efecto en las empresas. Pero el impacto golpeará al conjunto de la economía. Según los expertos, a largo plazo puede restar 2,6 puntos al crecimiento del PIB y 3,4 puntos al del empleo, lo que equivale a que España creará 722.000 ocupados menos de lo previsto en los próximos cinco años a causa de este cambio legal.
La clave es que reducir las horas de trabajo sin reducción de sueldo incrementará en un 1,5% la participación de los salarios en el PIB a finales de 2025. Esto obligará a las empresas afectadas a elevar los precios y frenar la contratación. De rebote, esto frenará también la reducción del paro en nuestro país. Esta tendencia se verá agravada porque el cambio del tope legal se impone de forma inmediata, lo que impedirá a la mayoría de ellas negociar con sus plantillas soluciones para adaptarse, y no contempla medidas tributarias, como un ajuste de las cotizaciones que mitiguen el golpe.
Estos augurios proceden del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo publicado por BBVA Research y Fedea, documento coordinado por el responsable del servicio de Estudios del banco, Rafael Doménech, y el investigador Florentino Felgueroso. El estudio avisaba en marzo de que el aumento estimado de los costes laborales provocado por el recorte del tiempo de trabajo restaría en torno a 7 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante 2024 y 2025 y 8 décimas al crecimiento anual del empleo.
Este impacto amenaza con descuadrar las previsiones del Gobierno para los próximos dos años. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera elevar un 4,1% la ocupación en este periodo, con la creación de 507.000 empleos en 2024 y 368.000 en 2025. Pero el impacto acumulado de la jornada laboral mermará en 1,6 puntos porcentuales ese pronóstico. Es decir, restará 329.000 empleos al crecimiento previsto de la ocupación. Con ello, la creación de 875.000 empleos se reducirá a 545.000, un 37% menos en los dos próximos años.
Pero esta desaceleración no se limitará al momento de implantación de la reducción de jornada, sino que repercutirá en el crecimiento estimado para los próximos años. Así, en el escenario a partir cinco años la economía habrá crecido 2,7 puntos menos y el empleo 3,4 puntos por debajo del escenario inicial. ¿Cómo se traduciría este impacto en número de trabajadores?
Las previsiones de Cuerpo para 2024 y 2025 implican un crecimiento promedio anual del 2%, que equivaldría a un 10% acumulado en cinco años, 2,2 millones de empleos. Pero restar 3,4 puntos porcentuales al crecimiento supone minorar esta cifra en 722.000 empleos, lo que equivale a una minoración del 34% sobre la creación de empleo prevista en términos absolutos. Y este retroceso en la creación de puestos de trabajo supondrá que la tasa de paro será 2,4 puntos más alta.
Eso sí, a costa de la moderación del empleo, las empresas lograrán contener el impacto en los costes laborales unitarios a 0,5 décimas y la productividad ganará 8 décimas adicionales a su evolución, aunque la única razón será que la ocupación se comportará peor que el PIB. Esto último contradice las expectativas del Ejecutivo y los sindicatos, que defienden que el recorte de horas de trabajo llevará a una mejora de productividad con creación de empleo, ya que los puestos de trabajo se repartirán entre más personas. De hecho, el objetivo de CCOO y UGT es llegar a una jornada de 32 horas, un objetivo que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no descarta como siguiente paso en la próxima década..
En cualquier caso, el estudio reafirma que la evolución positiva o negativa de la economía española en los próximos años vendrá por la reducción de jornada y las medidas tomadas por las empresas para compensar el incremento de los costes laborales que provocará.
Ello a pesar de que el análisis, que actualizaba uno anterior elaborado por BBVA Research a finales de 2023, es más prudente que el Gobierno en sus estimaciones de alcance. Lo limita a 8 millones de trabajadores afectados, pese a que Trabajo habla de 12 millones. Aunque esta discrepancia se explica por los trabajadores a tiempo parcial indirectamente afectados.
Los cálculos del servicio de estudios parten de un escenario en el que la respuesta de las empresas será «heterogénea», en función de su tamaño, del número de trabajadores que trabajan más de 37,5 horas y de los costes laborales que soportan antes del cambio legal. En este sentido, distingue en cuatro posibles respuestas de las empresas ante este desafío.
Por un lado, están las que no podrán anticiparse al recorte de jornada y experimentarán un incremento de sus costes laborales en cuanto entre en vigor. Luego, las que tiene margen para adaptar sus costes laborales antes de su entrada en vigor, de tal modo que no tenga efectos a largo plazo en el margen de beneficios. Estos dos escenarios no solo castigarán a las empresas, sino que frenarán la contratación e impulsarán las jornadas parciales (cuando no opten por despidos) para asumir el incremento de costes.
Luego están las empresas que anticiparán la medida y «tratarán de cooperar con los trabajadores para moderar su impacto», buscando compaginar un aumento de la productividad y una «contención salarial» en sus convenios. Será el caso más habitual entre las empresas con una mayor plantilla de indefinidos y mayor peso de la negociación colectiva a nivel de empresas. Aunque lo de «contención salarial» no gustará al Gobierno que considera que todas las empresas deben asumir el incremento de los costes laborales en sus márgenes.
Sin embargo, esto solo lo pueden hacer aquellas grandes empresas con una «posición de dominio» en su sector. Es decir, que saben que su competitividad no se verá mermada. Eso sí, en un entorno en el que compite con empresas españolas y con las del resto de Europa, resulta ingenuo pensar que las compañías de ese tamaño serán inmunes a consecuencias que varían desde subidas de precios a deslocalizaciones.
En cualquier caso, el análisis, señala la gran debilidad del plan de Díaz: aunque es conocido desde el acuerdo de coalición suscrito con el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, a finales de 2023, no habrá un texto legal, como pronto, hasta julio. Pero tal y como está redactado el último borrador, las empresas deberán implantar la jornada de 38,5 horas semanales de promedio inmediatamente para, apenas cinco meses después, llegar las 37,5 horas.
Un plazo imposible para que muchas empresas negocien medidas para implementarla con sus trabajadores. Sobre todo, parten de una evolución de los costes laborales (no solo por los salarios, sino por los impuestos al trabajo) que ya viene castigando su actividad. Esto disparará el porcentaje de empresas afectadas que entran en el primer grupo, que no han podido adaptarse porque ni siquiera conocían la propuesta concreta del Ejecutivo.
