La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU ha ordenado a Israel que ponga fin a su ocupación de los territorios palestinos «lo antes posible» y que repare plenamente sus «actos internacionalmente ilícitos» en una opinión consultiva generalizada y condenatoria que dice que la ocupación viola el derecho internacional.
En una opinión histórica, aunque no vinculante, el tribunal encontró múltiples violaciones del derecho internacional por parte de Israel, incluidas actividades que equivalían a apartheid.
Será una lectura aleccionadora para los aliados de Israel, ya que el tribunal advierte que otros Estados tienen la obligación de no reconocer la ocupación como legal ni de ayudarla o asistirla.
Al leer la opinión de la corte el viernes, el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, dijo: «La corte considera que las violaciones por parte de Israel de la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza y del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación tienen un impacto directo en la legalidad de la presencia continua de Israel, como potencia ocupante. en el territorio palestino ocupado.
«El abuso sostenido por parte de Israel de su posición como potencia ocupante, mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el territorio palestino ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, viola los principios fundamentales del derecho internacional y hace ilegal la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado.»
El dictamen se emitió en respuesta a una solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022. Es anterior al conflicto de Gaza y no está directamente relacionado con él, pero aumentará la presión sobre Israel -y sus aliados- para que ponga fin a su ofensiva militar, en la que ha matado a más de 38.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.
La operación militar de Israel en Gaza, que comenzó después de los ataques del 7 de octubre en los que militantes liderados por Hamás mataron a casi 1.200 personas y tomaron como rehenes a 250, es objeto de un caso separado en la CIJ presentado por Sudáfrica, que lo acusa de genocidio en su respuesta a los asesinatos en suelo israelí.
En respuesta a la opinión de la CIJ, la oficina del presidente palestino, Mahmoud Abbas, dio la bienvenida a la decisión de la corte como «histórica» y una «victoria para la justicia» y dijo que Israel debe ser obligado a implementarla.
Pero la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló en un comunicado: «El pueblo judío no es ocupante en su propia tierra, ni en nuestra capital eterna Jerusalén, ni en nuestra herencia ancestral de Judea y Samaria [la Cisjordania ocupada].
«Ninguna decisión de mentiras en La Haya distorsionará esta verdad histórica y, del mismo modo, la legalidad de los asentamientos israelíes en todas las partes de nuestra patria no puede ser discutida».
El tribunal de La Haya dictaminó que Israel había violado el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que dice: «Las partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y erradicar todas las prácticas de esta naturaleza en los territorios bajo su jurisdicción».
Salam expresó: «El tribunal observa que la legislación y las medidas de Israel imponen y sirven para mantener una separación casi completa en Cisjordania y Jerusalén Este entre las comunidades de colonos y palestinas. Por esta razón, el tribunal considera que la legislación y las medidas de Israel constituyen una violación del artículo 3 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.»
Además de ordenar el fin de la ocupación lo antes posible, el tribunal, que está formado por 15 jueces, dijo que Israel debe poner fin a todos los actos ilegales, incluido el cese de todas las nuevas actividades de asentamiento y la derogación de la legislación que mantiene la ocupación, incluida la que discrimina a los palestinos o busca modificar la composición demográfica de cualquier parte del territorio ocupado.
Salam afirmó que las reparaciones incluían restitución, compensación y/o satisfacción, definiendo la primera como «la obligación de Israel de devolver la tierra y otros bienes inmuebles, así como todos los activos incautados a cualquier persona física o jurídica desde que comenzó su ocupación en 1967, y todos los bienes culturales y activos tomados de palestinos e instituciones palestinas, incluidos archivos y documentos».
«También exige la evacuación de todos los colonos de los asentamientos existentes y el desmantelamiento de las partes del muro construido por Israel que se encuentran en el territorio palestino ocupado, así como permitir que todos los palestinos desplazados durante la ocupación regresen a su lugar de residencia original». CH
