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Uno de cada cuatro propietarios se plantea retirar su vivienda del alquiler

El 26 de mayo de 2023 entró en vigor la Ley de Vivienda.Casi un año después, el balance sobre su impacto arroja datos preocupantes. Menos oferta de alquiler residencial, impulso al alquiler turístico y de temporada y precios que no tienen techo. Según una encuesta realizada por el portal inmobiliario Fotocasa, uno de cada cinco propietarios que ofrecen su vivienda en alquiler (20%) y que conocen la nueva regulación se plantea «seriamente» pasar a alquilar las habitaciones de manera individual, mientras que aproximadamente uno de cada cuatro (24%) afirma que alquilará exclusivamente para alquileres vacacionales, y una tercera parte (31%) señala que alquilará para periodos temporales.

Según el portal inmobiliario, propietarios e inquilinos valoran «negativamente» la norma al considerar que está complicando el proceso del alquiler. «La gran problemática que sufre el mercado del alquiler en España es la falta de oferta. Si el parque se reduce todavía más debido a desincentivos normativos, nos encontraremos con un mercado muy compacto, de poca rotación y de sobreprecios en el que la accesibilidad a la vivienda será muy complicada», ha destacado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados esta misma semana revelan que las viviendas turísticas se han disparado en el último año un 9,2%, hasta las 351.389 unidades, y representan ya un 1,33% del total del parque de viviendas del país, frente al 1,21% del año pasado. En este sentido, el Observatorio del Alquiler, creado por la Fundación Alquiler Seguro en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, revela que este año se prevé una pérdida de 60.000 viviendas en el mercado del alquiler adicional a las 42.000 ya perdidas en 2023 y que el precio medio de los alquileres se eleve hasta los 1.069 euros.

Volviendo al estudio de Fotocasa, las malas expectativas que perciben los arrendadores sobre la ley también pueden tener consecuencias a largo plazo, ya que cerca de la mitad de los arrendadores (el 44%) que conocen la norma afirman que es «bastante o totalmente probable» que reduzcan las inversiones en mejoras para la vivienda.

“Este tipo de normativas, que limitan la rentabilidad buscada por los propietarios, desincentivan la inversión en reformar, mejorar y acomodar las viviendas empeorando la calidad y la comodidad de estas. Precisamente la antigüedad y el estado de las viviendas son algunos de los principales obstáculos a los que se enfrentan los inquilinos a la hora de buscar un alquiler. Precisamente en España, el parque de vivienda es antiguo, ya que la edad de sus inmuebles supera los cuarenta años. De hecho, un 42% de las viviendas en España se construyeron entre 1950 y 1980 (10,4 millones) y un 30% (6,5 millones) antes de los 2000. Por lo tanto, este tipo de medidas terminan perjudicando al inquilino, que es quien más vulnerable es”, explica María Matos

Cuando se trata de valorar si, con la entrada en vigor de la Ley de vivienda, es más fácil o difícil realizar determinadas acciones en el mercado, los particulares que conocen la norma tienden a adoptar posiciones «mayoritariamente pesimistas».

Del lado del alquiler, sólo el 22% considera que ahora es más fácil alquilar una vivienda como inquilino, tres puntos porcentuales menos que en el sondeo elaborado medio año antes, lo que revela que es quizás la acción en la que se percibe una mayor distancia entre la realidad y las expectativas. En consecuencia, la creencia general (35%) es que la ley complica los deseos de las personas que buscan alquilar un inmueble para residir en él.

Desde el lado del alquiler de una vivienda como arrendador también resulta abrumadoramente mayoritaria (39%) la percepción negativa, frente al escaso 15% que opina en sentido contrario.

Asimismo, los inquilinos se muestran más pesimistas que hace seis meses, ya que los que opinan que la regulación actual dificulta sus intereses suben del 35% al 36% y, por el contrario, se reducen del 30% al 24% los que mejoran sus expectativas.

En el lado de los arrendadores, el 52% considera que la ley se lo pondrá más difícil para alquilar, un 32% cree que ni mejorará ni empeorará en su proceso de alquilar la vivienda y tan solo un 18% asegura que lo tendrá más fácil que antes de la entrada en vigor de la normativa.

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