El Gobierno ya ha descartado la teoría de que un ciberataque a los sistemas informáticos de Red Eléctrica de España (REE) fuera el causante del apagón que dejó a oscuras a toda la península ibérica el pasado 28 de abril. Así lo confirmó este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que por primera vez desde el incidente aseguró que el Ejecutivo no ha «hallado indicios» de un asalto informático al operador del sistema, aunque no descartó que ese ciberataque pudiera haberse producido en las empresas privadas productoras y distribuidoras de la energía.
En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar del papel del Gobierno durante aquel 28 de abril y de las pesquisas que, desde entonces, se han puesto en marcha para conocer las causas del apagón, Aagesen evitó referirse a la presidenta de la empresa semipública (el Estado controla un 20% de las acciones y el 80% está en manos privadas) Red Eléctrica, la exministra socialista Beatriz Corredor. Lo que sí aclaró es que la pérdida de generación eléctrica que acabó arrastrando a todo el sistema comenzó en tres plantas de Granada, Badajoz y Sevilla, si bien la vicepresidenta se mostró cauta y aseguró que aún es necesario «esclarecer hasta qué punto las dos oscilaciones» que el sistema registró una media hora antes del colapso «tuvieron algo que ver» con el mismo.
Previamente a su comparecencia, no obstante, Aagesen sí se había referido a Corredor. Lo hizo durante la sesión de control al Gobierno, cuando fue cuestionada por el apagón y respondió que la presidenta de Red Eléctrica fue elegida para su cargo con el apoyo de más del 98% de los accionistas de la compañía, lo que implica que, aunque fuera designada por el Estado, tuvo el beneplácito de los propietarios privados. «Insisto, la Sepi [la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el holding a través del cual el Estado gestiona sus acciones en empresas] tiene el 20% de Red Eléctrica, y el resto de los accionistas también apoyaron a esa presidenta», afirmó la ministra.
Las explicaciones de Aagesen no convencieron al PP, que por boca de su diputado Guillermo Mariscal pidió la dimisión de la titular de Transición Ecológica y la acusó de «negligencia». Mariscal hizo una cerrada defensa del papel de la energía nuclear y pidió la prórroga del calendario de cierre de las centrales, que está previsto que comience en 2027, para lo cual tildó la política energética del Gobierno de «suicida», «fundamentalista», «irracional» e «irresponsable». El diputado, además, justificó sus calificativos asegurando que la introducción «masiva» de energía renovable el día del apagón tuvo como objetivo registrar un nuevo «récord» de energía renovable que sirviera de «propaganda» para Pedro Sánchez.
Pese a que la preponderancia de ese tipo de centrales en el mix ha sido mayor en otras ocasiones sin que se hayan producido apagones, Mariscal aseguró que la «culpabilidad» de Aagesen es «evidente». «Tanto es así», dijo, que el día del apagón las fuentes de energía no renovable «suponían el 11% y el 72% eran renovables, mientras al día siguiente esos porcentajes eran del 42% y el 46%». «¿No estaba el sistema perfectamente garantizado? ¿Por qué se cambió? Porque las leyes de la física derrotaron al Gobierno, porque no les ha quedado más remedio que someterse a la realidad, y ahora quemar más gas, gas ruso, porque decidimos en 2022 enfrentarnos a Argelia», que era hasta entonces el principal suministrador de esta materia prima, espetó.
En la misma línea se expresó Vox, cuyo diputado José María Figaredo también culpó del apagón a las energías renovables y aseguró que la responsabilidad es del Gobierno. «Ya no es el dinero que ustedes roban, son los muertos que ustedes dejan por el camino», denunció Figaredo, que aseguró que el Ejecutivo «sabía» que existían riesgos de apagón y no los remedió. «¿Por qué quieren acabar con la agricultura? ¿Por qué quieren acabar con la industria? Es completamente incomprensible, y la única explicación es esa ideología sectaria que ustedes tienen, porque ustedes mienten de forma sistemática, nunca piensan en el bienestar de los españoles», espetó el dirigente de Vox.
Junts, como también hizo la formación ultraderechista, se refirió a los informes de Red Eléctrica que, en 2023 y 2024, alertaban de la posibilidad de un apagón. La parlamentaria Pilar Calvo recordó que el «mapa de riesgos» elaborado por el propio operador incluía «dos puntos que llaman la atención»: uno que alertaba de que «podría haber desconexiones de generación por la elevada penetración de renovables sin las capacidades técnicas necesarias» que puedan regular las «perturbaciones» del sistema, y otro que planteaba que «la pérdida de generación firme con el cierre de las nucleares podría generar un problema porque no hay baterías ni bombeo suficiente».
Por su parte, Sumar, EH Bildu y PNV se mostraron expresamente favorables a que se mantenga la inversión en renovables, pero también pidieron al Gobierno reforzar las medidas de seguridad para que la mayor inestabilidad de esa tecnología no redunde en nuevos apagones. «Demonizar ahora determinadas tecnologías y plantear soluciones simplistas sin tener más información no nos lleva más que a un debate estéril que sirve de poco», planteó la diputada peneuvista Idoia Sagastizabal, mientras el abertzale Mikel Otero insistió en que «tenemos que descarbonizar nuestros consumos» pero garantizando que «un escenario de fuerte generación fotovoltaica» esté preparado para «sujetar turbulencias» en el sistema.
