Los fiscalistas denuncian que las dos nuevas leyes que prepara el Ejecutivo para endurecer el Impuesto de Sociedades son inconstitucionales. De un lado, avisan que la enmienda al Proyecto de Ley anticrisis para aprobar los cambios en Sociedades que sacó adelante el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2016 y que anuló el Tribunal Constitucional en enero dará lugar a una norma confiscatoria y que vulnera el principio de retroctividad. De otro lado, aseguran que el futuro impuesto para garantizar una tributación mínima del 15% de multinacionales y las grandes compañías españolas infringe también la capacidad económica y el principio de reserva de ley que la Carta Magna otorga al legislador.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha celebrado este jueves la XVII Jornada Nacional de Estudio en el que, entre otros asuntos, han valorado estas dos futuras normas. Desde la comisión directiva de la asociación apuntan respecto a la intención del Gobierno de volver a sacar adelante unas medidas fiscales que acaba de anular la Justicia por su inconstitucionalidad que «como mínimo, es inapropiado». La enmienda número 196 introducida por el PSOE al Proyecto de Ley anticrisis además señala literalmente que el objetivo de modificar el Impuesto de Sociedades es contrarrestar la sentencia del Constitucional. «Aparte del desacierto de tener una legislación proactiva a un procedimiento judicial, la norma que meten no es adecuada desde un punto de vista técnico», indican las mismas fuentes.
El TC tumbó los cambios en Sociedades de Montoro (limitó la compensación de pérdidas, obligó a pagar las deducciones que registraban las compañías por el deterioro de sus participaciones y restringió las deducciones para evitar la doble imposición) por una cuestión de forma, ya que se utilizó la figura del Real Decreto-ley para sacar adelante la reforma en vez de hacerlo por ley. Sin embargo, no entró a valorar otras cuestiones de fondo ya denunciadas como que vulneraba el principio de capacidad económica. Ahora, el Gobierno quiere sacar adelante estos mismos cambios con efectos desde el 1 de enero de 2024.
«El principio de la capacidad económica se basa en la base imponible, la base imponible es la manifestación numérica de la capacidad económica. En el momento que a los grupos se les limita la base imponible, creemos que tiene mucho sentido impugnarla porque se atenta a la capacidad económica del grupo fiscal», aseveran desde AEDAF.
