El sistema público de pensiones español tiene dos fuentes de financiación. La principal son los ingresos por cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y los empresarios y que sirven para costear las pensiones actuales. Por eso es un sistema “contributivo”, porque se costea fundamentalmente con las aportaciones de los ocupados en activo y “de reparto”, porque los jubilados actuales reciben sus pensiones en función de lo que han contribuido en el pasado y son pagadas por las aportaciones de los trabajadores en activo. Sin embargo, estas contribuciones no son suficientes para pagar la nómina de las pensiones y por eso el sistema necesita de la segunda de otras fuentes de financiación, que son los impuestos generales. Y en este punto llega el debate sobre el hecho de que el creciente abono de pensiones con impuestos detrae que estos se destinen a otros usos.
Partiendo del diseño del sistema de pensiones, el investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, llama la atención sobre los números rojos que representa la parte exclusivamente contributiva del sistema de pensiones (ingresos por cotizaciones menos pagos por pensiones contributivas), sin contar la parte que se paga con los impuestos. Dicho saldo negativo habría escalado en 2023 a 55.919 millones de euros, lo que equivale a 3,8 puntos de PIB, algo superior al déficit con el que cerraron las administraciones públicas (3,7%).
Para llegar a esta cifra García parte de los resultados oficiales del Sistema de Seguridad Social, que finalizó 2023 con un déficit equivalente al 0,6% del PIB, una cifra muy similar a la del año anterior. Si bien precisa este porcentaje aumentaría en dos décimas, hasta el 0,8% del PIB, si se excluye de los ingresos corrientes las cotizaciones destinadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, “porque estas son un ingreso no disponible para pagar las pensiones actuales puesto que se ingresa en el fondo de reserva que sólo estará disponible a partir de 2032″.
Dicho esto, este economista explica que para pagar toda la factura de las pensiones la Seguridad Social ha dispuesto, además de los ingresos netos ordinarios de las cotizaciones sociales, de otras dos transferencias específicas del Estado por valor de 27.231 millones de euros (un 1,9% de PIB): una para el pago de los complementos por mínimos de pensiones (7.345 millones de euros), y la segunda, muy superior en cuantía, destinada al pago de los que García considera “mal denominados” gastos impropios (19.886 millones de euros).
De esta forma, si no se contabilizan estas transferencias de impuestos, lo que este investigador denomina “saldo contributivo del sistema de la Seguridad Social”, se situaría casi en el 2,7% del PIB. Y a esto añade otros 1,2 puntos de PIB en transferencias del Estado (también de impuestos) para el pago de las pensiones de clases pasivas de los funcionarios jubilados. Con todo se llega al citado déficit contributivo de 3,8 puntos de PIB que se tiene que financiar con deuda y con impuestos generales.
El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Social, rechaza esta contabilidad, argumentando que el recurso de pagar parte del sistema de pensiones con impuestos es legítimo y muy común en otros países del entorno comunitario. Si bien, García y otros muchos investigadores en materia de pensiones defienden que es precisamente esta radiografía financiera del sistema la que permite analizar más correctamente su funcionamiento para tomar las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad.
Por tanto, para los defensores de esta contabilidad, es importante que la situación financiera de solo la parte contributiva del sistema de pensiones —cuyo gasto absorbe el 13,1% del PIB y casi 30% del gasto público total— sea objeto de debate en la sociedad porque cuantos más recursos de impuestos requiera la financiación de las pensiones, menos financiación habrá para otros posibles usos del gasto público, alerta García.
