Un tribunal de Sevilla, en el sur de España, ha dictaminado que el Ayuntamiento está en su derecho de cortar el suministro de agua a los apartamentos turísticos ilegales.
En el último año, la ciudad ha desconectado el suministro a seis apartamentos ilegales. Tres propietarios apelaron, pero el juez, consciente de las quejas de los vecinos sobre el ruido, aceptó el argumento del Ayuntamiento de que los apartamentos no eran residencias de los propietarios.
El consistorio cree que hay 5.000 apartamentos ilegales que se suman a los 10.000 que han obtenido licencias. El suministro de agua se restablecerá una vez que los apartamentos vuelvan a ser residencias normales.
Desde el final de la pandemia de coronavirus, Sevilla (700.000 habitantes) recibe unos 3,5 millones de visitantes al año, la mayoría de ellos en el pequeño casco histórico.
El Ayuntamiento ha dictaminado que las agencias que gestionan los apartamentos serán responsables, dado que los propietarios suelen vivir en lugares tan lejanos como Estados Unidos y son difíciles de rastrear.
Aunque ciudades con problemas similares con los apartamentos turísticos, como Madrid, Barcelona y Valencia, dicen que no planean seguir el ejemplo de Sevilla, todas están bajo la presión de la población local para abordar un fenómeno que está aumentando los alquileres, reduciendo el mercado de propiedades de alquiler y obligando a los residentes a abandonar el país.
En las Islas Baleares, el gobernante Partido Popular (PP) se ha visto obligado a crear un grupo multipartidista para replantear el modelo turístico de las islas, cuyos 1,2 millones de residentes recibieron casi 18 millones de visitantes el año pasado.
Valencia, gobernada conjuntamente por el PP y el partido de extrema derecha Vox, ha introducido una moratoria sobre nuevas licencias para apartamentos turísticos y planea tomar medidas enérgicas contra los pisos ilegales.
En la capital, Madrid, el gobierno del PP ha hecho poco para frenar el aumento de los pisos turísticos, a pesar de que se estima que el 92% de los 13.502 apartamentos son ilegales. La plataforma Inside Airbnb, que analiza el mercado de apartamentos turísticos, cree que el número real de apartamentos se acerca a los 25.000.
Las cifras de los agentes inmobiliarios publicadas en abril muestran que solo había 8.034 apartamentos disponibles para alquilar en Madrid, en comparación con los 14.133 pisos turísticos. CH
