Hungría ha sido condenada a pagar una multa de 200 millones de euros (169 millones de libras) por su negativa a defender los derechos de los solicitantes de asilo, en lo que el máximo tribunal del bloque describió como una violación «sin precedentes» de la legislación de la UE.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo también ordenó a Budapest pagar un millón de euros al día hasta que cumpla con las leyes de la UE que garantizan a los refugiados el derecho a solicitar asilo dentro de las fronteras húngaras.
En una importante sentencia, el tribunal dijo que Hungría había mostrado una «evasión deliberada» en la aplicación de la política de la UE, que describió como «una infracción sin precedentes y excepcionalmente grave de la ley de la UE» y «una amenaza significativa a la unidad de la ley de la UE y al principio de igualdad de los Estados miembros».
La multa fue superior a la solicitada por la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, que llevó a Hungría ante el tribunal luxemburgués. Los jueces también identificaron «circunstancias agravantes», incluido el comportamiento reiterado que contribuyó a la gravedad de la multa.
En respuesta a la sentencia, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, describió el fallo del tribunal como «indignante e inaceptable», y agregó: «Parece que los inmigrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos europeos».
El fallo judicial se produce menos de tres semanas antes de que el Gobierno húngaro asuma la presidencia rotatoria del Consejo de Ministros de la UE. Pone de relieve el profundo desafío que plantean al bloque los líderes nacionalistas anti-UE en un momento en que las fuerzas de extrema derecha avanzaron en las elecciones europeas en Francia, Alemania y Austria, y se espera que se unan al gobierno en los Países Bajos.
La sentencia se refiere a una sentencia de 2020 que determinó que Hungría había infringido la legislación migratoria de la UE al limitar los derechos de las personas refugiadas y migrantes a solicitar asilo de numerosas maneras, incluida la detención de solicitantes de asilo en campos de tránsito de Röszke y Tompa, en su frontera con Serbia.
Hungría cerró los campamentos de contenedores y argumentó que había cumplido con el fallo. En 2020 aprobó una ley que obliga a los solicitantes de asilo a hacer una «declaración de intenciones» en una embajada húngara en un país no perteneciente a la UE antes de entrar en el país.
Como resultado, casi nadie puede solicitar asilo en Hungría: las autoridades recibieron solo 30 solicitudes en 2023. En comparación, Chipre, con una población 10 veces menor, recibió 12.000 solicitudes ese año, según la Agencia de Asilo de la UE.
En su último fallo, el tribunal dijo que la ley de migración de Hungría de 2020 violaba la ley de asilo de la UE y las convenciones de Ginebra subyacentes que garantizan los derechos de los refugiados, incluida la no devolución, de no ser devueltos al peligro.
El tribunal identificó otras formas en que Hungría no cumplió con la legislación de la UE: la «expulsión ilegal» de personas a las que se les negó el asilo sin observar las salvaguardias, así como no permitir que las personas a las que se les negó el derecho de asilo permanecieran en Hungría a la espera de una apelación.
El incumplimiento por parte de Hungría de la legislación de la UE «socava de manera particularmente grave» los derechos de los nacionales de terceros países y los apátridas al impedirles presentar una solicitud en la frontera, concluyó el tribunal. CH
