El Gobierno obligará a los bancos a instalar cajeros en pueblos y zonas a partir de 5.000 habitantes. El Congreso votará si sigue adelante una proposición de ley enviada por el Parlamento de Cataluña por la que se pretende garantizar el servicio de cajeros automáticos en municipios y barrios que estén en riesgo de exclusión financiera.
En concreto, el objetivo es garantizar el acceso a los servicios bancarios básicos mediante un servicio de cajero automático de proximidad, independientemente del municipio de residencia, en localidades y áreas que agrupen una población de al menos 5.000 habitantes.
El texto apunta que los municipios y barrios que se encuentren en riesgo de exclusión financiera deberán disponer como mínimo de un cajero automático en el término municipal. En los entes de ámbito territorial inferior al municipio, el derecho de acceso se garantizará mediante el cajero automático del municipio al que pertenecen. La propuesta denuncia en su preámbulo el cierre constante y persistente de oficinas bancarias y cajeros automáticos en la última década, que se ha convertido en una realidad insoslayable, que afecta especialmente a colectivos vulnerables».
Por tanto, la norma –de la que fuentes gubernamentales aseguran que saldrá adelante porque ya se tienen garantizados los apoyos necesarios– obligará a las entidades bancarias a instalar los cajeros en los municipios en riesgo de exclusión y asumirán, asimismo, los costes relacionados con la instalación y su el mantenimiento, que en ningún caso podrán repercutirse a los a los usuarios del servicio, sin perjuicio de las comisiones aplicables con carácter general por las entidades financieras.
Asimismo, detalla que el servicio de cajero automático debe prestarse en condiciones de accesibilidad universal y debe dar servicio de forma continua durante las 24 horas del día, todos los días del año. También debe prestarse en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, algo que ya hace en la mayoría de cajeros de la red, y las prestaciones mínimas del cajero deben ser «la retirada e ingreso de dinero en efectivo, el pago de recibos y tributos, las consultas de movimientos y saldos, la obtención de extractos y la realización de transferencias, apunta Europa Press sobre la proposición.
El Banco de España tendrá un plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la norma y deberá remitir al Ministerio de Economía una lista preliminar con los municipios que se encuentren en riesgo de exclusión financiera. Después, el departamento liderado por Carlos Cuerpo tendrá 15 días para publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la lista provisional de los municipios.
A continuación habrá un trámite de consulta para que los ayuntamientos, en el plazo de un mes, aleguen ante el ministerio lo que consideren pertinente y remitan al Gobierno información sobre los espacios para su instalación. Con información de La Razón.
