lunes, junio 24, 2024

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España necesitará 25 millones de inmigrantes antes de 2053

El Banco de España ha llamado la atención, una vez más, en su informe anual en los que analiza la resiliencia de la economía española y los retos económicos aún pendientes, sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y advierte de los perjuicios que supondría la aplicación en 2025 de la cláusula de salvaguarda del sistema de pensiones que, en última instancia y en ausencia de otras medidas, garantiza su sostenibilidad con una subida automática de las cotizaciones.

Calcula el banco emisor que subir un punto porcentual el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales para financiar el sistema de pensiones generaría una caída del 0,25 % en el número de ocupados al cabo de cuatro años, lo que equivale a más de 50.000 puestos de trabajo.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha explicado que la inmersión de nuevos incentivos introducidos para demorar la jubilación logran elevar significativamente la tasa de actividad de los trabajadores de edad avanzada.

Según datos de la entidad, un retraso de un año en la edad de jubilación de todas las altas ordinarias proyectadas entre 2022 y 2050 estaría asociado a una reducción promedio de la ratio de gasto en pensiones de entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales de PIB en dicho período.

El peso de las jubilaciones demoradas sobre el total de altas de jubilación ha aumentado del 4,8 % en 2021 al 8,1 % en 2023, cuando superaron las 26.000, aunque Gavilán ha explicado que es imposible saber cuántas personas se van a acoger a esta modalidad y cuánto tiempo.

Uno de los retos más importantes planteados por el Banco de España respecto al envejecimiento de la población tiene que ver con los desajustes que puede producir en el mercado de trabajo, un problema que se ve compensado por el fenómeno de la inmigración.

Gavilán ha detallado que los flujos migratorios supondrán una ganancia neta poblacional de casi 10 millones de personas hasta el año 2053, de los cuales el 70 % está en edad de trabajar, es decir, unos 7 millones, una cifra que habría que multiplicar por tres para que la tasa de dependencia en España se mantuviese constante.

A pesar de esta «intensidad» en los flujos migratorios, el banco emisor hace hincapié en que no va a ser suficiente para atajar el problema, teniendo en cuenta el perfil de los inmigrantes (el 80 % no tiene estudios universitarios) y las necesidades de las empresas, con una economía en plena transformación verde y tecnológica, un desajuste que también se aprecia en trabajadores nacidos en España.

Las estimaciones del Banco de España, coinciden en tiempo y modo con la Iniciativa Legislativa Popular que se tramita en el Congreso de los Diputados y por la que está pendiente la regularización de 500.000 extranjeros. Una iniciativa, presentada por 900 organizaciones sociales, entre ellas la Iglesia católica y que ha contado con 310 votos a favor de la ILP, por 33 en contra.

          Son 500.000 inmigrantes que ya viven en  España de forma irregular. Se insta al Gobierno de turno a atender con carácter de urgencia este reclamo popular y participativo, y brindar a más de medio millón de personas migrantes la oportunidad de una vida digna con pleno derecho.

El presidente del episcopado español, Luis Argüello, reivindica esta ILP destacando que «la dignidad humana nos pide «acoger, proteger, promover e integrarlas» y recuerda que muchos de ellos son menores de edad.

Durante el año 2022, unidas en la Plataforma Esenciales, 14.000 personas voluntarias, procedentes de más de 900 organizaciones sociales, han conseguido presentar 611.821 firmas válidas ante la Junta Electoral Central. Un hito altamente significativo ya que solo una de cada diez ILP consigue superar las 500.000 firmas que exige la Ley Orgánica de Iniciativas Legislativas Populares para iniciar el trámite legislativo en el Congreso de los Diputados.

Xavier Gómez, responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal, explica por qué es necesario que salga adelante esta iniciativa, «reconocer una dignidad, evitar la explotación laboral, la economía sumergida, es una cuestión de igualdad, de dignidad y de bien común porque la alternativa cuál es, la alternativa es que tantas familias, tantas personas continúen en la precariedad laboral, en el sufrimiento», denuncia.

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