España anunció planes para imponer un impuesto de hasta el 100% sobre los bienes inmuebles comprados por no residentes de países fuera de la UE, como Reino Unido, con el objetivo de hacer frente a la crisis inmobiliaria del país.
La medida forma parte de una docena presentada por el presidente, Pedro Sánchez, en un momento en que el gobierno busca calmar la creciente ira por los costos de la vivienda, que se han disparado mucho más allá del alcance de muchos en España.
Sánchez trató de subrayar la naturaleza global del desafío, citando los precios de la vivienda que habían aumentado un 48% en la última década en toda Europa, superando con creces los ingresos de los hogares.
«Occidente se enfrenta a un reto decisivo: no convertirse en una sociedad dividida en dos clases, los terratenientes ricos y los inquilinos pobres», declaró en un foro económico en Madrid.
Las medidas propuestas incluyen ampliar la oferta de viviendas sociales, ofrecer incentivos a quienes renuevan y alquilan propiedades vacías a precios asequibles y tomar medidas enérgicas contra los alquileres estacionales. En España solo el 2,5% de la vivienda se destina a vivienda social, una cifra que se sitúa muy por detrás de países como Francia o Países Bajos, según Sánchez.
Pero fueron los planes del gobierno para tomar medidas enérgicas contra los compradores extranjeros no pertenecientes a la UE los que acapararon los titulares de todo el mundo. España ha sido durante mucho tiempo un destino popular para los compradores de viviendas vacacionales de fuera de la UE, con residentes del Reino Unido, Estados Unidos y Marruecos que acuden en masa a comprar propiedades en lugares como Ibiza, Marbella y Barcelona.
Sánchez calificó el impuesto de hasta el 100% como «sin precedentes» en la historia de España. «Solo para dar una idea, solo en 2023 los residentes no comunitarios compraron alrededor de 27.000 casas y pisos en España. Y no lo hicieron para vivir en ellos, no lo hicieron para que sus familias tuvieran un lugar donde vivir, lo hicieron para especular, para ganar dinero con ellos, lo que nosotros, en el contexto de escasez en el que estamos, obviamente no podemos permitir».
No ofreció más detalles sobre cómo funcionaría el plan o cuándo se finalizaría y se enviaría al Parlamento para su aprobación. Dadas las luchas de larga data de su gobierno para aprobar leyes, un analista sugirió al Financial Times que el objetivo del gobierno era disuadir a los inversores inmobiliarios extranjeros creando «incertidumbre y ruido» con una propuesta que tiene pocas posibilidades de convertirse en ley.
La lista de medidas del gobierno también apuntó a los apartamentos turísticos, a los que se ha culpado durante mucho tiempo de reducir la oferta de alquiler y dejar a los lugareños fuera del mercado.
Sánchez dijo que se endurecerían las regulaciones sobre estos alquileres y se aumentarían los impuestos que pagan. «No es justo que los que tienen tres, cuatro, cinco apartamentos para alquiler temporario paguen menos impuestos que los hoteles», dijo Sánchez. CH
