Tanto en México como en EEUU, el tema del día ayer fue el mismo: los aranceles automotrices. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció lo que llevaba semanas insinuando en mítines, entrevistas y publicaciones: un arancel del 25% a las importaciones de vehículos fabricados alrededor del mundo, amparado en su personal y, para muchos equivocada, interpretación de la “seguridad nacional”.
No es una de sus nuevas ocurrencias. En 2019 dijo que la dependencia de vehículos y autopartes extranjeras ponía en riesgo la defensa de EEUU. Su argumento es ridículo porque, ¿cómo puede amenazar la seguridad nacional la importación de un automóvil producido en Puebla o León? Sin embargo, esa razón es suficiente para activar la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que le permite imponer aranceles si determina que ciertas importaciones afectan la seguridad nacional. En otras palabras, Trump se ampara en una herramienta legal legítima, pero la emplea de forma oportunista, con fines políticos y no estratégicos, como lo hicieron muchos de sus antecesores en el cargo. Para él, como lo fue para ellos, la guerra comercial es política pública.
Las cifras son elocuentes. Solo en 2024, EEUU importó vehículos por 474 mil millones de dólares, de los cuales casi la mitad provinieron de México, Canadá, Japón, Corea del Sur y Alemania. Nuestro país aporta una parte considerable en autos de pasajeros, lo que lo convierte, de hecho, en blanco primario de esta nueva embestida proteccionista.
El impacto de los aranceles será devastador. El Centro de Investigación Automotriz de Michigan advierte que el arancel del 25% aumentará en varios miles de dólares el precio de los vehículos en EEUU, lo que significará menos ventas, menos producción, menos empleos. Pero a Trump no le interesa la lógica económica: le interesa la narrativa “America First”, aunque implique que los estadounidenses paguen más por menos.
En México, la reacción de ayer fue más simbólica que estructural: la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó con entusiasmo la presentación de un autobús eléctrico hecho en el país. Su actitud es una respuesta nacionalista a lo que en el fondo es una amenaza existencial para buena parte de la economía exportadora. Al entrar en vigor los aranceles el 2 de abril venidero, el andamiaje del T-MEC se derrumbará.
Porque el golpe no es solo económico, también político. El gobierno de México apuesta por la diplomacia, las reglas de origen del T-MEC y una narrativa de innovación tecnológica que difícilmente cambiará los hechos: cientos de miles de empleos mexicanos dependen de un comercio libre de aranceles. Y ese modelo, por ahora, está en peligro de muerte.
Ambos gobiernos, curiosamente, necesitan el conflicto. Trump lo utiliza para galvanizar a su base y proyectar fuerza. Sheinbaum, para demostrar que México no se deja pisotear. El problema es que la interdependencia no se resuelve con discursos.
Los aranceles no son herramientas técnicas. Son armas políticas. Y hoy Trump las usa con entusiasmo mientras Claudia Sheinbaum intenta esquivar los golpes con autobuses eléctricos, diplomacia y su cabeza fría. Un desbalance evidente. Una realidad incómoda. Y, para variar, una factura que los habitantes de ambos países terminaremos pagando.
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