El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido una carta a la comisaria europea de asuntos de Interior, Ylva Johansson, en la que le pide que fiscalice las actuaciones del Gobierno al transferir las competencias de inmigración a Cataluña.
«Ayer el Gobierno de España, conseguía sacar adelante dos reales decretos con el respaldo de partidos políticos nacionalistas e independentistas. Para conseguir estos apoyos, entre otras muchas cesiones, está la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Cabe recordar que las competencias en materia de inmigración son, según el artículo 149 de la Constitución Española, exclusivas del Estado y que a través de la Ley Orgánica 2/86, que regula las atribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, articula que la inmigración y extranjería son competencias de la Policía Nacional», señala la misiva.
«Concretamente esta atribución es exclusiva para la Policía Nacional y en particular para la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que entre otras facultades tiene encomendado por ley “el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración”. No podemos ocultar nuestro miedo e incertidumbre con respecto al futuro más inmediato de la Policía Nacional ahora condicionado y en peligro en base a los pactos alcanzados entre el Gobierno y los partidos nacionalistas e independentistas (…) de materializarse dicho traspaso se estarían vulnerando los derechos y la dignidad de nuestros policías, algo que no vamos a tolerar, y que supondrá que realicemos todo tipo de actuaciones, tanto jurídicas como sociales, para defender aquello que consideramos un bien ciudadano como es la seguridad», subraya.
«No existe –recuerda– ningún país de la Unión Europea que fragmente la seguridad en diferentes policías dentro de un mismo estado. Además, las consecuencias de esta disolución redundarían en la seguridad y perjudicaría gravemente las políticas europeas en materia de inmigración que tan buenos resultados están teniendo. Consecuencia de ello, Europa ha sabido filtrar y discernir la estancia de inmigrantes irregulares sin ser detectados, haciendo más eficaz el sistema de asilo, cooperando en las crisis humanitarias y poniendo en marcha medidas contra la radicalización proveniente de terceros países que chocan frontalmente con nuestros estados de derecho. Por ello solicitamos a la Unión Europea que atienda nuestra petición de fiscalizar estas actuaciones del Gobierno de España e impida, dentro del marco legal, que se transfieran las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña». CH
