Los gobiernos de todo el mundo se han apresurado a defender a la Corte Penal Internacional después de que Donald Trump lanzara sanciones contra el organismo mundial, que se considera un último recurso vital para enjuiciar a personas poderosas acusadas de atrocidades, incluidos crímenes de guerra y genocidio.
Creada hace más de dos décadas para servir como un organismo imparcial e incorruptible que tenía el peso necesario para enfrentarse a los criminales -desde señores de la guerra militantes hasta jefes de Estado-, la CPI se ha encontrado bajo el ataque de Washington en un momento en que está investigando la impactante violencia en Gaza.
El presidente de Estados Unidos firmó el jueves una orden ejecutiva que autoriza sanciones económicas agresivas contra la CPI y prohibiciones de viaje a su personal, acusando al tribunal de «acciones ilegítimas e infundadas» contra Estados Unidos y su aliado Israel.
La orden de Trump citó una orden de arresto emitida por la CPI contra Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra relacionados con la guerra de Gaza como razón para la decisión. Netanyahu visitó Washington esta semana y elogió a Trump como el «mejor amigo» de Israel.
En respuesta el viernes, la CPI pidió a sus 125 Estados partes que se opongan a las sanciones, describiendo la medida de Washington como un intento de «dañar su trabajo judicial independiente e imparcial».
De esta forma, 79 países, entre ellos Brasil, Canadá, Dinamarca, México y Nigeria, publicaron una carta conjunta en la que advertían de que las sanciones «aumentarían el riesgo de impunidad para los delitos más graves y amenazarían con erosionar el Estado de derecho internacional».
El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que las sanciones «pondrían en peligro una institución que se supone que debe garantizar que los dictadores de este mundo no puedan simplemente perseguir a las personas y comenzar guerras». CH
