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Desafíos inminentes del nuevo gobierno en España

En la opinión del analista Pepe García, de Cinco Días, tras las celebraciones de este domingo y, una vez se aclare cuál será el futuro Ejecutivo, tocará ponerse a trabajar. Los retos económicos del día 23 de julio y los del 24 siguen siendo los mismos y sus consecuencias se alargan más allá de la legislatura.

Abordar unos Presupuestos Generales del Estado para 2024, finalizar el despliegue de los fondos europeos y meter en cintura al déficit público para adecuarlo al objetivo fijado en las reglas fiscales que volverán a entrar en vigor en 2024, son solo algunos de los retos que el próximo presidente del Gobierno tendrá sobre la mesa en su nuevo despacho de la Moncloa.

1) Elaborar unos nuevos Presupuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció durante la presentación del los últimos Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno no entraría en los trámites necesarios para elaborar las cuentas públicas de 2024. Con esta declaración, Montero daba por descontado que, con unas elecciones previstas para fin de año, las cuentas se prorrogarían hasta, al menos, parte del año que viene. No obstante, el adelanto electoral cambió el contexto y permite, virtualmente, sacar adelante unas nuevas cuentas.

La próxima ley de Presupuestos, a diferencia de las anteriores desde la pandemia, deberá incluir medidas correctoras para embridar el déficit público y la deuda. “Independientemente de quien gane, desde la Unión Europea van a llegar las presiones para reconducir las cuentas públicas hacia un mayor equilibrio, con nuevas reglas fiscales y nuevo sistema de sanciones”, explica María Jesús Valdemoro, lecturer de IESE Bussiness.

2) Vuelta a la contención fiscal

La pandemia elevó el déficit público desde cerca del 3% a superar el 10% en 2020 y, después, las consecuencias de la invasión a Ucrania aminoraron la reducción del desequilibrio presupuestario hasta el 4,8% en 2022. Desde la pandemia, estos déficits excesivos no estaban reñidos con las exigencias de la Comisión Europea. Esa realidad, por el contrario, cambiará en 2024, con la reanudación de las reglas fiscales, que obligan a registrar un déficit público no superior al 3% y una ratio de deuda pública que no sobrepase el 60% del PIB.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal –Airef– estimó que el gasto público superará a los ingresos en un 4,1% del Producto Interior Bruto (PIB) al cierre de 2023, un 1,1% superior a los objetivos fijados por el anterior Gobierno en funciones y la Comisión para el año que viene.

Los ingresos tributarios siguen en máximos históricos, en parte, gracias a la inflación. Sin embargo, tanto el enfriamiento de la economía como la normalización del IPC están ralentizando el ritmo de recaudación. Aunque en lo que llevamos de año el estado ha ingresado un 4,2% más de recursos que en el mismo periodo de 2022 (101.199 millones de euros); en mayo, los datos de ingresos tributarios se elevaron hasta los 10.520 millones de euros, lo que supone una ralentización del 5,9% frente al mismo periodo de 2022. “La economía va a tener que empezar a funcionar por sí misma”, incide Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín.

Bruselas instó al Gobierno español en sus recomendaciones de mayo a garantizar una política fiscal “prudente”. En concreto, la Comisión Europea recomendó a Madrid que limite el aumento del gasto público primario al 2,6%, como máximo, en 2024 para lograr el recorte del déficit estructural del 0,7% que le pide para ese ejercicio, equivalente a 9.289 millones de euros que el próximo Ejecutivo deberá recortar para cumplir con los objetivos fijados con la Unión Europea.

3) Decidir qué hacer con los paquetes de ayuda

Algunos recortes de gastos habrán de ir destinado al déficit estructural. No obstante, España –así como la mayor parte de los países de su entorno– ha desplegado diversos paquetes de ayudas públicas para tratar de contener los efectos nocivos de la escalada inflacionista tras la invasión de Ucrania que también habrán de reducirse o eliminarse. Estas ayudas ascienden en su conjunto a más de 40.000 millones, el 3,4% del PIB nacional, según recoge el observatorio económico Bruegel. De acuerdo con los cálculos de Airef, solo en 2023 se desembolsaron unos recursos equivalentes al 1,1% del PIB.

El Banco de España afirma que ha llegado el momento de reducir las ayudas de la pandemia y la guerra. El próximo Gobierno habrá de valorar qué hacer con los paquetes que todavía siguen desplegados, como la rebaja al IVA en los alimentos básicos. Las principales instituciones de análisis económico, entre ellos el Banco de España o la Airef, llevan tiempo reclamando la retirada de las ayudas generalizadas. Las recomendaciones fiscales de Bruselas de mayo, además, apuntaban a que en caso de que nuevos incrementos de precios hagan necesarias más medidas de apoyo, estas deberán ser fiscalmente asequibles y deberían destinarse únicamente a proteger a los hogares y empresas más vulnerables.

No obstante, y aunque el índice general del IPC ha caído hasta el 1,9% en junio, los alimentos siguen creciendo por encima de los dos dígitos: al 10,3% en junio, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación subyacente también sigue por encima del 2% y se coloca en el 5,9%, por lo que los colectivos y empresas más vulnerables seguirán necesitando estímulos para capear la crisis.

4)  Negociar las reglas fiscales

Existe consenso sobre la vuelta a la contención fiscal y embridar los déficits públicos excesivos de los países europeos tras los shocks de la pandemia y la invasión. No obstante, aún está pendiente de negociar la forma de alcanzar los objetivos marcados por las reglas fiscales. La propuesta de la Comisión, de la que España es partícipe, se basa en ajustar a la situación de cada país los planes de saneamiento de las cuentas públicas de una forma consensuada. La división en el seno de la UE se basa en cómo de estrictas han de ser las nuevas normas fiscales y la forma de alcanzar los objetivos de déficit y deuda.

Las negociaciones se producirán a lo largo de los próximos meses, durante la presidencia española. Conseguir un acuerdo será duro, sobre todo alcanzarlo con los países del norte, como Alemania, cuyo ministro de Finanzas anticipó que era renuente a modificar en exceso el esqueleto de las reglas fiscales.

El Gobierno contará, además, con otro hándicap debido a la caída del Gobierno del primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, tradicionalmente más cercano a una doctrina fiscal más austera. El Ejecutivo español acordó con el neerlandés una posición conjunta, que establecía que los recortes de deuda sean “realistas, graduales pero ambiciosos, así como compatibles con el crecimiento económico y la creación de empleo”. Sin Rutte al frente de Países Bajos la posición del país queda en manos del Parlamento, lo que dificulta aún más las negociaciones.

5) Mantener la creación de empleo e impulsar la productividad

Desde enero de 2019 hasta mayo de 2023 –último dato disponible– la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en dos millones de personas: desde los cerca de 18,8 millones de personas antes de la pandemia hasta el último registro –récord histórico– de 20,8 millones de afiliados. La creación de empleo está siendo uno de los motores de la economía española y, según las principales instituciones de análisis económico, su resistencia es una de las razones de la concatenación de revisiones al alza de la economía.

Sin embargo, el claro incremento del empleo no ha venido acompañado de un alza en la productividad. Para Carlos Balado, director de Eurocofin, más allá de la creación de empleo, España debe afrontar la baja productividad que separa la economía nacional de la del resto de pares de la eurozona. El FMI afirma, en una publicación que aborda el desafío de la productividad laboral española, que ha sido “un reto estructural de largo recorrido en España”, por el bajo crecimiento de los indicadores de productividad laboral que ha impedido la convergencia tanto con otros países europeos como entre las comunidades autónomas, indican.

El próximo Gobierno deberá tratar de lidiar con un problema “de difícil arreglo”, explica María Jesús Valdemoro, que abarca “desde la legislación laboral hasta la formación de quienes trabajan o van a trabajar, pasando por la atracción de inversión extranjera productiva, la fiscalidad, la investigación o incluso la cultura y la forma de vida”. Por otro lado, Balado afirma que, en el ámbito empresarial, el motivo de la baja productividad es la proliferación de pymes, pequeñas y poco internacionalizadas, en la estructura económica española. “Hay que ayudar a que las empresas crezcan”, incide. Para ello, el correcto desembolso de los fondos europeos se plantea fundamental.

6) Fondos europeos parte II: reindustrialización

Los fondos europeos deben de servir de acicate para la atracción de empresas estratégicas y el cambio estructural de la economía. A principios de julio, la compañía de chips Broadcom aterrizó en España con una inversión de 1.000 millones. Este es un caso que ejemplifica una de las patas en la que los analistas confían para solucionar los altos niveles de paro sistémico de España –superior al 13% en el primer trimestre de 2023– y los bajos niveles de productividad laboral por hora trabajada.

La transición energética, apoyada por los fondos europeos, jugará un papel importante en esta reindustrialización. Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de beBartlet, afirma que el próximo Ejecutivo deberá “concretar” la producción nacional de industrias como la de baterías o del vehículo eléctrico, para lo cual es necesario “reforzar las cadenas de suministros y responder de manera europea a los retos internacionales”, dice.

La Comisión Europea debe pronunciarse sobre si aprueba o no la Adenda española en agosto –cuando finaliza el plazo recomendado de dos meses para pronunciarse–, lo que ayudará a desplegar estas inversiones. Si el Ejecutivo comunitario la admite, España movilizará hasta finales de 2026 en torno a 90.000 millones de euros del Plan de Recuperación. Más de 7.700 millones en transferencias adicionales, hasta 84.000 millones en préstamos y casi 2.600 millones del programa REPowerEU.

7) La evolución de las pensiones

Las pensiones serán uno de los grandes retos de las próximas décadas, merced al envejecimiento de la población española. No obstante, el nuevo Gobierno corre el riesgo de tener que atajar esos problemas más pronto que tarde.

La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno, y validada por la Comisión Europea, establece que si el gasto en pensiones supera el 15% del PIB –los últimos datos del ministerio de Seguridad Social lo colocan en el 11,7% del PIB en mayo, sin contar con las de clases pasivas– y las medidas para asegurar los ingresos del sistema se elevan por encima del 1,7%, el futuro Gobierno deberá llevar a cabo medidas de ajuste: o de incremento de ingresos o de gasto –o ambas–.

La solución simple es que el PIB crezca y no supere ese umbra. “No obstante, lo real son las cantidades que se destinan al sistema de pensiones, y si aumenta su coste habrá que detraer gasto de otras partidas. No se puede no pagar las pensiones”, explica Balado.

8) Lidiar con las subidas de tipos y los costes hipotecarios

El encarecimiento de las hipotecas y la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) estarán presentes a lo largo de la nueva legislatura. La subida en vertical de los tipos de interés desde julio del año pasado, aún susceptibles de ser mayores, ha elevado en un año el euribor desde niveles cercanos al 0% al entorno del 4%, lo que ha supuesto un encarecimiento de las hipotecas veloz. Con información de Cinco Días.

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