En 2024, la edad legal de jubilación ordinaria aumentará hasta los 66 años y seis meses en el caso de que se acrediten menos de 38 años cotizaciones. En cambio, los trabajadores que hayan cotizado 38 años o más, en 2024 podrán jubilarse con 65 años. De 2023 a 2024 aumenta tres meses el periodo de cotización requerido, que pasa de 37 años y nueve meses a 38 años y la edad de jubilación sube dos meses, de 66 años y cuatro meses a 66 años y seis meses.
Existe la opción de jubilarse hasta 24 meses antes de la edad legal ordinaria en caso de jubilación anticipada voluntaria, es decir, a partir de los 63 años siempre que se haya cotizado un mínimo de 38 años o a los 64 años y seis meses si se ha cotizado menos. En el caso de jubilación anticipada involuntaria o forzosa, la edad de retiro profesional se puede adelantar hasta 48 meses, es decir, a partir de los 61 años si se han cotizado 38 años o más o a los 62 años y seis meses, si no se ha alcanzado esa cifra de cotización.
La edad mínima para acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo en el año 2024 se retrasará y será de 64 años en el caso de disponer de 33 años o más cotizados, o bien 62 años y seis meses en caso de disponer de 36 años o más cotizados. La edad de jubilación parcial sin contrato de relevo será la misma que la de jubilación ordinaria.
A partir del año que viene también entra en vigor el incremento progresivo por encima del IPC de la base máxima de cotización, que se incrementará cada año, hasta 2050, en un porcentaje igual a la revalorización de las pensiones (según el IPC interanual medio), más un incremento adicional anual de 1,2 puntos porcentuales.
Esto implicará un aumento acumulado del 38% hasta 2050. En 2023, la base máxima de cotización se ha situado en 4.495,50 euros mensuales (53.946 euros anuales). Considerando la inflación media interanual del 3,8% más ese 1,2% adicional, la base máxima de cotización se incrementará en 2024 en un 5%, situándose en torno a 4.720,27 euros al mes (56.643 euros anuales).
Asimismo, la reforma de las pensiones determina que el complemento de la brecha de género (30,4 euros en el ejercicio actual) subirá un 10% adicional en el bienio 2024-2025, que se distribuirá entre ambos ejercicios según los Presupuestos Generales del Estado.
Los cambios en las pensiones también afectarán a los salarios. Este año la nómina se verá impactada por una subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este sistema, que sustituye al Factor de Sostenibilidad aprobado en la reforma de las pensiones de 2013, se traduce en un impuesto que entró en vigor en 2023 para financiar la próxima jubilación de la generación más numerosa, la del baby boom.
Este año, el MEI supone una cotización adicional del 0,6%. De este porcentaje, el 0,5 puntos corresponden a los empresarios y otros 0,1 puntos le será detraídos a los trabajadores. No obstante, la segunda parte de la reforma de las pensiones introduce subir la cotización del MEI hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año, haciéndose cargo la empresa del 1% y el trabajador, del 0,2%.
Por lo tanto, en 2024 esta sobre cotización será del 0,7%. La empresa se hará cargo del 0,58% y el empleado o empleada del 0,12%. De esta manera, el MEI hará que los trabajadores ingresen una nómina neta ligeramente más baja que en 2023.
Este ejercicio, las pensiones contributivas subirán un 3,8% (frente al 8,5% de este año), conforme al IPC medio interanual, que se calcula entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Por su parte, las pensiones no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), subirán un 6,9% y las mínimas contributivas crecerán entre un 5,3% y un 6,9% a excepción de tres casos: la mínima de viudedad con cargas y la de jubilación con cónyuge a cargo y menos de 65 años se elevarán un 14% y la prestación especial de orfandad aumentará el 8%.
La segunda pata de la reforma de las pensiones recoge que, entre 2024 y 2027, las pensiones mínimas contributivas subirán por encima de la inflación para garantizar su suficiencia. En base a ello, la pensión mínima contributiva crecerá durante los próximos cuatro años hasta alcanzar en 2027 el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar con dos adultos y la mínima no contributiva tendrá que situarse en el 75% del umbral pobreza individual.
La subida confirmada supondrá un incremento de 637,7 euros al año para la pensión media del sistema, de 1.198,7 euros al mes en 14 pagas (1.244,25 euros en 2024). Teniendo en cuenta que la pensión media de jubilación contributiva se sitúa actualmente en 1.378,4 euros (dato de diciembre), con la subida, rondaría los 1.431 euros en 2024 (733,3 euros al año más). Esta es la pensión principal percibida en España: la cobran 6,3 millones de personas. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es ahora de 1.533,9 euros mensuales y se elevaría a 1.592,2 euros, mientras que la media de jubilación de los autónomos pasaría de 918,2 a 952,1 euros.
Al igual que el resto de pensiones contributivas (salvo las mínimas), la máxima subirá con el IPC. Sabiendo que en 2023 se sitúa en 3.059,23 euros al mes (42.829 euros al año en 14 pagas), con una revalorización del 3,8% se elevará en 116,25 euros al mes, hasta 3.175,48 euros (44.456,72 euros anuales). En 2024 no se aplicará todavía el destope de la pensión máxima inicial, que arrancará en 2025 y pasará por revalorizar la pensión máxima con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050.
Tras la reforma de las pensiones en dos fases llevada a cabo por José Luis Escrivá, ahora al frente de Transformación Digital y Función Pública, la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, deberá atar algunos cabos sueltos como la nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo.
Actualmente, sólo dos de cada 10 españoles mayores de 55 años están dispuestos a retrasar su jubilación, según la Fundación Mapfre, que achaca este bajo interés a los requisitos disuasorios de jubilación parcial, activa y flexible. Otros retos a los que deberá hacer frente Saiz son gestionar el traspaso de la Seguridad Social al País Vasco manteniendo la caja única y superar la primera evaluación de las cuentas de la Seguridad Social tras la reforma en 2025. Con información de La Razón.
