La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los expresidentes tienen derecho a cierto grado de inmunidad frente a la persecución penal, una gran victoria para Donald Trump que desliga el caso de subversión que arrastra desde las elecciones de 2020.
La mayoría conservadora de la corte, que Trump ayudó a crear, determinó por 6 votos a favor y 3 en contra que los presidentes estaban protegidos de ser procesados por acciones oficiales y que se extendían al «perímetro exterior» de su oficina, pero podían enfrentar cargos por conducta no oficial.
Trump está acusado de supervisar un extenso esfuerzo para subvertir las elecciones de 2020, incluidos dos cargos de conspiración para obstruir la certificación de los resultados electorales, conspiración para defraudar al gobierno y conspiración para privar del derecho al voto a los votantes.
Entre las acusaciones: Trump difundió afirmaciones falsas de fraude electoral, conspiró para reclutar listas falsas de electores, presionó a funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que abrieran investigaciones falsas sobre fraude electoral y presionó a su vicepresidente, Mike Pence, para que obstruyera la certificación del Congreso de la victoria de Joe Biden.
Para determinar si los supuestos intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 fueron actos oficiales, la Corte Suprema devolvió el caso a la jueza de distrito Tanya Chutkan, quien tendrá que revisar la acusación línea por línea.
La revisión se realizará bajo una prueba de tres partes: si una conducta particular es una función presidencial central que conlleva inmunidad absoluta, un acto oficial dentro del perímetro exterior de la presidencia que conlleva inmunidad presunta, o un acto no oficial que no conlleva inmunidad.
El tribunal dejó el análisis en manos de Chutkan. Pero el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, determinó preventivamente que las interacciones de Trump con funcionarios del Departamento de Justicia eran actos oficiales porque son parte de la rama ejecutiva y responden al presidente.
Roberts también determinó que las interacciones de Trump con Pence fueron presuntamente inmunes, ya que el hecho de que el presidente discutiera las responsabilidades con el vicepresidente fue un caso de conducta oficial. La carga de probar lo contrario recaía en los fiscales, escribió Roberts.
Y sobre el asunto de los comentarios de Trump el 6 de enero, Roberts escribió que probablemente también estaban protegidos, ya que los discursos presidenciales eran una función integral de la oficina. Pero la opinión también admitió que, en el caso de Trump, puede ser apropiado categorizar su discurso como el de un candidato a un cargo.
La parte más dañina del fallo para los fiscales será la prohibición de utilizar cualquier conducta que se determine como actos oficiales como prueba en el juicio. Los fiscales esperaban poder presentar actos oficiales, incluso si no eran acusados, como evidencia para mostrar la intención de Trump. CH
