La ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado hoy Europa. Porque hoy, la Eurocámara debate, en la sesión plenaria que está teniendo lugar en Estrasburgo la medida de gracia española a propuesta del Partido Popular Europeo (PPE), tras la luz verde recibida por parte del resto de grupos políticos de la Eurocámara. Bajo el título de «Amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España», ha contado con el voto a favor de populares; liberales (grupo en el que se encuadra Cs), los Conservadores y Reformistas (fuerza que incluye a Vox), además de Identidad y Democracia (grupo al que pertenece la Agrupación Nacional de Marine Le Pen). En contra, socialistas, verdes y la izquierda unitaria. Un debate que tiene lugar una semana antes de que el ministro de Presidencia y nuevo titular de Justicia, Félix Bolaños, viaje a Bruselas para explicar la ley.
La Comisión Europea (CE) ha asegurado que vigilará “muy de cerca” la tramitación en España de la ley de amnistía. Así lo indicó el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, al intervenir en el Parlamento Europeo.
A este respecto, Reynders señaló que la CE estudiará “con detenimiento, de forma independiente y objetiva” la ley de amnistía para verificar si cumple con la legislación y los “valores fundamentales” de la UE. “Les puedo garantizar que la Comisión seguirá muy de cerca esta cuestión”, afirmó.
El comisario señaló que, aunque la CE sigue pensando que la situación en Cataluña es una “cuestión interna” de España, está estudiando la proposición de ley de amnistía «en contacto» con el Gobierno español.
Indicó que, tras la petición de información desde Bruselas, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le envió una carta explicativa y mostró su “disponibilidad para el diálogo”.
Por otra parte, respecto al informe sobre la situación del Estado de derecho en España en 2023, el comisario se refirió a la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y revisar el procedimiento de elección del fiscal general, de forma que su mandato no coincida con el del Gobierno.
Para el PPE se trata de un tema de máxima prioridad política, tal y como apuntó ayer el jefe de filas de los populares europeos en la Eurocámara y presidente del partido, Manfred Weber. Según el político alemán, los socialistas, verdes y eurodiputados de izquierda unitaria han perdido «toda su credibilidad como guardianes del Estado de Derecho», al negarse a este debate mientras muchos ciudadanos españoles se manifiestan en las calles. Weber también acusó a Sánchez de haber preferido los votos de los separatistas catalanes, al no haber aceptado la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de una Gran Coalición a la alemana de populares y socialistas.
La jefa de los populares españoles, Dolors Montserrat, detalló que el objetivo de este debate es «hacer sonar la alarma» para que la Comisión «éste lista para actuar». Montserrat también hizo un llamamiento a los socialistas españoles para que «defiendan el Estado de derecho en Europa y no a quien pretende acabar con él en España». En la misma línea se expresaron los eurodiputados de Cs en una carta al grupo socialista.
Aunque no se espera resolución, en el debate intervendrán representantes de la Presidencia semestral, que recae en España, así como de la Comisión. También será una oportunidad para comprobar si el debate está copado por eurodiputados españoles, como en otras ocasiones en temas de política nacional, o existe una preocupación europea y eurodiputados de otras nacionalidades pide intervenir.
Por el momento, el Ejecutivo comunitario se ha mostrado prudente. Tras pedir información detallada a nuestro país antes de que el texto viera la luz, el Gobierno de Sánchez ha enviado ya la proposición de ley que ha comenzado a ser estudiada por los técnicos comunitarios.
Tras ser anunciado el nuevo Gobierno el lunes, Felix Bolaños llamó al comisario de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, para explicarles que la ley de amnistía es una asunto de política española y que no se está poniendo en entredicho el respeto al Estado de derecho. Reynders, por su parte, dejó claro que mantendrá un diálogo «muy concreto» con el Gobierno español sobre la amnistía «para responder a todas las cuestiones y ver qué es lo que está en juego». En principio, se espera que el ministro viaje a Bruselas la semana que viene para entrevistarse con los dos cargos europeos y aclarar dudas.
El pasado martes la Comisión Europea tuvo que salir al paso de las informaciones que apuntaban a una evaluación preliminar por parte del Ejecutivo comunitario. En todo caso, ahora Bruselas está estudiando si en el articulado de la ley de amnistía existe algún elemento que ponga en cuestión los intereses financieros de la UE.
Las instituciones comunitarias se han dotado de un mecanismo sobre el Estado de derecho que condiciona el desembolso de los fondos europeos a que se pongan en cuestión los intereses económicos de la Unión, lo que ha llevado a castigar a Polonia y Hungría por su deriva autoritaria. El artículo 2 del borrador de la ley de amnistía hace una mención expresa a que no se ponen en peligro estos intereses financieros y ahora Bruselas debe estudiar si esta promesa es cierta.
Además, Bruselas también está examinando si la ley abarca los denominados casos de «lawfare», la utilización espuria de los mecanismos de la justicia para la cacería política.
Aunque en el acuerdo entre PSOE y Junts se abre la puerta a que las comisiones parlamentarias puedan examinar este tema, lo que podría poner en cuestión la separación de poderes, la ley de amnistía solo se refiere a los actos que están vinculados de manera directa o indirecta al proceso independentista y no se menciona el «lawfare». Esto podría hacer más difícil que Bruselas actuara en este flanco, si las comisiones desembocan en alguna legislación específica que suponga la persecución de los jueces españoles. Con información de La Razón.
