«Antes creía que me haría mayor
poco a poco, año tras año.
Pero no. Uno se hace adulto de golpe y porrazo».
Haruki Murakami
Arturo Suárez Ramírez / @arturosuarez
Durante décadas, las desapariciones forzadas fueron una práctica tristemente emblemática de las dictaduras militares en América Latina, utilizada como una herramienta de terror para eliminar opositores, disuadir la disidencia y sembrar el miedo en la sociedad. Países como Argentina, Chile o Guatemala vivieron etapas oscuras donde el desfile de millas de personas se convirtió en un enigma cruel, un dolor perpetuo para sus familias y comunidades.
En MéxiNo cabe duda de que la 4T se metió como la humedad a todos lados causando problemas y destruyendo instituciones. Pensaron que las cosas marcharían mejor simplemente por el ejemplo de López Obrador y su discurso gastado de honestidad, que obviamente eso solo fue una bandera político electoral bien apuntalada con programas sociales.
En México costó mucho trabajo la confirmación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar, promover y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sobre todo, en un contexto de un país priistas, presidencialista y poco tolerante, ahí está el antecedente de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, el Halconazo del 71. Se estima que en la llamada guerra sucia hubo aproximadamente mil 500 desapariciones forzadas.
La presión social impulsó la creación de la CNDH en el segundo año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari como un organismo descentralizado, pero la oposición y la elección dudosa de 1988 hizo que en 1992 se reformara la Constitución para convertirse en un Organismo Autónomo. En aquella turbulenta administración por lo menos se documentaron 400 desapariciones.
El final del siglo pasado y el inicio de este, no se puede entender a la historia sin ese terrible fenómeno. Aunque todos los gobiernos han intentado minimizarlo solo es cuestión de tiempo para que los números aparezcan y la historia los juzgue, que lástima que sea una vez que ya no están. Con Ernesto Zedillo se estiman 167 desaparecidos, con Vicente Fox 811, con Felipe Calderón 120 mil 463, con Enrique Peña Nieto 52 mil 948.
Con López Obrador se suponía que las cosas iban a cambiar para bien, pero no, se fue con el México más violento de la historia, con aproximadamente 50 mil desaparecidos. En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum van 6 mil 500 en seis meses.
En México, la tragedia de las desapariciones forzadas y no localizadas ha alcanzado proporciones alarmantes. Casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que desaparecieron en septiembre de 2014 bajo circunstancias aún no del todo esclarecidas, continúan marcando la memoria colectiva del país.
A ello se suman los asesinatos de madres buscadoras, mujeres valientes que, ante la inacción de las autoridades, decidieron buscar por cuenta propia a sus hijos e hijas desaparecidos, y negligencias dolorosamente inexplicables, como las ocurridas en el Rancho Izaguirre, donde se hallaron restos humanos sin que hasta la fecha se tenga una respuesta contundente.
Ahí queda el llamado de la ONU sobre los desaparecidos en el país y sobre todo el triste, el lamentablemente papel que ha jugado Rosario Piedra Ibarra, la ombudsperson de la CNDH haciéndole el trabajo al gobierno de Claudia Sheinbaum y López Obrador. Ella fue elegida en dos procesos controvertidos, primero en 2019 que no alcanzó la mayoría calificada. Luego en el 2024 dónde fue la peor evaluada y entró de rebote a la elección final, pero Adán Augusto lo planchó para de nuevo imponer la, a pesar de que no era la candidata de Palacio Nacional. Diferentes colectivos calificaron de imposición esa elección y en diversas ocasiones le han exigido la renuncia.
En un país de desaparecidos como este, la CNDH tiene un presupuesto de mil mdp para trabajar con las víctimas y no intentar limpiar el tiradero del gobierno. Rosario Piedra Ibarra una fan de la 4T, sin independencia, enquistada en la CNDH… pero mejor ahí la dejamos.
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Hasta la próxima.
