Saied destituye a su primer ministro y se presenta a la reelección

El presidente tunecino, Kais Saied, continua con paso inexorable la transformación del país en un régimen calificado benévolamente de hiperpresidencialista, aunque otras veces más críticas lo califican abiertamente de autoritario.

La semana ha sido pródiga en acontecimientos que favorecen esa interpretación. El jefe del Estado de Túnez destituyó en la noche del miércoles al primer ministro Ahmed Hachani, sin que sus servicios de comunicación facilitaran la menor explicación.

Dentro del puro terreno de la conjetura, se baraja la hipótesis de que Saied se habría disgustado con su jefe de Gobierno por haber difundido esa misma tarde dos videos en los que explicaba las medidas adoptadas para combatir la severísima sequía que padece el país y la difícil situación por la que atraviesan los transportes públicos, respectivamente.

 A la fulminante destitución sin explicaciones le sucedió el inmediato nombramiento de Kamel Madouri, hasta entonces ministro de Asuntos Sociales, función en la que apenas se había desempeñado durante tres meses, al haber sustituido en el mes de mayo a Malek Zahi, destituido al mismo tiempo que el ministro del Interior, Kamel Feki. Como en el caso ahora de Hachani, los entonces destituidos Zahi y Feki se habrían mostrado “inoperantes” frente al malestar social y las crecientes protestas, tanto a causa del deterioro de las economías domésticas como de la progresiva desaparición de todas las libertades y derechos conseguidos en la revuelta que dio inicio a las mal llamadas “primaveras árabes”, todas ellas fracasadas y arrumbadas en el baúl de la historia.

Kais Saied ha hecho saber también esta semana que se presentará a las elecciones presidenciales, previstas para el próximo 6 de octubre. Elegido democráticamente hace cinco años, Saied operó un giro radical en julio de 2021, destituyendo al primer ministro  de entonces, suspendiendo el Parlamento, que posteriormente disolvería y atribuyéndose todos los poderes. Para ello, modificó la Constitución, que le otorgó entonces poderes absolutos, al tiempo que instauraba una nueva Cámara legislativa con poderes y atribuciones muy limitados.

Sabidas las intenciones de presentarse a un nuevo mandato presidencial por parte de Kais Saied, varios candidatos han intentado hacer lo propio, y se han encontrado con la sorpresa de ver obstaculizadas sus candidaturas por presuntas irregularidades administrativas o judiciales.

A principios de la semana, dos potenciales candidatos con serias posibilidades de recolectar gran número de votos, decidieron renunciar: el editor y propietario de varios medios de comunicación, Nizar Chaari, y el almirante en la reserva Kamel  Akrout. El primero vio cómo la policía arrestaba a varios de sus colaboradores más cercanos so capa de atribuirles intentos de soborno a funcionarios para conseguir los necesarios avales electorales. En cuanto al marino Akrout, se ha visto denegar la obtención de su historial judicial, equivalente a un certificado de falta de antecedentes penales, imprescindible para erigirse en candidato.

Otra figura muy popular en el país, el rapero y multimillonario, Karim Gharbi, más conocido por su alias, K2Rhym, no ha oficializado su candidatura, ya que cuando se aprestaba a hacerlo se vió investigado por la justicia, acusado también de intentar la compra de avales. De hecho, cuatro mujeres que habrían trabajado para él en dicho cometido, habrían sido detenidas acusadas de tal delito.

Y, en fin, la única mujer que hubiera podido amenazar el triunfo electoral de Saied, la jefa del Partido Desturiano Libre (PDL), Abir Moussi, se ha visto notificar la sentencia que la condena a dos años de prisión, por haber contravenido las disposiciones del decreto del propio Saied sobre la difusión de noticias falsas. Abir Moussi reivindica el legado tanto del padre de la nación, Habib Burguiba, como del derrocado dictador Ben Ali, pero la condena le impedirá concurrir a las elecciones, habida cuenta de la exigencia del régimen de Saied de presentar un certificado de penales impoluto.

El presidente arguye que “la ley se aplica a todo el mundo por igual”, y niega la existencia de persecuciones políticas. Sin embargo, un informe de Amnesty International, redactado tras la visita de cuatro días al país realizada por su secretaria general, Agnés Callamard, da cuenta de “una fuerte represión, agravada por detenciones arbitrarias de opositores políticos, así como de todo tipo de restricciones y perquisiciones contra quienes han manifestado su intención de presentar su candidatura, y con una vigilancia obsesiva contra los periodistas”.