A Joe Biden no le quedaba otro remedio que cumplir su amenaza de volver a imponer las sanciones sobre la importación del petróleo y gas de Venezuela, que había anulado provisionalmente con la firma de los Acuerdos de Barbados de octubre de 2023. Un compromiso que establecía el levantamiento de aquella y otras sanciones a cambio de que el régimen chavista-madurista de Venezuela se aviniera a convocar elecciones libres y con respeto a las reglas de la democracia.
Como es sabido, Washington cumplió su parte del pacto. No así el presidente Nicolás Maduro, que procedió a un endurecimiento de su acoso, hostigamiento y persecución a toda la oposición democrática, dureza que aumentó tan pronto como las elecciones primarias del conjunto de dicha oposición erigió unánimemente como candidata a María Corina Machado, a quién los sondeos pronto concedieron una victoria aplastante en su futuro enfrentamiento cara cara con Nicolás Maduro, que aspira a prolongar su estancia en el Palacio de Miraflores de Caracas otros seis años.
Uno tras otro, los siete miembros del equipo de Machado fueron boicoteados, detenidos y pronto acusados de todo tipo de delitos, tanto para evitar su actividad de campaña como para impedir que ese cara a cara con Maduro llegara a producirse. La tiranía chavista esgrimió una caprichosa inhabilitación de María Corina Machado para presentarse a los comicios del próximo 28 de julio. Un castigo administrativo que Caracas interpone cada vez que alguien osa intentar que Venezuela se parezca en algo a una democracia.
Ahora, Estados Unidos, a lo que parece ya convencido de que el régimen caraqueño le toma poco menos que por el pito del sereno, ha cumplido su amenaza de reimponer las sanciones contra los sectores petrolífero y gasistas venezolanos. Lo declaró el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, al señalar en su comunicado su inquietud por el hecho de que “Maduro y sus representantes hayan impedido a la oposición democrática inscribir al candidato de su elección, acosado e intimidado a los opositores políticos y detenido injustamente a los líderes y no pocos miembros de la sociedad civil”.
Pese a la dureza de semejante preámbulo, EE. UU. concede una nueva oportunidad de rectificación al apelar “de nuevo a Maduro a que permita a todos los candidatos y partidos políticos a participar en el proceso electoral y a liberar a todos los prisioneros políticos”. Estos últimos son 269 personas, según contabiliza la ONG Foro Penal.
A día de hoy, no parece que el comunicado de Washington vaya a cambiar las cosas en Venezuela. Maduro y sus secuaces saben que, si aflojan su brutal nivel de represión, el régimen caerá. Además, sus aliados del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo le animan a que continue su resistencia, aún cuando de vez en cuando deslicen alguna crítica con la boca pequeña respecto de algún exceso exagerado en sus medidas represivas, calificándolas a lo máximo de “poco democráticas” (Lula y Petro).
Las sanciones ahora reimpuestas se habían establecido en 2019 con el objetivo de sacar del poder a Maduro tras su reelección en 2018, considerada “ilegítima” por Estados Unidos y otros cincuenta países, que llegaron entonces a reconocer en su lugar a Juan Guaidó como el “presidente legítimo” de Venezuela.
Un lustro después, tanto Estados Unidos como muchos otros Gobiernos sancionadores reconocen no sólo que el régimen sigue en pie, sino que también ha burlado los efectos de las sanciones concluyendo acuerdos inconfesables pero evidentes con lo mejorcito de la geopolítica mundial, es decir Rusia e Irán, lo que le ha convertido en un enemigo potencialmente aún más peligroso.
Muchos de aquellos países e instituciones que secundaron en su día las sanciones, tratan ahora de buscar una vía conciliadora. Ahí está para demostrarlo la delegación de la Unión Europea, que ya trabaja en Caracas para que se la admita como “observadora” de las elecciones del 28 de julio. También se desplazarán este abril a Caracas tanto un panel de expertos de Naciones Unidas como una misión del Centro Carter de Estados Unidos.
No parece muy arriesgado pensar que tales observadores hagan mucha mella en el régimen. El actual ministro del Poder Popular de Petróleo, Pedro Tellechea, ha sido el primero en reaccionar con displicencia. “Las sanciones [reimpuestas] no tendrán el menor efecto sobre nuestra economía, cuya estabilidad está garantizada al máximo”.
Es evidente que en tales palabras no cuentan para nada ni el exilio económico y político de los ocho millones de venezolanos que se han exiliado del país, ni los actuales niveles de pobreza que sobrepasan el 90% de la población. Situación que por supuesto no afecta al muy opulento y desahogado núcleo del régimen chavista-madurista.
