El Ministerio de Seguridad Social al fin ha satisfecho una de las reclamaciones más insistentes de profesionales, periodistas y académicos especializados en pobreza y mercado laboral: ha detallado cuántas personas reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) actualmente, en vez de dar un dato acumulado de prestaciones otorgadas desde que fue aprobado en 2020. En España se benefician del IMV 557.405 familias, compuestas por 1.669.361 personas. El ministerio dice que no puede detallar qué porcentaje de los potenciales beneficiarios han solicitado la ayuda, pero da por buenos los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de 2022, que apuntaban a un 58%.

Los datos aportados este jueves por el ministerio señalan que la cuantía media percibida por los beneficiarios es de 500 euros mensuales brutos en 12 pagas. Las cifras varían en función de si la prestación se limita al apoyo a la infancia, si la incluye o si la combina. El perfil más común es ese último, del que se benefician 194.998 familias (un 35%) y que perciben una prestación media de 822 euros. Hay otras 181.075 familias sin ese complemento por menores a cargo, un 32% que recibe 526 euros mensuales. El tercio restante (181.332), beneficiados solo por la ayuda por infancia, es el que percibe una menor prestación, 127 euros.

Los datos de la Airef de 2022 se articulan con un desglose distinto, lo que complica la comparación, pero es la fuente que el ministerio da por buena para estimar si el IMV está llegando tan lejos como se esperaba. Esta institución señalaba que el IMV (que en su categorización diferencia esta prestación de los beneficiados por el apoyo a la infancia) llegaba a 284.000 de las 800.000 potenciales que podían percibirlo, un 36%. Con todo, fuentes del ministerio consideran que esos 800.000 ya no son una referencia adecuada, que ahora la cifra es menor gracias a la mejora del mercado laboral, pero no especifican un nuevo número. Asimismo, la Airef indicaba que un 58% de estos hogares potencialmente beneficiarios del IMV ni había solicitado la prestación. La Airef también señalaba que el complemento a la infancia beneficiaba a 274.000 de las 1,5 millones de familias con circunstancias como para percibirlo, un 18%.

En el Ministerio de Seguridad Social creen que estas cifras dan prueba de un “gran despliegue” del IMV, que desde 2020 ha alcanzado al 4,6% de la población. Fuentes del departamento reconocen los problemas en la implementación de esta ayuda, “dada su complejidad, ya que es muy complicado por el perfil del potencial beneficiario”. A la vez, creen que están resolviendo esas complicaciones. “Para la Seguridad Social ha sido un reto mayúsculo en el peor de los momentos, tras la merma de recursos sufrida durante la década pasada”.

En diciembre de 2020, primer año de vida del IMV, recibían la prestación 159.482 familias. En el mismo mes de 2021, 249.915. El mayor incremento registrado hasta ahora es el de 2022, de un 63% hasta 406.635. El incrementó se moderó a un 23% hasta diciembre de 2023, hasta dejar la cifra en 501.991. En los dos últimos meses ha habido un gran salto, hasta las 557.405 familias beneficiaras. En términos económicos, el IMV de estas personas cuesta 346 millones de euros. Desde 2020, el Estado ha dedicado 9.650 millones de euros a esta ayuda asistencial.

Según las cifras aportadas por la Seguridad Social, cada prestación beneficia a unas tres personas de media. Asimismo, ellas son las que más se encargan de solicitar la prestación: el 67% de los titulares son mujeres. Con el foco en el número de beneficiados se diluye la diferencia, con un 53% de mujeres. La edad media de los beneficiarios es de 28 años, que al compararla con la edad media de los titulares (45), da cuenta del volumen de niños y adolescentes a los que llega el IMV. Un 17% de los que piden la ayuda son extranjeros, en línea con el 15% de este grupo supone en el total de la población.

Por territorios, el mayor volumen de beneficiario del IMV se encuentra en Melilla, un 11,6% de la población, seguido del 10,4% de Ceuta, el 8,1% de Jaén, el 7,4% de Sevilla y el 7,3% de Córdoba. En el otro lado de la balanza están Baleares (1,6%), Barcelona (1,8%), Madrid y Gipuzkoa (ambas con un 2%).

Con información de Cinco Días/Emilio Sánchez.

El Ministerio de Vivienda ya tiene lista la pieza fundamental para aplicar la medida más polémica que recoge la Ley de Vivienda, la limitación de los precios de los alquileres en las denominadas áreas tensionadas. El departamento que dirige Isabel Rodríguez ha presentado hoy el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler, que va a publicar a lo largo del día en su web. Un mecanismo que, según ha explicado el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, se empezará a aplicar el próximo 13 o 14 de marzo en Cataluña en el área tensionada que abarca 140 municipios que ha solicitado esta comunidad autónoma y que, según los ejemplos que ha presentado Lucas, establece precios hasta un 48% inferiores a los de mercado.

Como ha recordado Lucas, la Ley de Vivienda recoge que los alquileres en las denominadas áreas tensionadas serán topados en todos los casos, tanto para grandes como pequeños propietarios, así como para contratos de inmuebles que ya estén en el mercado de alquiler y para nuevos. En el caso de los pequeños propietarios, los topes se establecerán mediante la indexación en la renovación del contrato a la renta anterior, aunque se permitirán pequeños aumentos de precio si la vivienda ha sido mejorada. Cuando el propietario sea un gran tenedor -persona física o jurídica con diez o más viviendas, o cinco si lo decide así la comunidad autónoma de turno-, no sólo se tendrá en cuenta el contrato anterior sino también el índice de referencia y se establecerá en la renovación el precio más bajo, según ha recordado hoy Lucas.

En el caso del índice de referencia, no se tratará de un precio fijo, sino de un rango que se fijará a partir de una serie de características de la vivienda tales como la superficie, el estado conservación, si tiene ascensor o no, aparcamiento, año de construcción, zonas comunes y otras características. El objetivo de este rango, ha explicado Lucas, es que las viviendas «con menos valor» no puedan incrementar su precio al ser equiparadas con viviendas de mayor calidad en la misma zona.

Para confeccionar el sistema, Vivienda ha tomado como referencia los datos sobre arrendamientos incluidos por los propietarios en sus declaraciones de la renta, con lo que los datos usados para el de este año serán los de 2022. Lucas ha explicado que el índice se revisará anualmente con estos datos.

El índice, según ha detallado el cargo de Vivienda, estará disponible este mismo martes en la web del ministerio, si bien Lucas ha explicado que es necesario dar un plazo de diez días hábiles para examinar las propuestas de cada comunidad autónoma para establecer este índice en sus zonas. Una vez examinadas y si todo es «correcto», se declarará la zona tensionada y a partir del plazo legal establecido -uno o dos días- se podrá aplicar el límite del alquiler a la zona declarada como tensionada, que pueden ser declaradas cuando el pago de la vivienda suponga un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de la zona o que los precios hayan subido más de tres puntos porcentuales por encima del IPC en los últimos cinco años.

Hasta ahora, sólo Cataluña ha solicitado que se declare área tensionada a una zona que abarca 140 municipios y, según los tiempos que maneja Vivienda, la fecha estimada para que el control de precios se aplique sería el 13 o el 14 de marzo. No obstante, ha añadido que tanto Asturias como Navarra, así como algún municipio vasco, han expresado interés verbal en el índice. En al caso navarro y vasco, al tener regímenes fiscales propios, Vivienda todavía debe culminar los trabajos para poder aplicar el índice.

Lucas ha explicado que el índice tendrá un importante efecto sobre los precios a tenor de los datos que manejan. Así, a modo de ejemplo, ha asegurado que una vivienda en la Calle Valencia de Barcelona que se alquila en un portal inmobiliario a 1.660 euros tiene un precio en la parte alta del rango del índice de 984 euros, mientras que otras que se ofertan a 1.172 y 1.827 tendrán un precio máximo con el índice de 847 y 951 euros, respectivamente.

El número dos de Vivienda ha explicado que el sistema no afectará a los alquileres en vigor de las zonas tensionadas sino a aquellos que vayan venciendo y se tengan que renovar. A las nuevas viviendas que se incorporen en alquiler y que no hubieran estado cinco años antes en el área tensionada, también se les aplicará.

Con información de La Razón.