jueves, marzo 26, 2026
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Tácticas para recuperar el dinero de las tarjetas revolving

La reciente doctrina del Tribunal Supremo ha supuesto un antes y un después para los consumidores afectados por las tarjetas revolving. La Sala Primera del Alto Tribunal ha dictado dos sentencias clave (154/2025 y 155/2025, ambas del 30 de enero) en las que declara la falta de transparencia y la abusividad de las cláusulas de los contratos de tarjetas revolving, abriendo la puerta a que miles de consumidores puedan reclamar la devolución de los intereses pagados de más.

España se encuentra entre los países europeos con los intereses más altos en tarjetas revolving. Según datos recientes del Banco de España, algunas tarjetas en el mercado nacional superan una TAE del 20%, situándose entre las opciones de financiación más costosas del continente. Las tarjetas revolving permiten financiar compras a plazos, pero su estructura de amortización indefinida y sus elevados intereses han generado una deuda creciente y difícil de saldar para muchos usuarios.

En numerosos contratos, la amortización mínima prolonga el pago de intereses de forma excesiva, convirtiendo al titular en un «deudor cautivo», tal y como ha señalado el propio Tribunal Supremo.

Documentación necesaria para reclamar por los intereses abusivos de las tarjetas revolving: 1) Para iniciar una reclamación, los afectados deben recopilar la siguiente documentación; 2) contrato de la tarjeta donde se reflejen los tipos de intereses aplicados y los emails de confirmación; 3) comunicaciones con la entidad financiera, tanto por escrito como electrónicas; 4) recibos o movimientos mensuales donde se vean reflejados los cargos e intereses cobrados; 5) cuadro de amortización del crédito, que permita visualizar la evolución de la deuda y los intereses pagados; 6) consejos para reclamar tu dinero; 7)  recopila documentación: reúne el contrato, los extractos bancarios y todas las comunicaciones con la entidad bancaria; 8) calcula los intereses: Determina el importe de los intereses pagados en exceso; 9) reclamación extrajudicial: Presenta una reclamación por escrito ante el servicio de atención al cliente de la entidad financiera, exigiendo la devolución de los intereses abusivos. Y, 10) reclamación judicial: Si la entidad financiera no responde o la respuesta no es satisfactoria, se puede interponer demanda judicial.

¿Qué ocurre si la entidad financiera ha sido absorbida por otra? Sí se puede reclamar. La empresa absorbente se subroga en la posición jurídica de la empresa absorbida, por lo que asume la responsabilidad de las reclamaciones relacionadas con los productos financieros de la entidad anterior. El procedimiento es el mismo, solo cambia el nombre de la entidad a la que debe dirigirse la reclamación.

Isabel Luaces, CEO de Dilner Abogados y experta en derecho empresarial, advierte: «La falta de transparencia ha sido un factor clave en la comercialización de estas tarjetas. Muchos consumidores han pagado intereses excesivos sin comprender realmente el producto que estaban contratando. Ahora, el Tribunal Supremo confirma que pueden reclamar lo abonado de más, lo que en algunos casos puede suponer decenas de miles de euros”.

La nueva doctrina judicial exige que los consumidores reciban información clara sobre la naturaleza indefinida de la deuda, el impacto de los intereses elevados y la escasa amortización de capital en el caso de cuotas bajas. Según Luaces, las entidades financieras han aplicado en muchas ocasiones el sistema revolving sin permitir que el cliente compare con otras opciones más favorables:

«El problema no es solo la usura, sino que estos contratos han sido abusivos por falta de transparencia. Si el consumidor no entiende cómo funciona la recomposición del crédito, el efecto bola de nieve de intereses y la duración indefinida del pago, se convierte en una situación de endeudamiento permanente”.

Antes de firmar el contrato, el consumidor debe recibir información sobre la elevada TAE, el sistema de amortización, el mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses. La información debe ser suficiente para que el consumidor comprenda el producto, los riesgos del plazo prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés y la acumulación de intereses (anatocismo).

El Tribunal Supremo ha fijado que el plazo para reclamar la devolución de lo abonado de más por intereses abusivos es de cinco años, a contar desde el último pago indebido, conforme al Código Civil. CH

El otro dinero que fluye por las cañerías de la economía

Sobre el euro digital: “Es muy importante que quien quiera seguir pagando en efectivo, pueda seguir haciéndolo, estamos en un mundo en el que no va a desaparecer el efectivo, porque es la solución de usar el dinero, para una parte importante de la población”

Santiago Carbó, director Ejecutivo del Observatorio de Digitalización Financiera del think tank Funcas. 

Abordamos un tema resbaladizo y complejo que, aunque pueda parecer lo contrario no somos el único país con su problemática, porque dentro de la UE, en mayor grado en el resto del mundo, aguas de oscuras tonalidades circulan con inusitado volumen por las cañerías mas opacas de sus economías. En nuestro caso y dentro del territorio circundante europeo, las cifras que ofrece nuestra economía en la sombra están entre las más abultadas. Parece innecesario entrar en su definición, porque a nadie se nos oculta que es el volumen total de dinero negro que circula en un país, es decir, el conjunto de transacciones no declaradas legalmente a las autoridades monetarias o fiscales competentes. De todos, es tan repetido escuchar conversaciones de este tipo: ¿Con o sin IVA?. Ah, pues sin IVA, claro. ¿Puedo con tarjeta? No, tiene que ser en efectivo.

ECONOMIA ILEGAL Y ECONOMIA INFORMAL

La Comisión Europea en concreto, se refiere a la misma como aquella actividad remunerada que, siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es declarada a las autoridades públicas. En su caso, para la OCDE, comprende aquellas actividades que son productivas en sentido económico y relativamente legales (dependiendo de estándares y regulaciones), pero son ocultadas deliberadamente a las autoridades públicas. En ambos casos la cuestión contempla dos epígrafes: la llamada economía ilegal, que incluye todas aquellas actividades que están prohibidas (drogas, tráfico de armas, lavado de dinero…) o la economía informal que se refiere a las actividades económicas que no están prohibidas pero que no se declaran.

El estudio recientemente publicado en la Revista de la Asociación Económica Europea titulado “Repensando la economía informal y el efecto Hugo”, ofrece una nueva perspectiva sobre la magnitud de la informalidad económica entre los veintisiete. En el caso de España a la economía informal se le atribuye un peso del 24% del PIB, solo por detrás de Grecia (36%) e Italia (31%), mientras que en países como Alemania (13%) o Francia (14%) es mucho más baja. En este estudio una de las observaciones más curiosas son las del efecto Hugo, que demuestra que la economía sumergida tiende a aumentar durante los periodos de recesión, porque la formalización del trabajo y de la producción se ve limitada, lo que empuja a las empresas y a las personas hacia la informalidad, mientras que en los periodos de crecimiento tiende a reducirse.

EL CRECIMIENTO DISMINUYE LA ACTIVIDAD EN LA SOMBRA

Este estudio confirma que, un aumento del 1% en el crecimiento del PIB conduce a una disminución aproximada de 0,60 puntos en la proporción de economía sumergida en aquellos países analizados. Asimismo, subraya que la volatilidad de la economía sumergida, medida por la fluctuación de su tamaño a lo largo del tiempo, es mucho mayor en los países con mayor informalidad, caso de España, Grecia e Italia. Lo que prueba la relación entre el ciclo económico y el tamaño de la economía sumergida, muy especialmente en los países más vulnerables a los cambios económicos. Siendo necesario aclarar y confirmar, que el volumen de esta economía no se computa, se escapa de contribuir a PIB de la nación de que se trate. Es evidente que constituiría un plus en la cuantificación de algo que está sumando y mucho en la realidad, pero que no alcanzan a recoger las cifras oficiales.

En nuestro caso lograr una reducción de la economía sumergida asociada a la informalidad y la evasión fiscal, permitiría mayor capacidad del Gobierno para financiar servicios públicos esenciales, aumentar el gasto social o reducir la deuda soberana, que alcanza una cuantía tan elevada y poco deseable en nuestro país, así como mejorar la sostenibilidad fiscal y reducir la presión sobre el sistema tributario formal.

FACTORES QUE LA PROPICIAN

La elevada carga tributaria en el caso de España junto al aumento de la precariedad laboral, maquillada con contratos fijos, fomenta la economía sumergida en aquellas actividades que exigen menor cualificación y donde el trabajador se encuentra más desprotegido, siendo también más probable en pequeños negocios con uso intensivo de efectivo, donde se cumpla el llamado binomio rentabilidad-riesgo, de modo que cuando más rentable sea el fraude y el riesgo que se corra menor, aumentaran los incentivos para participar en esta economía paralela. Surge una cuestión en nuestro caso, sobre si las medidas como la reducción de la jornada laboral, el MEI o el aumento del SMI, así como el exagerado y creciente número de regulaciones, no dejan de dar alas a este fenómeno.

En un estudio reciente de los economistas Francesco Pappadá y Kenneth Rogoff, estiman que la economía sumergida de los grandes países representa de media un 17%, mientras que los países en desarrollo esta cifra llega a alcanzar el 33% del PIB.  Por otra parte, el mismo estudio refleja la variación de este tipo de economía entre 1999 y 2020, apreciando subidas de hasta el 7% en países como España y Letonia y del 6% en Bulgaria y Republica Checa, mientras que en Bélgica, Dinamarca, Austria, Alemania e Italia solo suben un 1%. Los datos de estos dos economistas son los que elevan el peso de esta economía en el caso de España al 24%, cuando el Banco Mundial los situaba en 2021 en el 21% y el Parlamento Europeo en torno al 18% del PIB. En el caso de Andalucía por las diferentes fuentes consultadas su economía sumergida podría estar en el 27 %, solo superada en el ámbito regional por Extremadura que ronda el 30%.

CON NUEVOS ENFOQUES DE MEDICIÓN

La realidad es que, los métodos anteriores de los economistas para medir esta economía se basaban en aproximaciones indirectas, como la circulación de efectivo o el consumo de electricidad, o inferencias basadas en modelos macroeconómicos muy estructurados. Sin embrago el análisis de estos dos economistas, uno de ellos, Rogoff, fue economista en jefe del FMI, utilizan un nuevo enfoque algorítmico, el IVA y encuestas de consumo. Asimismo, el pasado año se publicó el informe “Fiscalidad de la economía informal en la UE”, siendo sus autores Friedrich Schneider, y Akban Asllani, expertos en economía “B”, estos ponen de manifiesto que, al contrario de lo que pudiera pensarse inicialmente que se había producido una reducción de la economía sumergida debido a la expansión de medios de pago digitales y las regulaciones de ciertas situaciones informales como consecuencia del Covid. Esta creció en la citada etapa por encima de los países de su entorno, haciéndolo en España un 9.74% en relación al 2019, frente al 8% de Italia. Esto viene a demostrar que la actividad de esta economía ha aumentado y, además lo ha hecho en un contexto en que el uso de efectivo ha caído en favor de la tarjeta de crédito/débito y otras formas de pago digitales, en un periodo donde las actividades más propensas para generala, la hostelería, permanecieron cerradas y otros sectores propensos como la agricultura y el transporte muy tocados.

¿EXITEN RAZONES PARA OCULTAR LA ACTIVIDAD?

El departamento de estudios de Funcas también insiste en destacar entre las razones para ocultar la actividad: la mala relación entre impuestos pagados y prestaciones recibidas, elevado flujo migratorio, excesiva regulación y complejidad de las obligaciones tributarias, administrativas y laborales, exención de los que defraudan, falta de conciencia cívica e ineficacia para combatir el fraude. Según las estimaciones disponibles, Canarias, Andalucía, Castilla La Mancha y Galicia serían las comunidades más propensas a la economía informal. En el otro extremo Madrid, seguida de Cataluña, Asturias y Cantabria serían los territorios con menos actividades ocultas. En cuento a la incidencia en las distintas comunidades autónomas (ver apoyos gráficos), el mayor porcentaje lo ostentan Extremadura con un 29,1% y Andalucía con el 27,3%, prácticamente lo mismo que Castilla-La Mancha con el 27,2%. La menor incidencia: Galicia con un 13,9% y Madrid con un 16,2%. La media para España, de estos datos en concreto, un 23,1%. Hay que advertir que puede existir cierto desfase en los mismos, porque la muestra cuenta con cierta antigüedad.

¿LA AMENAZA DEL EURO DIGITAL?

El euro digital es un proyecto del Banco Central Europeo (BCE) para emitir su propia moneda digital, utilizando la tecnología blockchain, que será el equivalente electrónico al efectivo, funciona, no reemplazándolo, de forma paralela al euro, a diferencia de las criptomonedas, el euro digital estaría respaldado por el propio Banco Central europeo, y funcionaría como un medio de pago electrónico dentro de los países que tienen el euro como moneda.

El BCE viene intensificando los planes para la implantación del euro digital, adelantando su lanzamiento a octubre del 2025. Aunque este organismo sostienes que será un complemento del efectivo físico y no un sustituto, su propia presidenta contradice esta postura, afirmando que el anonimato total, como el que ofrece el efectivo, no es una opción viable para la nueva moneda digital.

Lo que nos queda por ver es si la futura implantación de esta figura, junto a la paulatina desaparición del efectivo, son herramientas eficaces en la lucha contra la economía sumergida o si serán meros mecanismos de control de los ciudadanos y reducción de las libertades. Algo, ciertamente muy preocupante

LAS INVERSIONES ENTRE EL PANICO Y EL MIEDO

El panorama se ha complicado de forma preocupante con la batería de aranceles, la mayor desde la Gran Depresión, impuesta arbitraria y abusivamente por un Trump en el colmo de su senilidad, que conllevará para Europa, cuando empezaba a despertar de su letargo, una parada en seco y enfrentarse a las expectativas nefastas de una crisis mundial. Los niveles que alcanza el oro, sobrepasando los 3.167 dólares la onza, como activo refugio, son una muestra del pánico desatado a escala planetaria. La caída del petróleo que mide las expectativas de actividad, otro tanto.

Desde nuestra perspectiva actual, se nos antoja que Estados Unidos, no está midiendo bien las consecuencias de esta auténtica autarquía a la que somete a su propio país, un autentico tiro en el pie, que le provocará aumento de la inflación y bajada del crecimiento, también forzar a cambiar la FED su política de contención en la bajada de tipos. Mientras Wall Street y el resto de las bolsas mundiales entonan un réquiem lastimero por la economía mundial. En estas circunstancias donde va a prevalecer la incertidumbre, la volatilidad y el riego, es aventurado hacer previsiones y lo honesto aconsejar refugiarse, mientras el panorama no se aclare, en los socorridos cuarteles de invierno. Aunque ya se sabe, en tiempos revueltos ganancias de pescadores. CH

Palabras Más / Tragedia en Brooklyn

Es el deber de todo individuo, hacer lo que quiera hacer,

pensar lo que quiera pensar,

 no responder a nadie excepto a sí mismo,

 y cuestionar toda idea y a todo individuo.

Jean Paul Sartre

Arturo Suárez Ramírez / @arturosuarez

La inesperada tragedia que envolvió al buque escuela Cuauhtémoc, emblema naval de México y símbolo de diplomacia marítima, ha sacudido no sólo a la Armada, sino a dos naciones unidas por el dolor. Este navío, conocido por surcar los mares del mundo como embajador de buena voluntad, colisionó contra uno de los pilares del histórico puente de Brooklyn, en Nueva York, provocando la muerte de dos marinos mexicanos y dejando a varios más heridos.

Tras una falla en el sistema eléctrico, el Buque Cuauhtémoc se impactó con el puente de Brooklyn, en Nueva York, dejando un saldo de dos personas muertas y otros 20 marinos mexicanos heridos, el buque tiene más de 42 años de historia, además de que ha recorrido decenas de países, además de que ha formado a 43 generaciones de capitanes, oficiales y cadetes.

El objetivo, de acuerdo con la Marina, era “exaltar el espíritu marinero, fortalecer la educación naval y llevar el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a los mares y puertos del mundo”.

Por un lado, aquellos que se dicen oposición haciendo comentarios duros contra el mando de la nave, como si en verdad se tuviera el conocimiento suficiente para pronunciarse sobre un tema técnico de tal envergadura, eso lo digo porque hasta la calificaron, en otros casos circularon imágenes diciendo “todo lo que toca la 4T termina mal”.

Por otro lado, los jilgueros del régimen contestando a los primeros y también calificando de “accidente”, de igual forma como si tuvieran los conocimientos en el tema o fueran peritos en asuntos náuticos. Así que mal los primeros y los segundos, pero así está la efervescencia en el país, cualquier cosa es buena para darse con todo.

Ahí quedan las imágenes para el registro de los simpatizantes de Morena que habían usado al Cuauhtémoc, unas horas antes de la desgracia, como set para grabar mensajes llamando al voto en la próxima elección del Poder Judicial. Luego la solidaridad de personajes como Fernández Noroña con los familiares de las víctimas, después decir que los de la derecha son carroñeros y es precisamente, en esa acción, que el presidente del Senado le entra al juego.

Con todo y el dolor de la tragedia… ¿Cómo se van a perder una oportunidad de subirse a las tendencias?

La tragedia siempre las ha redituado, así han vivido, sumándose a causas como la de los 43 normalistas desaparecidos, si alguien lucró con eso fueron los humanistas, pero cuando tuvieron la posibilidad y responsabilidad de la investigación y resolver, simplemente no pudieron.

Mal unos y otros sacando raja política de una tragedia, la investigación se hará en Estados Unidos y sabremos quiénes fueron los responsables… pero mejor ahí la dejamos.

Escríbeme tus comentarios al correo suartu@gmail.com y sígueme en la cuenta de Instagram en @arturosuarez_.

Hasta la próxima.

Alcaldes piden ayuda a Bruselas ante la crisis de vivienda

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este jueves en Bruselas el Plan de Acción Europeo de Vivienda elaborado por la alianza de grandes ciudades europeas, y lo ha hecho acompañado de la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y por el comisario del ramo, el danés Dan Jorgensen. La alianza de ciudades europeas Mayors for Housing, que cuenta con 16 miembros tras la incorporación de Dublín, ha puesto sobre la mesa un documento en el que propone a la Unión Europea la creación de un nuevo Fondo Europeo de Vivienda Assequible, que movilice 300.000 millones de euros al año mediante fondos públicos y privados, para la construcción de vivienda social y la renovación del parque ya existente.

También se insta a que las ciudades participen directamente en el diseño e implementación de los programas europeos, así como en la reforma de normas sobre ayudas estatales. También consideran clave tener en cuenta la figura de zonas tensionadas como receptoras prioritarias de financiación, y piden flexibilizar las reglas fiscales para permitir mayor inversión pública en vivienda.

Las 15 ciudades originales han calculado una necesidad conjunta de 80.000 millones de euros para construir 200.000 viviendas nuevas y renovar un millón más de aquí a 2030, ante el incremento de los alquileres (60%) y de los precios de compraventa (78%) en la última década.

Los alcaldes, además, consideran que se necesitan medidas concretas desde las instituciones europeas, como condicionar las políticas de vivienda de los Estados miembros a través del Semestre Europeo y los Planes Nacionales de Renovación de Edificios, «con el objetivo de aumentar las inversiones públicas en vivienda social y asequible, y fomentar la aplicación de políticas fiscales y regulatorias eficaces para abordar la desocupación, evitar la especulación inmobiliaria y preservar la vivienda pública». Además, reclaman la activación de la “cláusula de escape nacional” de las reglas fiscales europeas -como se hará con la defensa- para permitir «que la inversión en vivienda social, asequible y sostenible quede excluida de los cálculos de déficit y deuda», emulando la flexibilidad que actualmente se quiere empezar a aplicar al gasto en seguridad.

Asimismo, ven necesaria la reforma de las normas sobre ayudas de Estado para servicios considerados de interés general, con el fin de poder promover más vivienda asequible, y, por último, las ciudades reclaman «hacer cumplir las obligaciones de intercambio de datos por parte de las plataformas de alquiler de corta duración, en particular mediante la aplicación en toda la UE de la regulación de este tipo de alquileres en 2026, de manera que se puedan aplicar adecuadamente las restricciones vigentes a nivel local».

En la comparecencia posterior, Teresa Ribera sostuvo que «han llegado propuestas, haremos lo posible sobre algo que es completamente nuevo, vamos a decir, en términos de políticas europeas, pero donde creemos que nosotros desde la Comisión necesitamos también proporcionar apoyo e identificar las mejores herramientas y capacidades disponibles para luchar contra este problema». Por su parte, Jorgensen añadió que la situación es ya insostenible: «En demasiadas ciudades, demasiadas personas no pueden alquilar una buena vivienda. Esto es, por supuesto, inaceptable. Es inaceptable que la gente con trabajos normales, pero muy importantes para nuestras sociedades, como policías, oficiales, médicos o profesores, no pueden alquilar una buena vivienda en las ciudades a las que sirven».

«Es una prioridad para esta Comisión ayudar a resolver esta crisis», sentenció el comisario danés, que calificó a las ciudades como «la línea de frente» para resolver la crisis de la vivienda. Jaume Collboni defendió que los alcaldes tienen «las ideas claras» ante el reto: «Nuestro mensaje es claro. El plan es la prueba de nuestra voluntad de colaborar activamente en el desarrollo del plan de vivienda asequible a nivel europeo».

Al mismo tiempo, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, sostuvo ante los medios que el foco tiene que ponerse también en la vivienda social. «Creemos que primero necesitamos establecer un fondo de emergencia para que las ciudades puedan desarrollar proyectos de vivienda social y asequible». Habló entonces de la «tensión» del mercado y del caso italiano en concreto. «No tenemos en muchas ciudades suficientes casas en este segmento. Tenemos un problema en la vivienda social para la clase media, jóvenes o estudiantes». Y por eso los alcaldes han reclamado tener «poder» en la toma de decisiones, además de fondos «para poder rápidamente empoderar y hacer posible que las ciudades implementen medidas frente a esas necesidades».

Bruselas amenaza a la china TikTok con una multa millonaria

Tiktok
Tiktok

La Comisión Europea ha amenazado a TikTok con una multa multimillonaria de hasta el 6% de su facturación global anual. Según una estimación preliminar del Ejecutivo comunitario, esta red social no está respetando la legislación comunitaria sobre servicios digitales. Los ingresos de la red social china ascendieron a 23.000 millones de dólares en 2024, por lo que debería pagar unos 1.232 millones de euros si se confirma esta sanción máxima.

Concretamente, Bruselas considera que TikTok no otorga la información suficiente sobre sus anuncios, los usuarios seleccionados y quién sufraga estos anuncios. Aunque de momento no se trata de una decisión definitiva, la red social china podría enfrentarse a una sanción multimillonaria y a un procedimiento de supervisión reforzado hasta que cumpla lo estipulado. Además, también se podrían imponer multas periódicas.

La normativa europea obliga a un archivo de anuncios que permita inspeccionar los riegos de los sistemas de publicidad y segmentación. Según explica el Ejecutivo comunitario, este registro de anuncios resulta prioritario para que se puedan detectar anuncios fraudulentos o campañas de desinformación asociadas a procesos electorales.

Este veredicto preliminar de la Comisión Europea está basado en una investigación en profundidad después de haber consultado documentos internos de la compañía, entrevistado a expertos y examinado el funcionamiento de las herramientas de la red social. Ahora la empresa tiene la posibilidad de defenderse y contestar por escrito a todas las dudas de la Comisión Europea. Este veredicto preliminar no prejuzga el resultado final.

El Ejecutivo comunitario también abrió una investigación contra TikTok en diciembre de 2024 por su gestión de los riesgos relacionados con los procesos electorales, pero todavía no se ha llegado a una conclusión. El posible papel de la red social china en una campaña de desinformación sufragada desde el exterior a favor del candidato prorruso Calin Georgescu incluso llegó a desembocar en la anulación de las elecciones presidenciales en Rumanía, que han tenido que volver a repetirse.

Además, en el mes de abril se anunció una multa de 500 millones de euros a TikTok por enviar datos de usuarios europeos a China de manera ilegal al violar el Reglamento General de Protección de Datos de la UE. En este caso, esta sanción ha sido impuesta por la autoridad reguladora irlandesa.

Si viajas a EUA, cuidado podrías llevarte una sorpresa en Aduanas

Si a la administración Trump le preocupa que su retórica agresiva esté costando dólares a los turistas, no lo está demostrando. Durante una reciente conferencia de prensa sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, el vicepresidente JD Vance bromeó sobre deportar a los fanáticos del fútbol que se quedan más tiempo del esperado. «Tendremos visitantes de cerca de 100 países. Queremos que vengan…» —dijo Vance—. «Pero cuando se acabe el tiempo, tendrán que irse a casa.

A juzgar por la disminución de visitantes, muchas personas han decidido que un viaje a  Estados Unidos simplemente no vale la pena correr el riesgo en este momento.

El panorama genera es difícil cuantificar exactamente cuánto han cambiado las cosas en la frontera desde el inicio del segundo mandato de Trump. Ha habido muchas historias aterradoras en las noticias, pero eso podría no reflejar un cambio de política, solo podría significar que los medios están prestando más atención al tema. Murali Bashyam, un abogado de inmigración con sede en Carolina del Norte, cree que si bien «hay más problemas en el puerto de entrada que antes», los temores de ser detenido «son exagerados hasta cierto punto».

Otros abogados de inmigración están más preocupados. Camille Mackler, directora ejecutiva de una colaboración de proveedores de servicios legales llamada Immigrant Arc, enfatiza: «Las cosas han cambiado fundamentalmente, aunque es más difícil decir si ese cambio está ocurriendo sistemáticamente a nivel de aeropuerto o a nivel de oficial individual». Pero, dice, parece haber una tendencia clara: «La administración Trump quiere aumentar las cifras de deportación, y van tras cualquier caso que puedan. La aplicación de la ley se ha vuelto mucho más agresiva».

Según Golnaz Fakhimi, director legal de Muslim Advocates, uno de los mayores cambios es «el ataque a los no ciudadanos en función de puntos de vista e ideología». Hay dos órdenes ejecutivas que preparan el escenario para este ataque: EO 14161 Protegiendo a los Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública, y EO 14188, Medidas Adicionales para Combatir el Antisemitismo. La primera Orden Ejecutiva sienta las bases para deportar o negar la entrada a los extranjeros en función de sus opiniones políticas y culturales. El segundo utiliza una definición amplia de antisemitismo que incluye la crítica a las políticas o al gobierno de Israel.

Desde que Trump aprobó esas órdenes, dice Fakhimi, «ha habido mucha retórica que refuerza esas políticas y hemos visto casos reales de lo que parece un escrutinio basado en puntos de vista. Todo esto apunta a un tipo de riesgo del que los no ciudadanos, incluidos los residentes permanentes legales, deberían ser conscientes, especialmente cuando se trata de la expresión ideológica».

También es prudente asumir que tu actividad en las redes sociales ha sido examinada. «Los identificadores de redes sociales ahora son obligatorios en algunas solicitudes de visa», dice Sophia Cope, abogada principal del equipo de libertades civiles de la Electronic Frontier Foundation. «Hemos escuchado informes anecdóticos de agentes que hacen referencia a las redes sociales durante los interrogatorios».

Cuando se trata de la recopilación de inteligencia en la frontera, los funcionarios tienen carta blanca (definitivamente querrás borrar tus desnudos). Después de que tu vuelo internacional aterrice en suelo estadounidense y antes de pasar por la aduana, se encuentra en una especie de tierra de nadie en relación con los derechos civiles.

«El requisito normal de la cuarta enmienda de una orden judicial o una sospecha individualizada no se aplica», dice Nate Freed Wessler, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Sin embargo, algunos estados ofrecen un poco más de protección que otros. En el noveno circuito, que cubre el oeste de Estados Unidos, las reglas son «más protectoras», dice Wessler. «Para una búsqueda manual (en la que un agente simplemente se desplaza por su teléfono), no se necesita una sospecha individual, pero la búsqueda debe ser de contrabando digital, como documentos clasificados.

Sin embargo, no tienen acceso a todo lo que hay en tu teléfono. La política de Aduanas y Protección Fronteriza requiere que los agentes pongan los dispositivos en modo avión antes de buscar, para evitar acceder a datos en la nube. No es mala idea poner el teléfono en modo avión antes de viajar para entender qué se almacena en la nube y qué es local.

¿Qué pasa si se niega a dar su código de acceso a los oficiales o dice que no da su consentimiento para un registro? Las consecuencias difieren dependiendo de su estatus migratorio. Si usted es titular de una tarjeta verde o ciudadano, aún pueden tomar su teléfono. «No pueden obligarte a dar tu contraseña, pero pueden confiscar el teléfono y enviarlo a un laboratorio forense, donde podría permanecer durante semanas o meses mientras intentan entrar en él», dice Wessler. «Para los titulares de visas, es más complicado. Si te niegas a desbloquear tu teléfono, es posible que te nieguen la entrada, alegando que no estás cooperando en la evaluación de la admisibilidad». Y en el peor de los casos, podrían meterte en un centro de detención antes de enviarte a casa. CH

El secretario de Comercio de Trump tendría vínculos con El Salvador

El secretario de Comercio de la administración Trump, Howard Lutnick, y su familia han tenido amplios intereses comerciales vinculados a El Salvador, cuyo líder autoritario Nayib Bukele se ha acercado a la Casa Blanca y que ha generado controversia al encarcelar a personas deportadas de Estados Unidos en una agresiva ofensiva migratoria.

El Salvador también alberga una industria en auge de las criptomonedas y los nuevos medios, que tiene numerosos vínculos con los aliados de Donald Trump que buscan ganar dinero con varias empresas que a veces han llamado la atención de las autoridades o los organismos de control ético.

Las presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores y la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), junto con registros públicos en EUA y El Salvador, indican que Cantor Fitzgerald, la firma que Lutnick dirigió hasta hace semanas antes de entregarla a un equipo de gestión que incluía a dos de sus hijos, tiene una participación efectiva del 5% en la firma de criptomonedas Tether. CH

Nace la Fundación Arango Lara para las enfermedades raras

La Fundación Arango Lara, liderada por el escritor y filántropo Pelayo Arango Lara, inicia su actividad  en nuestro país con el objetivo de captar fondos y promover la investigación sobre enfermedades raras, así como dar visibilidad  y colaborar con otras organizaciones que tengan como enfoque mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades poco comunes o degenerativas. La entidad, tendrá su sede en Madrid y arrancará con dieciocho proyectos en tres continentes y presencia en nueve regiones españolas.

En España, los datos oficiales sobre enfermedades raras los proporciona el Registro Estatal de Enfermedades Raras (ReeR), dependiente de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

Según el último informe ReeR 2024, a 1 de enero de 2022 había registradas 47.364 personas vivas con alguna de las 29 enfermedades raras incluidas en el análisis, aunque este dato no abarca la totalidad de patologías consideradas raras en el país. De forma más general, se estima que alrededor del 4% de la población española podría verse afectada por alguna enfermedad rara a lo largo de su vida, lo que equivale a aproximadamente dos millones de personas.

Según FEDER ( Federación Española de Enfermedades Raras) en España existen retrasos significativos en el diagnóstico: más de la mitad de las familias esperan más de seis años para obtener un diagnóstico, y en algunos casos nunca llega.

Además, solo el 6% de las más de 6.400 enfermedades raras tienen opciones terapéuticas, y España ha incorporado menos medicamentos huérfanos que otros países europeos. La disponibilidad de tratamientos varía según la comunidad autónoma, generando inequidad entre pacientes según su lugar de residencia

En España la falta de financiación suficiente limita el desarrollo de nuevas terapias y la continuidad de programas de investigación específicos. Para la Fundación Arango Lara es fundamental reforzar la política de apoyo a la investigación y garantizar recursos para la actualización y despliegue de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras. La fundación tiene como objetivo financiar tratamientos médicos y apoyar a familias afectadas por este tipo de enfermedades. Entre sus primeras acciones destaca la organización de eventos benéficos tanto en España como en el extranjero, destinados a recaudar fondos para personas en riesgo de exclusión social, especialmente niños y adultos con enfermedades oncológicas, raras o degenerativas.

En línea con su política de transparencia, la Fundación Arango Lara publicará anualmente el desglose económico de todos sus proyectos, incluyendo las partidas destinadas a eventos solidarios, colaboraciones y ayudas directas a familias.

Pelayo Arango Lara, conocido por su trayectoria como escritor, coach y promotor de la “Filosofía del Dar”, aporta su experiencia en proyectos sociales y educativos. Ha impulsado iniciativas como “Ponte en mi lugar”, orientada al desarrollo personal de jóvenes con discapacidad intelectual. Su labor filantrópica ha sido reconocida en campañas solidarias y colaboraciones con ONGs nacionales e internacionales.

Según Pelayo Arango Lara “La verdadera transformación social comienza cuando somos capaces de dar sin esperar nada a cambio. Ese es el motor de esta fundación que tiene el objetivo de unir esfuerzos con otras organizaciones para mejorar la vida de quienes enfrentan este tipo de enfermedades.” CH

La justicia europea falla en contra de Von der Leyen por el Pfizergate

Ursula Von Der Leyen
Ursula Von Der Leyen

Fuerte varapalo para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El Tribunal General de la UE ha sentenciado en su contra por haberse negado a proporcionar al periódico New York Times los mensajes de texto intercambiados entre Von der Leyen y el entonces CEO del laboratorio Pfizer, Albert Bourla en 2021.

La Comisión Europea aseguraba que no estaba en posesión de estos mensajes, ya que la legislación comunitario no le obligaba a registrarlos. Según argumentó durante la vista de juicio, estos mensajes “hubieran sido registrados si hubieran contenido información que no fuese efímera o si pudieran haber implicado acción o seguimiento por parte de la Comisión”.

Sin embargo, el tribunal europeo desmonta estos argumentos. Primero, recuerda que “por regla general, todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público. No obstante, cuando, en respuesta a una solicitud de acceso, una institución afirma que un documento no existe, se presume la inexistencia de este, en virtud de la presunción de veracidad de que goza esa declaración”.

En este caso, la corte europea asegura que “a lo largo de todo el procedimiento, las respuestas proporcionadas por la Comisión en relación con los mensajes de texto solicitados se basan o bien en suposiciones, o bien en informaciones cambiantes o imprecisas. En cambio, la Sra. Stevi y The New York Times aportaron elementos pertinentes y concordantes que describen la existencia de intercambios —en particular en forma de mensajes de texto— entre la presidenta de la Comisión y el presidente y director ejecutivo de Pfizer”.

Por eso, el tribunal asegura que el Ejecutivo comunitario “no proporcionó una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión de los documentos solicitados”. Además, la corte incide en que “ la Comisión no aclaró suficientemente si los mensajes de texto solicitados se habían suprimido y, de ser así, si la supresión había sido voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de la presidenta había sido sustituido en ese intervalo de tiempo” ni tampoco “por qué consideró que los mensajes de texto intercambiados en el contexto de la compra de vacunas contra la COVID-19 no contenían información importante o que precisara de un seguimiento, cuya conservación debiera garantizarse”.

Durante la pandemia, la Comisión Europea impulsó un sistema de compra conjunta de vacunas entre los Veintisiete. Bruselas firmó contratos confidenciales con varios laboratorios, pero tuvo graves problemas con uno de ellos: AstraZeneca. Para suplir este agujero, decidió solicitar más dosis a Pfizer. Esto hizo que Von der Leyen, en medio de numerosas críticas por el bajo ritmo de vacunación europeo, decidiera hablar de manera directa con el CEO de la compañía para negociar estos contratos. Esta sentencia no es firme y, por lo tanto, puede ser recurrida por la Comisión Europea.

Aagesen descarta un ciberataque en Red Eléctrica como causa del apagón

El Gobierno ya ha descartado la teoría de que un ciberataque a los sistemas informáticos de Red Eléctrica de España (REE) fuera el causante del apagón que dejó a oscuras a toda la península ibérica el pasado 28 de abril. Así lo confirmó este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que por primera vez desde el incidente aseguró que el Ejecutivo no ha «hallado indicios» de un asalto informático al operador del sistema, aunque no descartó que ese ciberataque pudiera haberse producido en las empresas privadas productoras y distribuidoras de la energía.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar del papel del Gobierno durante aquel 28 de abril y de las pesquisas que, desde entonces, se han puesto en marcha para conocer las causas del apagón, Aagesen evitó referirse a la presidenta de la empresa semipública (el Estado controla un 20% de las acciones y el 80% está en manos privadas) Red Eléctrica, la exministra socialista Beatriz Corredor. Lo que sí aclaró es que la pérdida de generación eléctrica que acabó arrastrando a todo el sistema comenzó en tres plantas de Granada, Badajoz y Sevilla, si bien la vicepresidenta se mostró cauta y aseguró que aún es necesario «esclarecer hasta qué punto las dos oscilaciones» que el sistema registró una media hora antes del colapso «tuvieron algo que ver» con el mismo.

Previamente a su comparecencia, no obstante, Aagesen sí se había referido a Corredor. Lo hizo durante la sesión de control al Gobierno, cuando fue cuestionada por el apagón y respondió que la presidenta de Red Eléctrica fue elegida para su cargo con el apoyo de más del 98% de los accionistas de la compañía, lo que implica que, aunque fuera designada por el Estado, tuvo el beneplácito de los propietarios privados. «Insisto, la Sepi [la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el holding a través del cual el Estado gestiona sus acciones en empresas] tiene el 20% de Red Eléctrica, y el resto de los accionistas también apoyaron a esa presidenta», afirmó la ministra.

Las explicaciones de Aagesen no convencieron al PP, que por boca de su diputado Guillermo Mariscal pidió la dimisión de la titular de Transición Ecológica y la acusó de «negligencia». Mariscal hizo una cerrada defensa del papel de la energía nuclear y pidió la prórroga del calendario de cierre de las centrales, que está previsto que comience en 2027, para lo cual tildó la política energética del Gobierno de «suicida», «fundamentalista», «irracional» e «irresponsable». El diputado, además, justificó sus calificativos asegurando que la introducción «masiva» de energía renovable el día del apagón tuvo como objetivo registrar un nuevo «récord» de energía renovable que sirviera de «propaganda» para Pedro Sánchez.

Pese a que la preponderancia de ese tipo de centrales en el mix ha sido mayor en otras ocasiones sin que se hayan producido apagones, Mariscal aseguró que la «culpabilidad» de Aagesen es «evidente». «Tanto es así», dijo, que el día del apagón las fuentes de energía no renovable «suponían el 11% y el 72% eran renovables, mientras al día siguiente esos porcentajes eran del 42% y el 46%». «¿No estaba el sistema perfectamente garantizado? ¿Por qué se cambió? Porque las leyes de la física derrotaron al Gobierno, porque no les ha quedado más remedio que someterse a la realidad, y ahora quemar más gas, gas ruso, porque decidimos en 2022 enfrentarnos a Argelia», que era hasta entonces el principal suministrador de esta materia prima, espetó.

En la misma línea se expresó Vox, cuyo diputado José María Figaredo también culpó del apagón a las energías renovables y aseguró que la responsabilidad es del Gobierno. «Ya no es el dinero que ustedes roban, son los muertos que ustedes dejan por el camino», denunció Figaredo, que aseguró que el Ejecutivo «sabía» que existían riesgos de apagón y no los remedió. «¿Por qué quieren acabar con la agricultura? ¿Por qué quieren acabar con la industria? Es completamente incomprensible, y la única explicación es esa ideología sectaria que ustedes tienen, porque ustedes mienten de forma sistemática, nunca piensan en el bienestar de los españoles», espetó el dirigente de Vox.

Junts, como también hizo la formación ultraderechista, se refirió a los informes de Red Eléctrica que, en 2023 y 2024, alertaban de la posibilidad de un apagón. La parlamentaria Pilar Calvo recordó que el «mapa de riesgos» elaborado por el propio operador incluía «dos puntos que llaman la atención»: uno que alertaba de que «podría haber desconexiones de generación por la elevada penetración de renovables sin las capacidades técnicas necesarias» que puedan regular las «perturbaciones» del sistema, y otro que planteaba que «la pérdida de generación firme con el cierre de las nucleares podría generar un problema porque no hay baterías ni bombeo suficiente».

Por su parte, Sumar, EH Bildu y PNV se mostraron expresamente favorables a que se mantenga la inversión en renovables, pero también pidieron al Gobierno reforzar las medidas de seguridad para que la mayor inestabilidad de esa tecnología no redunde en nuevos apagones. «Demonizar ahora determinadas tecnologías y plantear soluciones simplistas sin tener más información no nos lleva más que a un debate estéril que sirve de poco», planteó la diputada peneuvista Idoia Sagastizabal, mientras el abertzale Mikel Otero insistió en que «tenemos que descarbonizar nuestros consumos» pero garantizando que «un escenario de fuerte generación fotovoltaica» esté preparado para «sujetar turbulencias» en el sistema.