El 8 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el fin de las golden visa. El Gobierno prometió que derogaría los permisos de residencias que se otorgan a los extranjeros no comunitarios que realizan grandes inversiones en el país (entre ellas, en inmobiliario) para acabar con algunos privilegios que contribuyen con la tensión del mercado de vivienda. Sin embargo, más de 100 días después, la medida no se ha oficializado y el socio Sumar ha urgido a Moncloa a poner fin a esta situación.
Los visados dorados se conceden a a cambio de una inversión inmobiliaria igual o superior a los 500.000 euros o de una aportación significativa de capital en deuda, fondos, acciones o depósitos en el país, aunque es la primera opción la elegida como vía de entrada más común (94% del total). Con el mercado de la vivienda disparado, Sánchez avanzó en los primeros compases de abril que la medida contribuiría a relajar la situación al devolver al mercado esa oferta que ahora adquirían los extranjeros ‘ricos’ pero, de momento, no se está aplicando; sólo se derogaron las ‘golden visa’ a los ciudadanos rusos tras estallar la guerra en Ucrania.
Son los ciudadanos chinos los que más se aprovechas de las ventajas de estos visados de residencia. De hecho, una oleada de carteles por distintos barrios en los que ‘inversores chinos buscan piso’ está proliferando en los últimos meses en distintos barrios de Madrid. Es en la capital, en Barcelona y en Málaga, donde más viviendas son compradas para conseguir la ‘golden visa’, tres de los mercados con mayor tensión entre oferta y demanda y, por tanto, donde se registran las mayores subidas de precios medios.
Con este panorama, y ante un mercado inmobiliario que no deja de reflejar su inestabilidad, diputado de Compromís integrado en Sumar y portavoz de Vivienda en ese partido, Alberto Ibáñez, ha instado al Gobierno a derogar «de forma urgente» estos visados de residencia a extranjeros, dispuestos a elevar los precios de venta, somo se puede leer en el anuncio de la imagen. La exigencia es «cumplir su palabra» cuanto antes porque el visado dorado «fomenta la especulación, incrementa el precio de la vivienda y tensiona las zonas», además de «discriminar según la capacidad económica».
El ejemplo a seguir para Sumar está en países de alrededor. Portugal, Irlanda o Grecia ya han tomado medidas «para terminar con esta práctica que incrementa la vulneración del derecho a la vivienda», mientras recuerda que la situación en España está «en un momento crítico» por las dificultades para acceder a una vivienda.
La urgencia en materia de vivienda la hace extensible a la ministra de la cartera, Isabel Rodríguez, porque debe cumplir de forma rápida» con los acuerdos en su ámbito de actuación para solucionar el problema, como el reciente anuncio para cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para que los vecinos puedan vetar pisos turísticos.
