El Parlamento Europeo ha acordado reforzar la cooperación entre Estados miembros para que las sanciones económicas por incumplimiento de la normativa de tráfico impuestas a europeos en un país distinto al suyo sean cobradas en el de origen.
Las autoridades europeas buscan con este aumento de las garantías transfronterizas luchar contra la conducción imprudente de ciudadanos europeos en el extranjero.
Afectará también a las infracciones de aparcamiento, los adelantamientos peligrosos, los adelantamientos con línea continua, el atropello y posterior fuga, además de los excesos de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o no detenerse en un semáforo en rojo.
La normativa, que ha sido aprobada por 570 votos a favor y solo 36 en contra, afectará solo a las multas que sean de un importe económico superior a los 70 euros y después de que no hayan sido pagadas, a pesar de que se hayan agotado todas las vías legales para reclamar el abono de la sanción de tráfico.
Esto pasa por mejorar y profundizar en los procesos de asistencia entre los países de la Unión y el establecimiento de una obligación legal de que los Veintisiete colaboren entre sí para encontrar al infractor y hacerle pagar la penalización.
Las nuevas reglas establecen un plazo más estricto de un máximo de dos meses para responder a las solicitudes de asistencia de los países en que se ha producido el delito vial. Previamente, el país europeo donde se produjo la infracción de tráfico tendrá once meses a partir de la fecha de la infracción para emitir un aviso de infracción de tráfico que llegará al de residencia del autor.
Además de exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o no detenerse en un semáforo en rojo, los legisladores de la UE añadieron infracciones de estacionamiento y adelantamiento peligrosos, cruce de una línea continua y atropello y fuga, entre otras infracciones.
Las estadísticas europeas en este sentido recogidas por EP certifican que alrededor del 40% de las multas por infracciones ena la norma de conducción que se imponen a extranjeros en suelo europeo acaban quedando impunes y nunca se llegan a cobrar por la administración competente.
La nueva norma tendrá que ser aprobada formalmente como último paso por el Consejo para entrar en vigor. Los países de la UE tendrán, entonces, un margen de 30 meses para transponer las nuevas disposiciones a la legislación nacional y preparar su aplicación.
