Que el expresidente norteamericano Donald Trump esté acusado de violar siete leyes federales, y se enfrente a 37 cargos separados es sin duda la noticia de mayor relevancia política en Estados Unidos. Es la primera vez que ello sucede cuando, además, el encausado aspira a reocupar la Casa Blanca.
Apenas se conocieron los cargos que el fiscal especial, Jack Smith, imputa a Trump que éste volvió a dispararse en las encuestas entre la abigarrada multitud de candidatos del Partido Republicano a las elecciones primarias. Trump acumula casi el 50% de las intenciones de voto, o sea más que todos sus demás rivales juntos, incluidos el que fuera su vicepresidente, Mike Pence (5%), y el actual gobernador de Florida, Ron de Santis (12%).
En el Partido Demócrata se esfuerzan por recordar a la opinión pública que nadie está por encima de la ley, al tiempo que desde el entorno del presidente Joe Biden se desmiente categóricamente que se hayan dado instrucciones a la Justicia en relación con Trump.
Este ha acentuado su habitual victimismo, se declara objeto de una persecución implacable para apartarle de la carrera a la Presidencia, y acusa a su vez al actual inquilino de la Casa Blanca de tener en su poder, esparcidos en diversos lugares, documentos reservados tan clasificados de alto secreto como los suyos.
Conviene aclarar que la Ley de Espionaje, en su capítulo relativo a la retención no autorizada de información de la Defensa Nacional, se definen exhaustivamente todos los documentos que no pueden estar en poder de persona no autorizada. En el caso de Trump, y una vez que volvió a su condición de ciudadano normal tras abandonar la Casa Blanca, tales documentos han de ser entregados a los Archivos Nacionales, sean escrituras, libros de códigos, libros de señales, croquis, fotografías o negativos fotográficos, planos, mapas, modelos, instrumentos, aparatos, notas o informaciones relativas a la defensa nacional, “cuya información el poseedor tiene razones para creer que podría usarse en perjuicio de Estados Unidos o en beneficio de cualquier nación extranjera”.
No se presupone, pues, en dicha ley una hipotética intención de manejar esa información con fines espurios, y mucho menos el de facilitarlos a una potencia enemiga, el mero hecho de tenerlo en un lugar no autorizado es condición suficiente para que un tribunal pueda dictar condena. El hallazgo de las numerosas cajas con estos documentos secretos y ultrasecretos en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, unido a los inatendidos requerimientos del FBI para que los pusiera a disposición de los Archivos Nacionales, facilitan un acta de acusación de enorme gravedad, más aún cuando el equipo del fiscal Smith asegura que Trump, y su ayudante personal y eterno hombre de confianza, Walt Nauta, también imputado, trataron de ocultar tales documentos a los investigadores federales.
La comparecencia de Trump ante un tribunal de Miami, fijada para el martes 13 de junio, comenzará a perfilar los contornos del caso, que de una u otra forma van a incidir en esa larga campaña electoral. A partir de ahí, tanto los candidatos como el propio Partido Republicano habrán de tomar posición ante la posibilidad de que un Trump juzgado y presumiblemente condenado vuelva a convertirse en el hombre más poderoso de Estados Unidos y líder del mundo, al menos el occidental.
Es una posibilidad inédita pero que la Constitución norteamericana no prohíbe, la de que un ciudadano en sus circunstancias, incluso condenado pero elegido por la mayoría de sus conciudadanos, se convierta en el primer magistrado de la nación.
Esta situación es tanto más insólita cuanto que el ala más extremista del Partido Republicano ni ha sido desactivada ni sus numerosos partidarios entre la ciudadanía han dado muestras de difuminarse. Cierto es que la Justicia sigue su curso y ya han caído las primeras condenas por el asalto al Capitolio, acción en la que el impulso de Trump parece que fue evidente. El resultado es que el país no solo está dividido sino profundamente fracturado, y este episodio puede contribuir a ensanchar aún más la brecha que lo separa. Vía Atalayar.
